Booom: más de 3,9 millones de forasteros viven en españa sin trabajar, el 58% del total

Un cálculo en foros cifra en 3,9 millones los migrantes sin cotizar​

A 31 de octubre, la Seguridad Social registra 21.096.315 personas activas y cotizando. De ellas, 18.265.242 son españolas y 2.832.073 extranjeras. El INE, en su actualización anual, contabiliza 6.735.487 migrantes residiendo en España. La resta es tosca pero elocuente: 3.903.414 personas de otros países no aparecen en las cotizaciones, el 58% del total. El desglose por edad rebaja el ruido: unos 1.064.497 son menores de 18 años. Quedan casi tres millones de adultos, cerca de la mitad, fuera del sistema contributivo.

Los números que sostienen el titular​

El cálculo parte de dos fuentes oficiales que no siempre se miran juntas. La primera, el registro de cotizantes de la Seguridad Social. La segunda, la estadística de población del INE. La diferencia entre ambas es lo que el titular llama «sin trabajar», y ahí empieza el problema: no cotizar no equivale a no trabajar. Buena parte de esa brecha se explica por la economía sumergida, por el arraigo pendiente y por los dos años mínimos de residencia que se exigen para regularizar la situación.

Hay quien sostiene que la cifra real de migrantes residentes supera los seis millones y medio, porque los nacionalizados y los que tienen doble nacionalidad desaparecen de algunas estadísticas. Con ese ajuste, el porcentaje de cotizantes caería aún más. El cálculo más optimista asume que la mayoría de los no cotizantes son menores o personas en proceso de regularización; el escenario pesimista parte de que el sistema está sosteniendo a una población que no aporta. Ninguna de las dos lecturas se puede cerrar con los datos disponibles.

¿Por qué muchos migrantes no pueden cotizar legalmente?​

Sin papeles no hay contrato legal. Es la primera barrera y la que ordena todo lo demás. El permiso de residencia por arraigo exige un mínimo de dos años de permanencia, y hasta entonces el trabajo solo puede ser sumergido. Ahí entra el trapicheo, el jornal en negro y los sectores que llevan décadas funcionando así: hostelería, agricultura, reparto, construcción. La economía sumergida no es un efecto colateral de la inmigración; es el marco en el que aterriza.

El argumento contrario también circula: si no cotizan, tampoco consumen servicios proporcionalmente, y muchos están en tránsito o en proceso de retorno. La discusión se enreda porque cada parte elige el indicador que le conviene. Unos miran cotizaciones; otros, empadronamientos; otros, atenciones sanitarias. Y ninguno cuadra con el otro.

El efecto sobre salarios y condiciones laborales​

Aquí el diagnóstico se vuelve incómodo para todos. Una parte del análisis sostiene que la llegada de mano de obra dispuesta a trabajar por menos presiona a la baja los salarios de los puestos menos cualificados. Otra responde que esos puestos ya estaban precarizados antes y que el problema es la estructura del mercado, no quien llega. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y esa es justo la trampa del asunto.

El dato que sí conviene retener es que la presión no se reparte por igual. Los sectores intensivos en mano de obra no cualificada son los que absorben el grueso, y ahí los salarios llevan años planos. La discusión sobre el dumping salarial no es nueva, pero cada actualización estadística la reabre con más ruido que matices.

El coste fiscal: lo que se paga y lo que se ingresa​

El saldo fiscal de la inmigración es el terreno más resbaladizo. Hay estimaciones que hablan de un déficit anual de decenas de miles de millones, y hay estudios académicos que apuntan a un saldo neto cercano a cero o ligeramente positivo según el periodo y el método. Ninguna de esas cifras está cerrada, y quien las presenta como definitivas suele tener un interés en el resultado.

Lo que sí es verificable es que el sistema de pensiones se sostiene sobre cotizaciones, y que la ratio entre cotizantes y perceptores se estrecha cada año. La inmigración no resuelve ese problema por sí sola, pero tampoco lo agrava de forma automática. Depende de la edad de llegada, de la tasa de actividad y de cuántos años se permanezca en el sistema. La foto fija engaña.

Vivienda, servicios y el malestar que no se mide​

El impacto sobre vivienda y servicios públicos aparece en casi todas las conversaciones, aunque con menos datos que eslóganes. La presión sobre el alquiler en zonas tensionadas es real y medible; la saturación de consultas y colegios, desigual según el municipio. El malestar no se reparte por barrios ricos, y eso explica por qué el tema moviliza más en los barrios populares que en los despachos.

Lo que no aparece en ninguna estadística es la percepción de competencia por recursos escasos: trabajo, vivienda, plaza escolar, cita médica. Esa percepción no necesita ser exacta para ser políticamente decisiva. Y cuando se la despacha como simple prejuicio, se refuerza en lugar de disolverse.

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El gráfico que resume el asunto es simple: de 6.735.487 residentes contabilizados, 2.832.073 cotizan. La diferencia no es una foto del paro, ni del fraude, ni de la vagancia. Es la foto de un sistema que lleva años sin decidir qué quiere hacer con la gente que ya está aquí.