Construir más viviendas no arreglará el problema si se siguen metiendo manadas y manadas de extranjeros

Hay dos diagnósticos en pugna. Uno pide más oferta de vivienda para bajar precios; el otro sostiene que eso no funciona si la población sigue creciendo y pide tocar la demanda migratoria.

La receta de la oferta: construir para que baje el precio

El argumento liberal clásico es sencillo: si hay más viviendas disponibles que gente buscándolas, el precio baja. Se construyen cientos de miles y aumenta la oferta. Es la receta que suele pedirse en el sector.

El problema es que la construcción necesita trabajadores. Y esos trabajadores, vengan de donde vengan, necesitan vivir en algún sitio. Si se importan cuadrillas enteras para levantar los edificios, esas mismas personas suman demanda de vivienda en el mismo mercado que se quiere abaratar.

Durante el boom inmobiliario, España llegó a iniciar más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas. Los precios siguieron subiendo.

Cuando la demanda crece más rápido que la oferta

Otro enfoque pone el foco en quién demanda. España tenía 40 millones de habitantes en 1998 y supera los 48,6 millones en 2025, según el INE. Un argumento que circula sostiene que en torno al 90% de esas entradas vienen de América, no de África. Es una cifra en disputa, no un dato oficial citado.

Sobre esa base, hay quien propone reducir la demanda migratoria: deportar a quienes no tengan contrato de trabajo, retirar la nacionalidad a quien no tenga progenitor español nacido en España, prohibir contratar extranjeros si hay parados españoles inscritos —como se hace en Suiza y Andorra— y restringir los visados de turista desde Sudamérica y África.

Lo que costaría tocar la demanda

Una retirada retroactiva de la nacionalidad exigiría reformar la Constitución, algo que ningún partido con representación parlamentaria ha planteado en serio. Reducir permisos de trabajo bajaría el gasto social, pero también la recaudación si esas personas ya estaban empleadas.

Quien defiende ese camino sostiene que subirían los salarios al desaparecer la competencia de mano de obra barata. Quien lo rechaza avisa de un golpe directo a sectores como la construcción, la hostelería o el campo. El asunto toca dinero y derecho: conviene consultar fuentes oficiales antes de sacar conclusiones.