Madrid recibe 806 plazas de menores migrantes y Cataluña solo 27
Un listado con cifras por comunidad autónoma circula desde primera hora y ha bastado para reabrir la guerra territorial.
Madrid, con 806 plazas, y Andalucía, con 795, encabezan la asignación de menores migrantes no acompañados; Cataluña aparece con 27 y el País Vasco con 88. La comparación con el peso poblacional de cada territorio es la que ha encendido el debate: Madrid concentra el 14,29% de la población española y recibiría, según ese reparto, un volumen muy superior al que le correspondería por habitantes.
Los datos, difundidos a través de un medio nacional, se han leído como una enmienda a la solidaridad interterritorial que se invoca desde el Gobierno. La primera reacción ha sido de incredulidad:
«no os toca la lotería, pero os tocan pensiones», resume uno de los mensajes más repetidos. El malestar no distingue siglas: hay quien señala al Ejecutivo central y quien apunta a las comunidades que gobiernan el Partido Popular por aceptar el criterio sin plantarlo.
Qué dice el reparto comunidad por comunidad
El desglose que circula es el siguiente:
806 para Madrid, 795 para Andalucía, 478 para la Comunidad Valenciana, 325 para Galicia, 310 para Castilla y León, 291 para Castilla-La Mancha, 189 para Murcia, 186 para Aragón, 171 para Cantabria, 168 para Extremadura, 164 para Navarra, 157 para La Rioja, 150 para Asturias, 88 para País Vasco, 59 para Baleares, 34 para Melilla y 27 para Cataluña.
La primera anomalía que salta a la vista es la de Cataluña. Con 7,7 millones de habitantes, la comunidad que más presión migratoria alega recibiría una cifra que no llega a la treintena. La segunda, Cantabria: 600.000 residentes y 171 plazas asignadas, una proporción que deja al territorio en cabeza por habitante. Galicia, con menos de tres millones de habitantes, aparece con 325, más del cuádruple que el País Vasco, que ronda una población similar.
El cálculo que desmonta el criterio de población
Un ejercicio comparativo ha circulado con fuerza: si el reparto se hiciera estrictamente por población, Andalucía debería recibir 790 plazas, Cataluña 717, Madrid 629, la Comunidad Valenciana 471, Castilla y León 221, el País Vasco 203, Castilla-La Mancha 190, Galicia 248, Murcia 145, Aragón 124, Baleares 115 y Extremadura 98. El desglose completo, partida a partida, deja diferencias que sorprenden en casi todas las comunidades.
La conclusión que se extrae de esa tabla es incómoda para el relato oficial:
Madrid recibiría 177 plazas más de las que le corresponderían por habitantes, mientras Cataluña se quedaría 690 por debajo. La solidaridad interterritorial, invocada como principio, se convierte en un criterio que nadie termina de explicar.
Por qué las comunidades del PP aparecen sobrerrepresentadas
La lectura política ha sido inmediata. Varios mensajes sostienen que las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las más agraciadas con independencia de su población, y atribuyen el criterio a un castigo deliberado.
«Las comunidades gobernadas por el PP son las más agraciadas independientemente de su población», resume uno de los análisis más repetidos.
En el lado opuesto, hay quien defiende que el reparto responde a la saturación real de los centros de acogida y no a un cálculo político. Se argumenta que los recursos de Cataluña y el País Vasco estarían al límite y que el criterio de asignación parte de esa capacidad disponible, no de la población. La respuesta a ese argumento es siempre la misma: entonces el reparto no es solidario, es logístico.
Murcia se planta y el PP duda
Murcia ha anunciado que no acogerá menores migrantes hasta que el Gobierno aborde la inmigración irregular, según las declaraciones recogidas en el debate. La decisión se ha leído como un pulso al acuerdo entre el Ejecutivo y Junts, calificado de
«acuerdo de vergüenza» en varios mensajes.
La duda que sobrevuela es qué hará el resto de comunidades del PP.
Hay quien anticipa que aceptarán el reparto alegando obligación legal, y quien recuerda que para otras cuestiones la misma ley no ha supuesto ningún impedimento. La comparación con el trato dado a ciudadanos españoles en situaciones equivalentes es el argumento que más se repite.
El dato que descoloca no es ninguna de las cifras grandes, sino una pequeña:
Melilla, con 34 plazas, recibe más que Cataluña. Una ciudad autónoma de 85.000 habitantes por encima de una comunidad de 7,7 millones. Con ese punto de partida, cualquier explicación basada en la población se cae sola.