Una juez de Badajoz imputa al hermano de Pedro Sánchez
¿Se puede cobrar un sueldo público sin pisar la oficina y, además, tributar en otro país? La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz,
Beatriz Biedma, ha abierto diligencias de investigación contra
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia del sindicato
Manos Limpias. Los presuntos delitos que se investigan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La noticia saltó primero en
EsRadio y la confirmaron después medios como
Libertad Digital y
El Mundo.
Qué se le atribuye al hermano del presidente
La denuncia de Manos Limpias sostiene que David Sánchez habría estado percibiendo una retribución pública desde su puesto en la Diputación de Badajoz, con residencia declarada en
Portugal, sin acudir a su puesto de trabajo y sin presentar la declaración de la renta en España. De confirmarse, el esquema sería el de un empleado público que cobra en España y tributa en el país vecino, un supuesto que, según un relato que circula entre los participantes del debate, no sería un caso aislado entre funcionarios que residen al otro lado de la frontera.
El sindicato presentó la denuncia y el juzgado ha admitido a trámite la investigación. Hasta aquí, lo que hay: una imputación, no una condena. Cualquier afirmación sobre culpabilidad queda en el terreno de lo presunto hasta que la instrucción avance.
La Diputación de Badajoz y el sueldo bajo sospecha
El presidente de la Diputación de Badajoz, del PSOE, justificó el contrato del hermano del presidente aludiendo a su
gran fama internacional, según un mensaje que cita un tuit difundido en el debate. El argumento ha circulado por redes y medios con más sorna que credibilidad. La pregunta que subyace no es menor: ¿qué funciones concretas desempeña un empleado público que no aparece por su puesto y que fija su residencia fiscal en otro país?
Hay quien sostiene que el caso es un montaje político orquestado por la derecha mediática. En contra pesa el hecho de que la investigación la abre una jueza a partir de una denuncia sindical, no un medio. La instrucción sigue su curso.
El contexto: amnistía, Begoña Gómez y una semana cargada
La imputación llega en un momento de acumulación de frentes judiciales y políticos para el Gobierno. La amnistía acaba de firmarse, el caso que afecta a la esposa del presidente sigue su curso y las elecciones europeas han dejado un mapa fragmentado. En ese marco, la noticia del hermano se lee como un capítulo más de una serie que no parece tener fin.
La comparación con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido inmediata. Quienes defienden al Gobierno señalan la doble vara de medir: si el entorno de Ayuso merecía dimisiones, el entorno de Sánchez también. Quienes critican al Ejecutivo responden que no es lo mismo un novio que un hermano colocado en una diputación.
Qué dicen los medios y qué no
La cobertura ha sido desigual. Mientras unos medios han despachado la noticia en menos de veinte segundos, otros han enviado equipos a Elvas, la localidad portuguesa donde residiría el investigado, para hablar con vecinos. El contraste entre el despliegue dedicado a otros casos y el silencio en este ha alimentado la sospecha de un tratamiento informativo a dos velocidades.
La pregunta que planea es si la instrucción llegará a buen puerto o si, como sostienen algunos, acabará diluyéndose en el laberinto procesal. La jueza Biedma tiene la pelota.
Al final, la familia del presidente acumula más causas judiciales que muchos clanes que salían en las series de los ochenta. Y el hermano, mientras tanto, sigue cotizando en Portugal. O no. Eso lo dirá la jueza.