Cantabria prohíbe ya coches con etiqueta B: primera región que lo hace

Cantabria prohíbe los coches con etiqueta B: primera comunidad en dar el paso​

Cantabria se convierte en la primera comunidad autónoma española en prohibir definitivamente la circulación de turismos y furgonetas con etiqueta ambiental B de la DGT en sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 1 de enero de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, afecta únicamente a Santander y Torrelavega, las dos únicas localidades con ZBE declaradas en la región. Las multas arrancan en 200 euros y ya hay cámaras preparadas para sancionar, pero la decisión ha abierto un debate sobre la verdadera eficacia de estas restricciones en una zona donde la calidad del aire es, de partida, buena.

¿Medida ecológica o castigo al bolsillo?​

Los defensores de la prohibición señalan que reducir el tráfico de vehículos más antiguos mejora la calidad del aire y cumple con las exigencias europeas. Sin embargo, la oposición mayoritaria sostiene que se trata de una medida clasista: los coches con etiqueta B suelen ser modelos diésel de entre 10 y 15 años, comprados en su día como opción económica o ecológica —recordemos que el diésel se promocionó como menos contaminante—. Muchos propietarios argumentan que sus vehículos están en perfecto estado y que no pueden permitirse cambiarlos. “Vamos a un mundo para ricos”, resumen varios análisis, mientras otros advierten que la prohibición es el primer paso hacia la eliminación total de vehículos de combustión, incluso en zonas rurales.

El caso de los diésel de 2012: el coche “nuevo” que ya es viejo para la ley​

Un ejemplo recurrente en la discusión es el del coche diésel matriculado en 2012, etiqueta B, con 270.000 kilómetros y sin una sola avería grave. Su dueño invirtió 32.000 euros en su día y ahora se enfrenta a no poder circular por las ZBE de su propia ciudad. La paradoja no escapa a nadie: mientras se prohíben estos vehículos, se permite la entrada de furgonetas camperizadas modernas —con lavadora incorporada— que, según los críticos, generan un impacto urbanístico mayor. La medida no afecta a los coches sin etiqueta (los más viejos) que ya tenían restricciones, pero sí golpea a una franja amplia de ciudadanos que compraron su coche en la última década.

¿Un problema real o importado?​

Cantabria goza de una calidad del aire envidiable comparada con Madrid o Barcelona. Los datos de contaminación no justifican, según los críticos, una restricción tan drástica. El mapa de incidencia de cáncer de pulmón en España muestra que las tasas más altas se dan en zonas industriales del norte, pero no necesariamente en Santander o Torrelavega. La pregunta que queda en el aire es si esta medida responde a una necesidad local real o a una imposición europea aplicada sin matices. Algunos apuntan que los políticos cántabros quieren parecer más verdes que los de Madrid, pero el coste lo pagan los conductores con menos recursos.

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La decisión de Cantabria marca un precedente. Otras comunidades miran con atención, mientras los afectados se plantean el boicot turístico a la región. Lo que parece claro es que el debate sobre las ZBE y la movilidad sostenible está lejos de cerrarse, y que el factor económico pesa tanto como el medioambiental.

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