¿Deberían los europeos derrocar a su "clase dominante"?

Derrocar por la fuerza a un gobierno elegido no es una opción legítima en democracias donde hay elecciones, tribunales y prensa, por insatisfactorias que estas resulten. Lo que la discusión señala es una queja con sustancia: decisiones de rearme y preparativos de guerra que se toman sin que nadie las haya votado.

Hay preguntas que durante décadas se formulaban en voz baja y que ahora se escriben con mayúsculas. Una de ellas es si los europeos deberían derrocar a lo que un análisis firmado por JB Shurk y publicado en American Thinker llama su «clase dominante». Formulada así, suena a consigna de barricada. Debajo hay algo que sí se puede examinar sin gritar: un continente que lleva desde febrero de 2022 hablando de guerra, gobiernos que suben el gasto militar y ciudadanos a los que se pide prepararse para un conflicto que nadie votó.

La tesis de ese texto es que las élites europeas agitan el fantasma ruso cuando les conviene electoralmente y que, llegado el caso, estarían dispuestas a sacrificar a la población en una guerra que consideran evitable. Eso es una opinión, y como opinión conviene etiquetarla. Los datos que la rodean se comprueban uno a uno, y algunos son bastante incómodos.

El rearme europeo deja de ser una hipótesis

El 18 de marzo de 2025, el Bundestag aprobó una reforma constitucional que saca del freno de deuda todo el gasto en defensa que supere el 1% del PIB. Traducido: Alemania puede endeudarse para armarse sin las trabas que se impuso a sí misma durante décadas. Tres meses después, en la cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados de la OTAN acordaron elevar el objetivo de gasto militar al 5% del PIB para 2035, con un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% destinado a infraestructuras. No es retórica de temporada: son compromisos presupuestarios con fecha.

El análisis sostiene que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró ante el Bundestag que la guerra es inminente, y que el canciller Friedrich Merz admitió que Alemania «ya está en conflicto con Rusia» tras sortear los límites legales al gasto en defensa. Atribuye también a Emmanuel Macron haber transmitido a líderes políticos que la guerra con Rusia ya ha comenzado. Son afirmaciones de terceros: se cuentan como lo que son, afirmaciones, no como hechos probados en un tribunal.

Lo que sí está documentado es el movimiento general. Finlandia entró en la OTAN en abril de 2023 y Suecia en marzo de 2024. Dinamarca amplió el servicio militar y lo extendió a las mujeres a partir de 2026. Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia amplían sus fuerzas armadas y sus planes de reclutamiento. En el Reino Unido, según ese mismo texto, se revisan manuales de guerra, se organizan simulacros de defensa civil y se estudia movilizar a militares retirados de hasta 65 años. Y en una sola semana, los diez diarios británicos de mayor tirada publicaron más de 250 artículos sobre la probabilidad de un conflicto con Rusia.

El calendario electoral marca el tono del discurso

El 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 24 de noviembre. La decisión se apoyó en documentos desclasificados sobre injerencia extranjera. El análisis califica esas acusaciones de infundadas; es una valoración discutida, no un hecho establecido, y así debe leerse.

Algo parecido ocurrió con el dron hallado el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle. Llevaba un artefacto explosivo, no causó daños y estuvo horas sin ser detectado. Cinco días antes de una cita electoral en Sajonia-Anhalt, Berlín atribuyó el aparato a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y varios dirigentes nacionales cerraron filas con Alemania y hablaron de «guerra híbrida» en territorio comunitario. El texto sostiene que no se presentaron pruebas públicas de esa autoría y que el anuncio buscaba frenar a Alternativa para Alemania antes de los comicios.

El patrón que describe ese análisis —acusaciones de injerencia rusa, sabotaje o ataque inminente colocadas en la semana previa a votar— se repite, según el autor, en Polonia, Hungría y Moldavia, con los partidos de oposición retratados como cómplices de Moscú. Que un gobierno use la seguridad nacional como arma electoral es una acusación grave y requiere pruebas. Que los calendarios electorales y los anuncios sobre Rusia bailen al mismo son, en cambio, algo que cualquiera puede comprobar mirando fechas.

Provisiones para 72 horas y planes de reclutamiento

En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión. El documento pide a los Estados y a los hogares tener reservas básicas de agua, alimentos y medicinas para al menos 72 horas. La recomendación va dirigida a los 450 millones de ciudadanos de la Unión, y la comisaria responsable, Hadja Lahbib, la ha repetido en público más de una vez. Que un organismo civil te diga que guardes agua en casa no es una declaración de guerra, pero tampoco es un mensaje tranquilizador para quien lo lee un domingo por la tarde.

En paralelo, el exministro británico Jacob Rees-Mogg declaró que en los próximos años podría haber una guerra y que la gente tendría que estar dispuesta a morir para salvar su país, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El exjefe del MI6 Richard Dearlove advirtió de que la obsesión oficial con la energía verde ha dejado al país mal preparado frente a sus enemigos. Y ese mismo análisis afirma que, en los últimos cinco años, el Estado británico ha detenido a casi 65.000 personas por delitos relacionados con declaraciones, mientras reducía recursos para otras cosas.

Ahí está el nudo del malestar. A un ciudadano se le pide que se prepare para morir por un país, y al mismo tiempo se le pide que pague facturas que no puede permitirse, en un Estado del que a menudo no se siente parte. No hace falta compartir la conclusión del texto para reconocer que esa mezcla genera una desafección que ningún folleto institucional arregla.

La pregunta de fondo: votar o derrocar

En una democracia con elecciones periódicas, tribunales que se pronuncian y prensa que publica, la vía del derrocamiento violento no es una opción política: es un delito y, además, suele terminar en algo peor que lo que pretendía sustituir. La historia europea del siglo XX está llena de intentos así y el balance no invita al optimismo.

Otra cosa es el fondo de la queja. Cuando decisiones que afectan a la vida y a la muerte de millones de personas —cuánto se gasta en armas, quién va al frente, hasta cuándo se sostiene un conflicto— se adoptan sin un debate público serio y sin que ninguna formación haya presentado ese paquete en su programa, la desconfianza no es un capricho. Es una respuesta razonable a un déficit de representación.

La pregunta «¿deberían derrocar a su clase dirigente?» tiene, por tanto, una respuesta mala y otra buena. La mala es la literal: sustituir el voto por la fuerza. La buena es la exigente: derrocar políticas concretas con las herramientas que ya existen —urnas, tribunales, prensa, presión organizada— y exigir que quien manda en Bruselas, Berlín o Londres rinda cuentas de cada euro y de cada soldado que dice necesitar. Y conviene recordar que cualquier acción en este terreno, incluida la desobediencia, tiene consecuencias legales: si alguien se plantea ir más allá del voto, que consulte antes con un abogado.