Con Franco te podías comprar una casa con el 18,5% del SMI

Cuatro millones de pisos sociales y una letra de 330 pesetas​

Cuatro millones de viviendas sociales en catorce años. Una letra de 330 pesetas al mes. La cifra circula como un misil contra cualquier diagnóstico del presente: si en 1963 se accedía a un piso con un crédito del 80% a medio siglo y sin intereses, el problema de la vivienda no es de recursos, sino de quién manda. La tesis que resume ese argumento tiene, como casi todo, más aristas que un folleto.

Entre 1961 y 1975 el Estado levantó, según la cifra que se repite, más de cuatro millones de viviendas sociales, la mayoría pagadas por sus ocupantes en ocho o diez años. La comparación con el mercado libre es inevitable y, precisamente por eso, conviene mirarla de cerca antes de convertirla en dogma.

Qué cubría el crédito del 80% a 50 años sin intereses​

El caso que sostiene la comparación es un crédito de 1963: 80% del precio total, amortizable a 50 años, sin intereses y 330 pesetas mensuales. Ahí empiezan los matices. Una parte de quienes han mirado el documento sostiene que un anticipo es lo que se paga por adelantado, no lo que se financia; si el 80% va a crédito, el comprador tendría que cubrir a tocateja el 20% restante, y de ese tramo no queda constancia clara en el anuncio.

La mecánica de pago era otra cosa. Las hipotecas bancarias tal como se conocen hoy eran residuales: se compraba con letras de cambio giradas a la constructora, un compromiso personal más que un producto financiero. Quien firmaba una letra a tipo fijo se ataba a una cuota que no bajaba nunca, ni con la inflación ni con las subidas de sueldo. Hay quien atribuye la generalización de la hipoteca moderna a la reforma financiera de los años ochenta.

¿Eran malas las viviendas sociales que se construyeron con Franco?​

Malas para el estándar de hoy, sin discusión. Los testimonios de quienes crecieron en ellas describen pasillos donde una bicicleta no gira, tabiques sin cámara de aire, superficies mínimas y calidades de mínimos. Sin ascensor en la mayoría de los bloques, aunque eso no era una rareza española: en los sesenta y setenta buena parte de la edificación europea de altura media se levantaba igual.

El dato que descoloca es el otro: esas mismas promociones llevan sesenta o setenta años en pie y se siguen vendiendo sin problema. Hay quien posee un piso de la época cerca del centro de una capital y lo tasa en 180.000 euros, con estructura original y reformas de aislamiento y ventanas por encima. La crítica a la vivienda social se topa siempre con esa pared: no eran buenas, pero seguían ahí cuando el mercado libre no ofrecía nada.

La vivienda libre se pagaba a otro precio​

Aquí el contraste es más duro. Frente al crédito social sin intereses, hay quien cifra los préstamos de vivienda libre en torno al 40% de interés anual. La cifra no viene con desglose y conviene tratarla como lo que es: un orden de magnitud que circula, no un tipo oficial certificado. Pero la dirección del argumento se sostiene: el acceso a la vivienda protegida era una excepción dentro de un mercado caro y con financiación escasa.

Del piso barato al piso revendido a precio de mercado​

La crítica que mejor ha envejecido no va contra el franquismo, sino contra lo que vino después. Buena parte de aquel parque protegido acabó en manos privadas y se revendió a precio de mercado, sin devolver el beneficio a la bolsa pública. Quien compró a precio irrisorio vendió décadas después al valor de la zona. La conclusión que sacan algunos es incómoda: el error no fue construir vivienda social, sino dejar de considerarla un bien público y convertirla en un activo.

La otra pata es la regulación del alquiler. Sin renta antigua que desincentive el acaparamiento y sin cortafuegos a la inversión extranjera, dicen, no hay política de vivienda que aguante. Que esa receta la defendiera entonces un régimen autoritario no la vuelve falsa por sí sola.

Impuestos, efectivo y casas levantadas sin proyecto​

Un detalle que se cuela en casi todas las comparaciones: la presión fiscal real. La vivienda se compraba con dinero en efectivo, sin declarar, y buena parte de las operaciones no pasaba por el fisco. En ciertos suelos se podía levantar una casa sin proyecto de arquitecto, sin licencia y sin rendir cuentas a nadie. Ninguna de esas facilidades era un derecho: era el resultado de una administración débil y de un aparato recaudatorio que no cubría ni de lejos lo que cubre hoy. Lo barato de entonces se pagaba también con eso.

Los dos millones que se marcharon y el censo que nadie cuadra​

El argumento tiene su réplica más obvia: si se vivía tan bien, ¿por qué emigraron unos dos millones de españoles mientras la población del país crecía en más de catorce millones de personas? Se emigra cuando el salario de casa no llega, y el de los sesenta no llegaba.

Lo que ha escalado el foco es el censo. De los españoles inscritos en consulados, el 70% nació fuera de España y el 30% nació aquí, según los datos que se manejan. De ahí se deduce poco: nacer en el extranjero no implica haber llegado a España y haberse ido después; los hijos de emigrantes españoles también se inscriben. Los flujos anuales de salida, en la serie más citada, oscilan entre 350.000 y 450.000 personas, con un 30% de universitarios y un 20% de estudios post-secundarios. Cuántos de ellos son autóctonos sin vínculo migratorio previo sigue sin despejarse.

Y queda la pregunta que descoloca: si el acceso a la vivienda era tan superior entonces, ¿por qué la comparación con Alfonso XIII y las colonias de casas baratas de 1921 —adosados que, según algunos cálculos, hoy rozan el millón en Madrid— sale casi siempre a favor del pasado?