Igualdad equipara prostitución con agresión sexual en una campaña que cuesta dinero público y genera rechazo
El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña institucional que califica la prostitución como «agresión» y a los clientes como «agresores». El anuncio, con 2,6 millones de reproducciones pero apenas 19 likes y 3 dislikes —según datos de la propia plataforma—, ha desatado un debate sobre la criminalización del consumo, mientras el coste de la producción y difusión permanece sin revelar. La pregunta que planea: ¿es realmente un delito lo que el Código Penal no tipifica como tal?
Un mensaje directo, pero con contradicciones legales
El spot titular «Son agresiones. Son agresores» se alinea con la posición abolicionista del Gobierno, que considera que toda prostitución es violencia de género. Sin embargo, el Código Penal español no castiga el mero acto de pagar por sexo entre adultos consentidos. La campaña acusa de cometer un delito a personas que realizan una actividad que la ley no define como tal, un vacío que varios juristas señalaron como «alucinante» al ver el anuncio. Mientras, las reseñas de clientes en foros especializados califican el servicio como «5 estrellas, puedes hacerlo a pelo», evidenciando la distancia entre el discurso oficial y la realidad del mercado.
El coste oculto de la concienciación
Detrás de la cruzada moral se esconde un agujero económico. Aún no se ha hecho público el presupuesto de la campaña —producción de vídeo, subtitulado adaptado con lenguaje de signos, difusión en plataformas—, pero se habla de un encargo a una productora cuyos vínculos con el partido gobernante son objeto de especulación. «Solo veo dinero. Puto dinero», resumía un análisis difundido en redes, recordando los constantes escándalos de corrupción del PSOE con fondos públicos: desde los ERE andaluces hasta los presuntos pagos a la odontóloga de un exministro. La crisis de la estanflación lleva a algunos a preguntarse si la finalidad real es desviar la atención o abrir una nueva vía de negocio.
El debate sobre la legalización que no cesa
Frente a la postura del Ministerio, crece una corriente que aboga por regular la prostitución: con derechos laborales, cotización y controles sanitarios. Argumentan que eso acabaría con las mafias y daría seguridad a las trabajadoras, en lugar de demonizarlas. La paradoja es que mientras el Gobierno persigue la compra de sexo masculino heterosexual, el mismo partido ha sido relacionado con escándalos de «saunas» y prostíbulos en su propia estructura, lo que alimenta la percepción de hipocresía. Y las plataformas de contenido como OnlyFans, consideradas «empoderamiento» por la misma izquierda, quedan al margen de la campaña.
Un efecto rebote que nadie controla
Con los comentarios del anuncio desactivados, la polémica se ha trasladado a foros y redes. La crispación es tal que se espera un «efecto rebote» que, lejos de reducir la demanda, podría aumentar la curiosidad o el rechazo a la medida. Aunque la encuesta de opinión no es representativa, todo apunta a que la campaña tendrá el resultado contrario al deseado. Si el objetivo era generar conciencia, el resultado es una división más profunda. Y el dinero, mientras, sigue fluyendo hacia productoras amigas.