Cuatro funcionarias condenadas a prisión por mobbing laboral

Cuatro técnicas del Hospital Sierrallana, condenadas por coacciones​

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana, en Torrelavega (Cantabria), funcionó durante casi una década como algo parecido a un campo de batalla. Cuatro trabajadoras de ese servicio han visto confirmada su condena por coacciones a varios compañeros: la Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado «íntegramente» el recurso que presentaron contra la resolución del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander. El caso, aireado en prensa autonómica y nacional, devuelve al primer plano un asunto que la Administración prefiere tratar como ruido de pasillo.

Qué resolvió el juzgado y qué ha ratificado la Audiencia​

Los hechos que analiza la sentencia se extienden entre 2011 y 2019. En ese periodo, según el fallo, las cuatro empleadas —descritas en la información difundida como amigas íntimas— formaron «un grupo de presión y de poder» sobre el resto de personas del servicio. No fueron roces de escalera: el tribunal apreció coacciones, y se trata de una pena de cárcel, aunque algunas voces del foro hablan de un castigo en torno a los cinco años de prisión, extremo que el material disponible no confirma. La defensa recurrió. La sección tercera de la Audiencia no le dio ni una parcela de razón.

El móvil: apartar a la competencia para quedarse con la plaza​

La clave que más se repite al analizar el asunto es la condición administrativa de las condenadas: según varios participantes en el debate, eran funcionarias interinas, personal eventual que ocupa una plaza sin haber superado la oposición con nota suficiente para consolidarla. En ese escenario, una de las lecturas más repetidas en el hilo sostiene que el acoso no era crueldad gratuita sino herramienta: erosionar a los rivales —sobre todo a quienes podían pelear por el mismo destino— hasta que abandonaran. El trasfondo sería económico aunque parezca mezquino, porque de esa plaza come una familia. Un usuario asegura además que en Cantabria se ha hablado en los últimos tiempos de regularizar la interinidad para recortar su peso en la función pública, lo que añadiría presión a cualquier servicio con vacantes en juego.

¿Por qué el acoso laboral campa a sus anchas en la sanidad pública?​

Según un participante que dice basarse en estudios, la administración concentra más casos de acoso que el sector privado y la sanidad está a la cabeza. El mecanismo se describe con precisión de laboratorio. Llega personal nuevo, hay que enseñarle el manejo de una maquinaria que solo el veterano controla, y parte de los veteranos se niega. Cuando el trabajo ya no sale sin esa ayuda, el recién llegado se convierte en el eslabón que hay que romper. La asimetría es total: quien tiene el conocimiento tiene el poder, y el acosador suele ser, en esa descripción, un psicópata integrado que no levanta la voz en público.

Por qué estos casos tardan años en llegar al banquillo​

Otra queja transversal es la lentitud judicial. Las conductas arrancan en 2011 y la respuesta firme llega más de una década después. A ese ritmo, la condena pierde casi todo su efecto disuasorio. Y sobrevuela una crítica recurrente hacia las jefaturas: la supervisión de un servicio no es una función decorativa, pero los responsables aparecen poco o nada en el relato del tribunal. Lo mismo que ocurre en un colegio cuando el profesorado ve lo que pasa y deja hacer.

El móvil como prueba y la letra pequeña del fallo​

Hay un detalle que conviene subrayar. El caso llegó tan lejos porque el acoso quedó documentado: mensajes de teléfono, registros, testimonios. Una parte de las lecturas insiste en que la condena no se apoya en una frase desagradable suelta, sino en la persistencia y en el contexto. Eso explica también el escepticismo de quien considera desproporcionada una pena de cárcel para algo que, en su opinión, se habría resuelto con un expediente disciplinario y un cambio de destino.

El otro frente abierto en Avilés​

El asunto no es un caso aislado, y su sombra se proyecta sobre otros juzgados. En Avilés está pendiente el juicio contra el exalcalde de Valdés Simón Guardado, una exconcejal y tres trabajadoras sociales, denunciados por un educador social por las supuestas trabas que le pusieron para desempeñar sus funciones, entre ellas las del Programa de Familia, Infancia y Adolescencia. La Fiscalía pide pena. La coincidencia de perfiles institucionales dibuja, para algunos intervinientes, un problema de sistema, no de unos cuantos compañeros tóxicos.

Con la sentencia ya ratificada y el foco puesto en los juzgados cántabros, queda un cabo que ningún documento cierra: por qué cuatro personas con empleo estable, convenio decente y la amenaza de una sanción sobre la cabeza decidieron que la mejor forma de asegurar su sitio era destruir el de otro. El fallo condena el hecho. El motivo profundo sigue sin sentencia.