¿Como habría sido conectarse a internet en el franquismo si hubiera existido?

Internet en el franquismo: una intranet cerrada y con censura previa​

Si España hubiera tenido red bajo el franquismo, no habría sido internet. Habría sido una intranet al estilo de la que funciona en Corea del Norte: solo se podría entrar donde el gobierno quisiera, con webs, redes sociales y aplicaciones capadas, y con la VPN como única puerta trasera. Ese es el punto de partida de un ejercicio de historia contrafactual que ha reunido 131 respuestas y que, en el fondo, habla menos de Franco que de cómo se controla la tecnología cuando el poder la necesita.

El consenso más repetido es que el modelo no habría sido la censura explícita, sino la incompatibilidad técnica y el precio. Se recuerda el caso del Minitel francés, un pre-internet con interfaz de teletexto que funcionó durante años y que, según se sostiene, pudo retrasar la adopción de la web en Francia. En España, la versión habría sido «mucho menos extendida y ridículamente encarecida y burocratizada», centralizada y cerrada al exterior no por prohibición expresa, sino por protocolos incompatibles.

El teléfono como impuesto encubierto​

Antes de la red estaba el cable. El teléfono en 1975 era un lujo que mucha gente no podía permitirse y que fallaba constantemente. En una clase de 40 niños se recuerdan tres o cuatro sin teléfono en casa. En pueblos de varios miles de habitantes había tres aparatos: el del bar, el de la farmacia y el de la Guardia Civil. La instalación en 1990 costaba 20.000 pesetas, unos 600 euros actuales, y exigía influencias para que la hicieran pronto.

El negocio era redondo para el Estado. En un país con una estructura fiscal rudimentaria, el teléfono funcionaba como un impuesto eficaz y encubierto sobre los autónomos, que lo necesitaban y pagaban tarifas altísimas, y como un privilegio para los posicionados del régimen, que solían tenerlo gratis «por necesidades del servicio». Todo ese dinero alimentaba un monopolio público elefantiásico y lleno de chupones. Tener teléfono daba un estatus tremendo: en 1950, en un edificio de pisos, solo lo tenían el policía, el procurador y el médico.

Censura previa y capas que no se ven​

El control de contenidos habría seguido el modelo analógico. Los medios digitales tendrían que pasar por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, la censura de toda la vida, y algunos discos habrían visto canciones capadas en las plataformas, como ocurría con las ediciones españolas de vinilos a las que se les quitaba un tema. Habría habido un WhatsApp estatal, un buscador oficial que filtraría el porno más buscado pero no las teorías conspirativas ni el Manifiesto Comunista, y una red TOR que ni se olerían.

La parte más interesante del ejercicio es la que no se ve. Se apunta que la censura obvia es la que se nota, pero hay otra que no sabes qué se han tomado. Y se recuerda que no hace falta una policía religiosa: basta con que quien define qué es inmoral defina también qué creencias lo son. Ese relativismo, se argumenta, es la puerta por la que entra cualquier censura.

La industria estatal que nunca existió​

La fantasía recurrente es la del complejo tecnológico nacional. Se imagina una empresa pública tipo ENDISA, Empresa Nacional de Internet SA, con Telefónica al frente, un sistema operativo español para móvil y PC, cliente de correo propio, red social propia y hasta una marca de smartphones. El nombre del buscador oficial ya está inventado: ElEscudriñoso.es.

El precedente real desmonta el entusiasmo. A finales de 2008, un estudiante de 12 años impulsó una distribución de Linux para Asturias que primero se llamó AsturLinux, luego Astur GNU/Linux y finalmente Asturix. El proyecto acabó como acabaron las distribuciones autonómicas de Linux: entre el descojone y el desfalco. La lección es que la industria estatal de software no fracasa por falta de dinero, sino por falta de usuarios.

La información que no se podía contrastar​

El retrato más duro no es el de la censura, sino el del vacío. En los años 80, un profesor de historia podía soltar una barbaridad en clase y nadie la contrastaba. Un padre no sabía qué eran el primer y el segundo Reich y la duda duraba décadas. Un tertuliano podía decir en televisión que una marca de refrescos pertenecía a una banda terrorista y quedaba ahí, sin verificación posible. La información era inaccesible, no solo vigilada.

La red habría cambiado eso, pero a su manera. Con una intranet cerrada, el ciudadano habría tenido acceso a la versión oficial de los hechos, no a los hechos. La diferencia entre una España sin internet y una España con internet censurada no es la cantidad de información, sino quién decide qué es verdad. Y ahí el análisis se atasca: no hay forma de saber si la red habría acelerado la apertura o la habría hecho innecesaria.

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Datos clave

• Instalación de teléfono en 1990: 20.000 pesetas, unos 600 euros actuales.
• En una clase de 40 alumnos a finales de los 70: tres o cuatro sin teléfono en casa.
• En pueblos de varios miles de habitantes: tres teléfonos (bar, farmacia y Guardia Civil).
• Asturix: distribución Linux impulsada en 2008 por un estudiante de 12 años.