Sumar sabía de los encuentros de Errejón en el Congreso desde 2023
Los avisos no llegaron de dentro. Fueron
trabajadores de otras fuerzas políticas de izquierda los que pusieron a Sumar sobre la pista de que Íñigo Errejón podría estar utilizando su propio despacho del Congreso de los Diputados para encuentros con mujeres. La dirección de Yolanda Díaz manejaba información sobre esos presuntos usos desde hacía tiempo, según las fuentes parlamentarias citadas por OKDIARIO el
26 de octubre de 2024, el mismo día en que el ya ex diputado anunciaba su dimisión y la formación abría una investigación interna. No era un rumor de pasillo: se habían recibido quejas y comentarios apuntando a visitas, de dentro y de fuera de la Cámara, a ese despacho.
¿Qué sabía Sumar y desde cuándo lo sabía?
La respuesta corta incomoda más que el escándalo. La dirección de Sumar conocía desde
hacia más de un año antes al menos seis casos de comportamientos sexuales impropios atribuidos a su entonces portavoz parlamentario. Las denuncias llegaron por personas muy próximas al partido, que hicieron de nexo con las mujeres, y también se hicieron llegar a la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Los avisos venían con etiquetas gruesas —
maltratador, violencia sexual, psicológica y machista— y con una advertencia que el tiempo convirtió en profecía: «Esto va a saltar».
El calendario no ayuda a la versión oficial. Los relatos llegaron antes de las elecciones generales del
23 de julio de 2023, en plena organización de la primera campaña de Sumar. Algunos episodios habían circulado ya por redes sociales. La decisión, según esas fuentes, fue no dinamitar la campaña y hacer oídos sordos a las denuncias internas.
Del despacho del grupo mixto al despacho del Congreso
Parte de los señalamientos se refieren a etapas anteriores a la legislatura en curso, cuando Errejón dirigía Más País como fuerza del grupo mixto, con
dos diputados más un tercero de Compromís entre 2019 y 2023. En ese marco, señalan las mismas fuentes, no era extraño que invitase a mujeres a su despacho. La información recibida apunta a encuentros esporádicos y, según esa versión, consentidos; no constaban, al menos de momento, datos de abuso o agresión en ellos. Ese matiz es la línea divisoria de todo el asunto: entre lo que sería un delito y lo que es, simplemente, un uso discutible del cargo.
La cartera de ministro que acabó en portavocía
Antes de que las denuncias pesaran, Errejón era uno de los candidatos firmes de Yolanda Díaz para un Ministerio en un Gobierno de coalición. El cálculo cambió con los avisos. Se sustituyó la cartera por la portavocía del grupo parlamentario, un puesto con más peso político en el Congreso que el que tenía repartido en el grupo mixto. La lectura que se hace desde el propio partido es de contención de daños preventiva: mejor tenerlo en un escaño que sentado en el Consejo de Ministros cuando terminase estallando el asunto.
Más Madrid mira hacia atrás
Mientras la dirección de Sumar indagaba lo ocurrido dentro y fuera de la Cámara, Más Madrid abría sus propias pesquisas para saber si Errejón tuvo comportamientos similares durante los meses que pasó en la Asamblea de Madrid, en
2019. La caída del que fuera portavoz se sitúa, según estas fuentes, muy lejos de la fecha de su dimisión. También se subraya que su relación con parte de las trabajadoras y diputadas de Sumar se había deteriorado de forma drástica a lo largo de la legislatura, y que los señalamientos «estaban en el ambiente».
Doble moral, pruebas y ejemplaridad: las tres grietas del caso
Hay tres corrientes que tiran del asunto en direcciones opuestas. La primera sostiene que el problema no es el individuo, sino el silencio colectivo: que formaciones distintas conocían la situación y callaron para no perder posiciones. Una segunda corriente reclama prudencia y pruebas; apunta que las acusaciones llegaron sin respaldo judicial y que la diferencia entre una relación consentida y una agresión es la única que debería importar. De ahí el argumento, repetido, de que se están aireando episodios sin resolución legal alguna.
La tercera mira el bolsillo. El despacho no es un piso particular: es infraestructura pública sostenida con impuestos, y su uso privado en horario de trabajo se lee como un coste de oportunidad. La broma que circula sobre el precio de las habitaciones en Madrid —si están por las nubes, casi sale a cuenta— resume la mezcla de cinismo y cabreo. Con un añadido que no se sostiene igual en todos los casos: el reproche hacia quien presume de una moral pública exigente y después hace lo contrario.
Un cierre sin sentencia
Conviene recordar dónde queda esto. En el material publicado no consta condena ni resolución judicial, y las propias fuentes del partido apuntan a que los encuentros del despacho fueron consentidos. Y sin embargo, el dato que descoloca no es ninguno de los que se manejan sobre los hechos: es que
seis casos llevaban más de un año encima de la mesa de quienes decidían si aquel hombre debía ser ministro. Cuando estalló, ya no quedaba nada que decidir.