Barcelona admite 5.900 empadronados en un solo inmueble municipal
El Ayuntamiento de Barcelona reconoció, durante el Consejo Plenario del distrito de Nou Barris, que un único local municipal acumula
5.900 personas empadronadas. La cifra la puso sobre la mesa la consejera socialista Leonor Fernández al responder a una pregunta de la portavoz de VOX en el distrito, Yolanda Ferrer. En el mismo circuito de ciudad, otros cinco inmuebles suman apenas 19 inscritos. La desproporción —un edificio con casi seis mil registros frente a cinco con diecinueve— convirtió el dato en el detonante de un debate sobre padrón, ayudas públicas y control administrativo.
Qué dice el Ayuntamiento y qué no cuadra
El consistorio indicó que daría de baja a los inscritos en direcciones que no correspondan a una vivienda o a una instalación residencial. La pregunta que queda en el aire es por qué se admitieron esas inscripciones en primer lugar. El local es
municipal: no es una vivienda okupada ni un piso turístico, sino una instalación del propio Ayuntamiento. Esa condición elimina la excusa del desconocimiento. Si el titular del inmueble es la administración que tramita el padrón, la hipótesis del error administrativo pierde fuelle y gana la del
visto bueno consciente, según sostienen algunos participantes en el debate.
El padrón como puerta de acceso a ayudas y servicios
La discusión derivó rápidamente hacia el uso del padrón como llave para acceder a prestaciones. Hay quien sostiene que muchos de esos inscritos no residen en Barcelona y que el registro les sirve para cobrar ayudas sociales, sanitarias o educativas sin vivir en la ciudad. En contra pesa el argumento de que el padrón no genera por sí solo derecho a todas las prestaciones y que la baja administrativa no siempre es inmediata. Lo que sí admite poca discusión es que
5.900 registros en un local no pueden sostenerse sobre una comprobación rutinaria.
La comparación que incomoda: turistas sí, empadronados también
Una parte del análisis señala la contradicción entre el celo administrativo con los pisos turísticos y la laxitud con el padrón. Mientras se fiscaliza el alquiler vacacional y se limita el número de licencias, un inmueble municipal acumula miles de inscripciones sin que salte ninguna alarma. El contraste no es menor: el turismo deja dinero en la comunidad, según esta lectura, mientras que el empadronamiento masivo activa gasto social sin contrapartida fiscal. Otros análisis rechazan esa dicotomía y recuerdan que el padrón es un instrumento estadístico y de acceso a servicios, no una herramienta de control migratorio.
El caso de los que sí quieren empadronarse y no pueden
Frente al caso de Nou Barris, hay testimonios de propietarios a los que se les bloqueó el empadronamiento en su propia vivienda recién comprada, con escrituras y facturas a su nombre, porque los antiguos dueños seguían inscritos. La asimetría es el punto que más irrita: trámites exhaustivos para el ciudadano corriente y
5.900 altas sin aparente filtro en un local público. La anécdota, repetida en distintos ayuntamientos, alimenta la sospecha de que el rigor administrativo se aplica con criterios variables.
Quién responde y qué se ha hecho hasta ahora
El Ayuntamiento ha anunciado bajas para los inscritos en direcciones que no sean residenciales, pero no ha detallado cuántas se han ejecutado ni con qué calendario. Tampoco ha explicado si hay expedientes abiertos a los funcionarios que tramitaron las altas. La respuesta oficial se limita a reconocer la magnitud del problema y las dificultades de gestión. Sin nombres, sin plazos y sin sanciones, el asunto queda en el terreno de las intenciones.
El dato que descoloca no es el de los 5.900. Es que, según el material del debate, el Ayuntamiento sigue sin poder decir cuántos de esos inscritos siguen en el padrón.