Aznar pactó con Bush la circulación por territorio español sin control judicial de unidades especiales estadounidenses para atentados de falsa bandera

Aznar, Bush y la tesis del 11-M: qué sostiene la acusación​

Un PowerPoint de 78 páginas del que solo circulan públicamente las 29 primeras. Una página suelta, la 52, marcada como clasificada. Y una expresión —unidad tierra, mar y aire— que aparece tachada en el BOE pero no en una publicación del Ministerio de Defensa. Con esas piezas arranca la tesis que sostiene que el 11-M lo perpetró una unidad de operaciones especiales estadounidense con la complicidad del Gobierno de José María Aznar y que la versión oficial, la autoría yihadista, sirvió para taparlo. La hipótesis circula desde hace años, no ha encontrado respaldo judicial y, casi dos décadas después de los atentados, sigue alimentando un pulso que va mucho más allá de las hemerotecas.

El pacto de 2001 y la unidad P2OG​

El punto de partida de esta acusación es un acuerdo firmado en 2001 por el entonces presidente del Gobierno con Washington. Según esa lectura, el texto autorizaba a unidades estadounidenses de operaciones encubiertas a actuar en territorio español al margen del control judicial. El paso previo, añaden, había sido la libre circulación de la CIA, amparada también en decisiones del mismo Ejecutivo. La documentación que se cita para sostenerlo es el libro La CIA en España, de Alfredo Grimaldos, en concreto sus páginas 248 y 249.

Un año después, en 2002, el Gobierno estadounidense autorizó la creación de la unidad conocida como P2OG, cuya finalidad declarada sería, siempre según esta tesis, la preparación de atentados de falsa bandera, de ataques incentivados o consentidos —lo que en la jerga se conoce como teoría del grifo— y de operaciones mixtas mediante agentes provocadores infiltrados. De ahí se salta a las unidades SEAL, cuyo nombre completo aparece en la documentación oficial de un modo cuando menos curioso: el Boletín Oficial del Estado tacha la expresión, mientras otra publicación del Ministerio de Defensa la deja a la vista.

La coincidencia de los doscientos​

El argumento que más circula es numérico. El 10 de marzo de 2004 se programaron unas maniobras de la OTAN que simulaban un atentado terrorista yihadista con 200 víctimas. Al día siguiente se produjeron los atentados de Atocha que, sumadas las personas fallecidas en el asalto de Leganés —consideradas también víctimas de la trama por quienes defienden esta versión—, arrojaron exactamente 200 muertos, según ese cálculo que circula. La identidad del número es, para esta corriente, la prueba circunstancial más elocuente de la operación.

¿Cuánto pesa una coincidencia? Depende de a quién se pregunte. El desarrollo argumental completo, de las maniobras a la unidad y de la unidad al pacto, ocupa bastante más que las líneas de este resumen.

Las grietas que apuntan al otro lado​

La tesis tiene críticos dentro y fuera de su propia órbita. El reproche más repetido: si el objetivo era un atentado de falsa bandera para consolidar una agenda, el resultado fue el contrario. El atentado entregó el Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, el dirigente más alejado de Washington en Europa en aquel momento, y dejó fuera al partido de Aznar en las elecciones que se celebraron tres días después de los atentados. Una operación así no perjudica a uno de los aliados más firmes de la administración estadounidense de entonces, sostiene esta objeción.

Hay una tercera vía que también se ha abierto paso: la de quienes afirman que el 11-M fue un golpe de Estado destinado a iniciar la demolición de España a través del zapaterismo. Y una cuarta, la de quienes sostienen que el PSOE estuvo detrás de los atentados. Cada versión descalifica a la anterior con el mismo entusiasmo con el que defiende la suya.

De la pista etarra a la pista marroquí​

Antes de llegar aquí hubo otras películas. La primera, la de la autoría de ETA, sostenida en las horas posteriores al atentado y desmentida después. La segunda, la que atribuía los hechos a Marruecos y a Francia —país miembro de la OTAN, se recalca—, difundida a través del comisario Villarejo, al que se sitúa en la misma estructura que habría dirigido el comisario Enrique García Castaño.

La jueza Coro Cillán intentó reabrir la causa cuando la versión oficial ya estaba erosionada. Según esta reconstrucción, Villarejo la persiguió hasta el punto de conseguir su internamiento en un psiquiátrico y difundir un nuevo relato dirigido a proteger a los responsables últimos. Ninguno de estos extremos cuenta con una resolución judicial que los avale.

El rastro abierto: Villarejo, Maza y el expediente Royuela​

La conversación derivó, con el tiempo, hacia otro asunto. Una grabación entre Villarejo y el fiscal Maza en la que ambos comentan el perfil psicológico de Mena, la estructura que habría montado en Cataluña, las notas con las que encargaba trabajos y el espionaje sobre la vida privada de jueces y fiscales para manipularlos. En esa cinta, el que más habla es el fiscal, y en ella se plantea incluso que un perito caligráfico certifique la letra de una de esas notas.

Es el mismo terreno que el expediente Royuela reclama desde hace dos décadas, según quienes lo defienden. Hay quien sostiene que el juez está en ello.

Y mientras todo eso se discute, doscientos. En las maniobras del 10 de marzo y en los fallecidos del 11. Exactamente doscientos. La cifra no prueba nada por sí sola. Sigue ahí, idéntica, dos décadas después.