La caridad privada de una trabajadora de Cruz Roja se ha convertido en un caso de Estado digital. Charo, empleada de la organización, acogió en su casa a un joven de raza negra y la red estalló. La versión que circula no es unánime ni está contrastada, pero el escándalo ya es un hecho.
Un primer bloque de reacciones censura con dureza lo que considera una conducta con doble rasero: la sociedad que aplaude las campañas de acogida institucionales castiga el gesto individual, máxime cuando la protagonista es una mujer madura y el huésped un hombre joven. Otro bloque sospecha que todo es una farsa fabricada para obtener renta, económica o de notoriedad, sin que se haya presentado ni una sola prueba. Y hay quien plantea abiertamente dudas legales sobre la acogida de una persona que podría estar en situación irregular.
Lo más revelador, con todo, es la dirección que tomó la conversación: el argumento fue sustituido en pocas horas por la descalificación personal y el chiste grueso. Esa pendiente tiene nombre: el juicio paralelo al que cualquier anónimo queda expuesto en cuanto la máquina del escándalo le pone en la diana.
Si el caso es real, Cruz Roja deberá explicar algo más que la presunción de inocencia de su empleada. Si es falso, habrá quedado demostrado que el algoritmo de la indignación funciona con cualquier combustible.