Ayuso: se pongan como se pongan los de vox, los menas hay que ponerles recursos como a los demás

Ayuso defiende los recursos para los MENA y abre una grieta en la derecha​

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con dureza a VOX: «Se pongan como se pongan, los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y hay que ponerles recursos como a todos los demás». La frase, difundida por la cuenta @Bipartidismo Stream, ha incendiado un debate que llevaba meses larvado en los foros económicos: la factura de acoger a los menores migrantes no acompañados y quién debe pagarla. La discusión no es nueva, pero el tono de la presidenta madrileña ha reabierto la guerra interna en el bloque de la derecha.

El coste real de cada MENA: 3.225 euros al mes según un cálculo que circula​

En el centro del debate está la cifra. Un participante asegura que la Unión Europea transfiere a España 3.225 euros mensuales por cada menor acogido, destinados a gastos sanitarios, personal social y legal. El dato no está verificado oficialmente, pero ha servido para alimentar la tesis de que existe un negocio montado alrededor de la acogida. «En el momento en que la UE corte esos fondos, los expulsan en 3,2,1», sentencia ese mismo análisis. La acusación de que hay una industria de miles de millones alrededor de los MENAS recorre el hilo de principio a fin.

Frente a esa lectura, la presidenta madrileña sostiene que la ley es la ley y que los menores tutelados son responsabilidad de la administración, sean extranjeros o no. Su argumento no es humanitario, es jurídico: la Comunidad de Madrid no puede sustraerse a una obligación legal. Y ahí surge la contradicción que varios participantes señalan: si Ayuso acepta los 700 menores derivados a Madrid, ¿está diciendo que otras comunidades gobernadas por el PP, como la de Mazón, incurren en ilegalidad?

¿Qué derechos tienen los menores migrantes frente a los españoles?​

La pregunta recorre el hilo con una insistencia incómoda. «¿Qué han hecho para ganar esos derechos? A nosotros siempre nos han dicho que los derechos se conquistan luchando», plantea un participante. La respuesta institucional es que la tutela de menores es una obligación legal derivada de tratados internacionales y de la propia legislación española, no un premio a méritos previos. Pero esa explicación no calma los ánimos.

El argumento más repetido es el de la asimetría: mientras los jóvenes españoles afrontan precariedad laboral, salarios bajos y dificultades para emanciparse, los menores migrantes reciben atención, alojamiento y manutención. «Tengo dos hijos, que me digan dónde tengo que pedir para mis hijos los mismos recursos, es decir, 4.500 euros al mes por hijo», escribe otro participante, elevando la cifra sin aportar fuente. La comparación, aunque imprecisa, revela el malestar de fondo: la sensación de que el esfuerzo propio no recibe el mismo reconocimiento que la llegada irregular.

La grieta en el bloque de la derecha: VOX contra el PP de Ayuso​

El choque entre Ayuso y VOX no es solo retórico. Varios análisis apuntan a que la presidenta madrileña se ha beneficiado de que los votantes no tragaban a la anterior candidata de VOX en Madrid. «Si VOX pone a un candidato un poco capaz y con carisma puede robar muchos votos a Ayuso», advierte un participante. La frase resume el cálculo electoral que subyace: la inmigración masiva está mal vista en Europa, y España —descrita en el hilo como un caso aparte— podría estar quedándose sola en su enfoque.

La acusación de doble cara planea sobre Ayuso. «Es tonta y una doble cara de cuidado. Que se los lleve todos para su ático», escribe una participante, resumiendo el cabreo de quienes ven en la presidenta un discurso firme en público y concesiones en privado. Otros, en cambio, defienden que su postura es coherente con la ley y que el problema no es ella, sino un sistema que convierte la acogida en un negocio opaco.

El negocio de los MENA: ¿industria o servicio público?​

La sospecha de que hay intereses económicos detrás de la acogida recorre todo el debate. «Hay una industria alrededor de los menas de miles de millones, es un negocio», afirma un participante. Se mencionan lobbies, comisiones y contratos públicos sin aportar pruebas. La tesis, repetida sin verificación, es que los fondos europeos han convertido la atención a menores en una fuente de ingresos estable para las administraciones, comparable al IVA o a las multas de tráfico.

Esa lectura conecta con un malestar más amplio: la percepción de que los políticos crean problemas para luego cobrar por resolverlos. «Los políticos están para crear problemas y cobrar por hacer creer que los resuelven», sentencia un análisis que mezcla la crítica a la clase política con la denuncia del gasto público. La discusión deriva hacia la destrucción de la familia, la caída de la natalidad y la sensación de que los españoles han sido desplazados en la prioridad del gasto social.

¿Qué pasará con los 700 menores derivados a Madrid?​

El asunto sigue abierto. Ayuso ha dicho que aceptará los 700 menores que corresponden a la Comunidad de Madrid, pero no ha detallado cómo ni con qué medios. La oposición interna en su propio partido, la presión de VOX y el malestar social que refleja el debate dejan el asunto en el aire. Mientras tanto, la factura de la acogida sigue sumando y la pregunta de quién paga —y por qué— no tiene respuesta tranquilizadora.

Lo que queda claro es que la inmigración ha dejado de ser un tema tabú en la conversación económica. Ya no se discute solo en términos morales, sino de costes, competencias y votos. Y en ese terreno, Ayuso ha decidido plantar cara a su flanco derecho. El resultado electoral está por ver.