Rojos meten 20 millones de forasteros, rojos protestan por alquileres caros y escasos, rojos expropian pisos a reaccionarios

El alquiler se come el 40% del sueldo y el foco se pone en la inmigración​

España tiene un problema de vivienda que ningún gobierno ha resuelto, y un debate sobre inmigración que contamina cualquier solución. Los números que se manejan son tozudos: el 40% del sueldo medio se iba en alquiler ya en 2019, dos de cada tres jóvenes viven con sus padres a los 34 años y hay 700.000 emancipados menos que en 2008. A partir de ahí, la discusión se rompe. Unos miran al parque público. Otros, a la frontera. Y casi nadie mira a los dos a la vez.

Cuántos inmigrantes hay y quién los trajo​

Una cifra circula por encima de todas: 17 millones de inmigrantes, según un reportaje de La Vanguardia citado en el análisis. Otra habla de 700.000 entradas al año y de que, a ese ritmo, en 2028 el problema seguirá igual, pero sin pisos vacíos que repartir. La autoría es el primer campo de batalla. Hay quien sostiene que los metió el PSOE y quien responde que fue Aznar el que empezó a traer gente «a troche y moche». Una tercera vía zanja el asunto sin adornos: da igual el color, lo hicieron los dos.

Por qué se culpa a la política de vivienda antes que a la inmigración​

El argumento económico que más se repite es de manual: si entra más gente y se construyen menos pisos, el precio sube. De ahí el reproche a lo que varios señalan como quince años de campaña contra la construcción. A la vez, se enumeran los frenos que espantan al propietario: AirBnB, okupación, trabas al desahucio y la persecución del rechazo racista en el alquiler. La vivienda es un bien escaso, insiste la línea más liberal; intervenirlo todo, responden otros, no ha funcionado nunca. El desglose fino de esa tensión es donde el asunto se pone interesante.

Expropiar, heredar o no construir: las salidas sobre la mesa​

La palabra expropiación aparece pronto y sin complejos. Unos la dirigen a los grandes tenedores. Otros, más retorcidos, avisan de que no hará falta: será el impuesto de sucesiones el que expropie a los herederos. Frente a ello surgen soluciones que suenan antipáticas: ciudades-dormitorio de vivienda social feas pero eficaces, o recalificar y facilitar la vivienda prefabricada. Cada propuesta arrastra su peaje.

Pensiones contra sueldos: la cuota de solidaridad​

El otro frente es intergeneracional. La llamada cuota de solidaridad sobre sueldos por encima de 59.000 euros —que no genera derechos de jubilación— se lee como un impuesto más. Y en noviembre, según los datos citados, el Gobierno tirará de impuestos para pagar 26.000 millones de la doble nómina de los jubilados. El relato del remero que sostiene la pensión ajena mientras no puede pagarse un piso propio es, quizá, el más repetido de todos.

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Con estos mimbres, cualquier predicción es arriesgada. Si los precios siguen donde están y las entradas migratorias no se frenan, el escenario de 2028 se parecerá al de hoy con una diferencia incómoda: habrá menos vivienda pública que repartir. O no. En eso, como en casi todo, nadie termina de ponerse de acuerdo.