Corrupción en distintos sectores: ¿quién os genera más desconfianza?

Un foro debate sobre los gremios más criticados: funcionarios y políticos​

Un listado con ocho categorías profesionales —políticos, jueces, periodistas, policías, médicos, enfermeras, profesores y funcionarios— y una pregunta incómoda: ¿cuál de ellas concentra más rechazo social? La respuesta que emerge de forma casi unánime en el análisis no es la que muchos esperarían. No son los políticos. Son los funcionarios, el cajón donde caben casi todos los demás. La discusión, que se prolonga durante más de dos años, arranca con una lista aparentemente inocente y termina convertida en un ajuste de cuentas con el Estado, sus empleados y quienes los sostienen con sus impuestos.

Qué profesiones generan más rechazo y por qué​

El punto de partida es engañoso: una enumeración sin orden. Enseguida se rompe el consenso. Hay quien sostiene que los funcionarios engloban a todos los demás, incluidos los periodistas, porque al final dependen del erario público a través de subvenciones, contratos o nóminas. Bajo esa lógica, la lista se reduce a una sola categoría. Otros discrepan y colocan a los políticos en el primer puesto, con un argumento que se repite: controlan todos los poderes del Estado y el resto de gremios actúan como correas de transmisión.

La discusión se encona cuando entran los jueces. Una parte del análisis los sitúa por delante de los políticos, con la tesis de que sin su complicidad la corrupción política no prosperaría. La experiencia personal se cuela en el argumento: hay quien afirma haber sufrido de cerca la combinación de daño y corrupción judicial, y lo califica de incomparable. Frente a eso, otra corriente responde que no hay jueces corruptos sin políticos que lo consientan.

Los médicos y enfermeras, ¿fuera de la lista?​

Uno de los momentos más tensos llega con la sanidad. Alguien pide expresamente que médicos y enfermeras queden fuera del ranking. La respuesta es tajante: de la mía no. Y ahí se abre una grieta que recorre todo el análisis. Para unos, el personal sanitario es víctima de protocolos que no controla. Para otros, es el eslabón que aplica decisiones dañinas sin cuestionarlas. La mención a la gestión sanitaria de la pandemia aparece como argumento recurrente, con reproches explícitos a su papel durante aquellos meses.

Los profesores ocupan un lugar propio en la discusión. Una intervención los define como el gremio que causa mayor daño social, con la tesis de que esclavizan a los chavales en la mejor época de su vida. La acusación no queda sin respuesta: hay quien recuerda que son funcionarios y que su margen de actuación lo fija la ley. La disputa sobre si el docente es verdugo o ejecutor de un sistema vuelve una y otra vez.

El papel de los periodistas y el cuarto poder​

La categoría de periodistas se cuela en casi todas las combinaciones. El argumento más repetido es que se venden al mejor postor y que su capacidad de manipulación supera a la de otros gremios. Hay quien los coloca por delante de los jueces en daño social. La crítica se extiende a los medios subvencionados, que cobran del erario a través de empresas periodísticas con ayudas públicas. La conclusión que se repite: si se cuenta a los funcionarios, los periodistas ya están dentro.

La lista se amplía por iniciativa propia. Aparecen los sindicatos, los fiscales, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, los expertos en marketing y hasta los banqueros. La categoría de funcionarios se convierte en el cajón de sastre donde cabe casi todo. La pregunta de fondo es si el problema es el gremio o el sistema que lo sostiene.

El votante como responsable último​

La discusión da un giro cuando se señala al votante. Una intervención lo formula sin rodeos: lo realmente perverso es el populacho que permite las tropelías. Otra va más allá y sostiene que los políticos no tienen la culpa de ser como son, porque son el reflejo de la sociedad que los vota. La responsabilidad se desplaza del cargo al ciudadano. Es el argumento que más incomoda y el que menos se rebate.

La conversación deriva en enfrentamientos personales, con descalificaciones que van y vienen. La lista inicial queda olvidada. El análisis se convierte en un ajuste de cuentas con el Estado, sus empleados y quienes los votan. La conclusión que emerge, sin consenso, es que el problema no es un gremio concreto, sino la estructura que los conecta.

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El dato que descoloca: en más de dos años de discusión, nadie ha propuesto eliminar la lista. Solo reordenarla.