Bruselas abre la vía para entregar a Ucrania los 319.000 millones congelados en la UE a Rusia y sus ciudadanos

Bruselas planea invertir los activos rusos y dar los réditos a Ucrania​

Bruselas ha encontrado la vía. No la llaman confiscación, y ese detalle lo explica casi todo. La Comisión Europea tiene previsto aprobar un doble plan para que Rusia pague por los daños causados en Ucrania con los 18.900 millones de euros en activos congelados a oligarcas rusos en territorio comunitario y los 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso retenidos por las sanciones. «Tenemos los medios para hacerlo», resumió Ursula von der Leyen. El detalle incómodo es que los medios jurídicos son bastante menos rotundos que la frase.

Lo que se plantea no es quedarse el dinero, sino crear una «estructura legal», a ser posible junto a otros socios internacionales, que gestione esos fondos, los invierta y entregue a Ucrania los rendimientos. La Comisión reconoce que «no hay precedentes». El objetivo declarado es que, una vez levantadas las sanciones, esos fondos sirvan para que Rusia pague «plenamente» por los daños. La última estimación del coste de la devastación ucraniana: 600.000 millones de euros.

¿Por qué Bruselas evita la palabra confiscación?​

Porque no existe base legal para usarla. El documento de los servicios jurídicos comunitarios es explícito: la congelación derivada de las sanciones «no puede ser considerado el primer paso hacia la confiscación», y no hay vía para apropiarse de un activo solo porque haya sido bloqueado por medidas restrictivas. Hoy únicamente los Estados miembros pueden confiscar, y exclusivamente sobre la base de una condena penal.

Ahí está el nudo. Confiscar implica perder la propiedad del bien, y los propietarios legítimos mantienen derecho a un tipo de interés mínimo durante la congelación. Lo que la UE reclama para sí es el rendimiento adicional que se saque de invertir ese dinero. Es una distinción técnica, sí. También es la diferencia entre una medida defendible ante los tribunales y una actuación que abre la puerta a que cualquier país con divisas en Europa se lo piense dos veces.

El reparto por países: Bélgica lidera con 3.500 millones​

La cifra de 18.900 millones es nueva. Desde junio, la Comisión no actualizaba el impacto financiero de las sanciones, lastrado por las crecientes dificultades para determinar la propiedad real de mansiones, yates de recreo y sociedades interpuestas. El desglose conocido hasta ahora:

• Bélgica: 3.500 millones de euros
• Luxemburgo: 2.500 millones
• Italia: 2.300 millones
• Alemania: 2.200 millones
• Austria e Irlanda: 1.800 millones
• Francia: 1.300 millones
• España: algo más de 1.000 millones
• Hungría: 3.000 euros

Los 3.000 euros húngaros no son una errata. Es todo lo que Budapest ha declarado haber congelado. Con esos mimbres, el cesto europeo se sostiene sobre dos o tres capitales, no sobre los Veintisiete.

¿Cuánto sacará Ucrania de invertir los fondos rusos?​

Nadie lo sabe, y Bruselas tampoco lo calcula. No ha presentado estimaciones de cuánto se obtendrá por la vía de los rendimientos y admite que en ningún caso cubrirá el grueso de las compensaciones potenciales.

De ahí que el plan se complete con la pata que sí muerde: ligar el levantamiento de las sanciones a la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que zanje la disputa sobre la reparación de los daños. Traducido: el dinero retenido funciona como prenda hasta que Moscú firme.

¿Puede Rusia pagar reparaciones sin ser derrotada antes?​

Es la objeción que atraviesa buena parte del debate. Hay quien recuerda que los acuerdos de paz han incluido pagos en el pasado y cita el compromiso de reparaciones de Rusia tras la primera guerra de Chechenia. Mantener el dinero en prenda hasta que se cumplan los plazos es, según ese argumento, una fórmula con antecedentes, aunque su resultado dependa de que alguien pueda ejecutarla.

El otro frente es el precedente que se crea. Hay quien advierte de que la seguridad jurídica es el principal atractivo de Europa como plaza financiera, y de que si un depósito soberano acaba invertido por decisión política, los capitales de fuera de la órbita occidental —china, árabe, india— tomarán nota. Se apunta incluso que Rusia podría replicar sobre los activos de empresas europeas en su territorio, cifrados por algunos en más de 750.000 millones. Frente a eso, el argumento de quienes defienden la medida es que la agresión la empezó Moscú y que la factura debe pagarla quien rompe los platos.

Qué puede pasar a partir de ahora​

Con estos números, es probable que la estructura legal acabe viendo la luz, probablemente acompañada de algún socio internacional que quiera repartir el riesgo político. Que los rendimientos lleguen a Kyiv en volumen relevante es otra cosa. Que el principal acabe confiscado depende de una condena penal que hoy no existe y de una paz que nadie ha firmado. Bruselas predica que tiene los medios. Los tribunales, los mercados y el tiempo dirán si además tiene la coartada.