¿Ha privatizado Yolanda Díaz el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)? La respuesta corta es no. La larga es más interesante: el 10 de agosto de 2026, OK Diario publicó que el Ministerio de Trabajo había sacado a licitación un contrato de “servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo” por un valor estimado superior a 5 millones de euros, con un equipo mínimo de 11 personas. El titular corría solo: “Díaz privatiza el SEPE”. Pero cualquiera que se tomara la molestia de mirar el BOE encontró otra cosa. La comprobación del Boletín Oficial del Estado desmonta la tesis.
Lo que dice el BOE
El expediente BOE-B-2026-26663, publicado el mismo día, no es una privatización del SEPE: es un contrato formalizado con Oracle, por 2,3 millones de euros, para el soporte y mantenimiento de licencias de bases de datos del Ministerio de Trabajo y de la Inspección de Trabajo. Nada de consultoras gestionando prestaciones por desempleo. El funcionamiento real del organismo explica por qué el bulo acabó calando: el SEPE ya está externalizado de facto desde hace años, con ETTs, subcontratas informáticas y programas de orientación gestionados por organizaciones afines.
El contexto: un organismo al borde del colapso
Al margen del contrato con Oracle, el SEPE atraviesa una crisis interna que alimenta cualquier rumor. Un funcionario de la oficina de Mérida fue expedientado por atender a ciudadanos sin cita previa, con una posible sanción de hasta seis meses de empleo y sueldo. El contrato filtrado exigía un período de adaptación de dos meses “sin coste adicional”, lo que algunos interpretaron como clases a los funcionarios. El contraste es sangrante: por un lado se castiga atender al público; por otro, se pagan 5 millones a una empresa privada para que enseñe a hacer su trabajo a quienes no pueden ni coger una llamada sin orden.
La ironía es que la noticia, siendo falsa, resultó creíble. El prestigio del SEPE está tan por los suelos que cualquier historia de privatización se la traga hasta el más escéptico. Pero los hechos son tozudos: el BOE no miente. Y el resto es humo.
A la velocidad que corren los titulares, al final la ministra había privatizado hasta el abrecartas. La realidad, aburrida, dice que solo se renovaron unas licencias. Con estos mimbres, el próximo bulo no tardará: con un organismo así, hasta un reloj parado acierta dos veces al día.