Boooooooooooooooom empiezan los recortes a trabajadores públicos en Barcelona

Barcelona suspende un plus a su plantilla por falta de base legal​

La paradoja es de manual. El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido un complemento retributivo a sus empleados públicos y el argumento no es el ahorro ni la eficiencia: es que el plus carecía de soporte legal. El consistorio que dirige Jaume Collboni ha abierto además una negociación con los sindicatos para regularizar ese pago «como mandan los cánones». Traducido: el dinero se corta ya y la fórmula jurídica que lo sostenga se busca después.

Por qué se suspende el plus a los empleados públicos de Barcelona​

Porque, según la versión que sostiene el propio ayuntamiento, el complemento se abonaba sin la cobertura normativa necesaria. La medida no es un despido ni una rebaja del sueldo base: afecta a un plus y llega acompañada de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales para dejarlo regulado por escrito. Sobre esa base hay dos lecturas enfrentadas. Una parte del análisis lo considera un saneamiento formal, casi un trámite, con el pago reconducido una vez exista el soporte legal. La otra sostiene que el episodio es, en la práctica, un recorte y que la palabra «suspensión» está colocada con mucha intención.

Lo llamativo no es la cuantía —no hay cifra oficial publicada del ahorro— sino quién firma. Varios participantes subrayan que sea un gobierno municipal de izquierdas el que aplique el ajuste, y algunos sostienen que, cuando recorta la izquierda, la protesta no llega a portada.

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio 2020​

El origen de todo esto está en un papel. El informe de la Sindicatura de Cuentas publicado en julio, relativo a la gestión del Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2020, señalaba deficiencias en el consistorio, en particular la falta de cobertura legal de determinados pagos. A partir de ahí, el gobierno municipal puso en marcha una serie de ajustes y esta suspensión del plus es uno de ellos.

El detalle del ejercicio fiscalizado sirve a los críticos para subrayar lo tardío del arreglo: se corrige en un mandato posterior lo que el órgano auditor detectó sobre un ejercicio anterior. Un matiz que no aparece en los comunicados, pero que vertebra buena parte del enfado.

Cuánto cobra un empleado público del Ayuntamiento de Barcelona​

No hay cifra oficial consolidada en la información disponible, y conviene decirlo antes de cualquier comparación. Lo que sí emerge es el peso de la antigüedad: los trienios acumulados engordan la nómina municipal hasta el punto de que, según el caso que cita un participante, una administrativa de unos sesenta años decía cobrar unos 2.000 euros mensuales gracias a la antigüedad. No es una estadística: es un caso concreto que circula como ejemplo.

La comparación que más se repite enfrenta a la plantilla municipal catalana con los empleados públicos de la Administración General del Estado. La conclusión que se extrae es incómoda para el relato del recorte: en Cataluña esos sueldos se consideran comparativamente mejores, de modo que un ajuste aquí seguiría dejando cifras por encima de las de otras administraciones. Se recorta, pero desde arriba.

La huelga en las Oficinas Locales de Habitatge​

En paralelo a la negociación, el conflicto ya tiene fecha. El personal de atención ciudadana de las Oficinas Locales de Habitatge de Barcelona anunció paros a partir del 26 de octubre, con aviso previo y difusión en redes para que nadie pudiera decir que no se había enterado. La coincidencia de ambos frentes —plus suspendido y plantilla movilizada— es lo que ha convertido un ajuste técnico en un asunto político.

Aquí la discusión se parte otra vez. Hay quien ve en la convocatoria una reacción legítima de trabajadores a los que se les toca la nómina por la vía administrativa. Y hay quien ironiza con que la protesta se anuncia a bombo y platillo precisamente porque, si no, no la notaría nadie.

El relato municipal: de Colau a Collboni​

En el trasfondo asoma el cambio de ciclo en el consistorio. La comparación con la etapa de Ada Colau aparece una y otra vez, casi siempre con el mismo argumento: con la anterior alcaldesa, se sostiene, esto no habría ocurrido. Es difícil verificar esa afirmación y quienes la lanzan no aportan documentos que la respalden. Funciona más como nostalgia política que como análisis.

También circula la afirmación de que el ayuntamiento ha creado un servicio técnico interno para promover la incorporación de personas migrantes a su plantilla. Es un extremo que aparece atribuido en las fuentes consultadas y que se usa como arma arrojadiza contra el consistorio; conviene tratarlo con cautela mientras no haya confirmación oficial de su alcance.

Queda la pregunta de fondo, la que nadie contesta con papeles: ¿es un ajuste legalista que se corrige en semanas o el primer tramo de una poda más larga? El consistorio no ha puesto fecha al final de la negociación. Y la plantilla municipal catalana, que hasta ahora se contaba entre las mejor tratadas, acaba de descubrir que su nómina también se puede tocar.