Atiendan a Cayetana (Bitácora de Santiago González)

La interpelación que convirtió la vivienda en un pulso

El 30 de septiembre de 2026, Cayetana Álvarez de Toledo interpeló a Félix Bolaños y resumió su crítica a la política de vivienda del Gobierno en una imagen. Según su intervención, el Ejecutivo había proporcionado un piso en la plaza de España a una persona que ejercía la prostitución. A partir de ahí, dijo, la política habitacional se reducía a dos decretos que, en su opinión, hundían el alquiler, premiaban la ocupación, criminalizaban al casero, arrasaban la clase media y condenaban a los jóvenes a no emanciparse jamás. La frase no era una descripción neutral: era una acusación política en toda regla.

Álvarez de Toledo anticipó la respuesta que esperaba. Dijo que la descalificarían con etiquetas políticas y la acusarían de estar con los fondos buitre. Y replicó que quienes actuaban como buitres eran ellos. Su argumento: que se sobrevuela el desahucio de una anciana para que los españoles no desahucien a Sánchez, que se azuzan turbas contra la propiedad, contra la ley y contra el Estado en Sol y en Ceuta, y que España necesita un desahucio urgente, el de Bolaños de la Moncloa. La intervención, en su género, tenía una capacidad de síntesis poco habitual.

El caso de Daniel Guzmán y la doble vara de la ocupación

La ocupación dejó de ser una abstracción cuando apareció el nombre de Daniel Guzmán. El actor estuvo entre los acampados en la Puerta del Sol y había protagonizado un vídeo de Podemos en favor de los ocupantes. La contradicción llegó después. En mayo de 2023, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid lo condenó por lesiones leves causadas a los ocupantes que se habían instalado en una casa de su propiedad que estaba vacía.

El episodio sirve de ilustración para un argumento recurrente en el debate público: la defensa de la ocupación suele ser más firme cuando la propiedad ajena es la que está en juego. No hace falta compartir la soflama de Álvarez de Toledo para ver el contraste. Un actor que pide comprensión para los ocupantes y luego desaloja por su cuenta la vivienda que es suya encarna la pelea entre el discurso y la práctica. La condena por lesiones leves sitúa el caso fuera de la pura anécdota.

Podemos, Irene Montero y los decretos que todos quieren cambiar

La discusión no se agota en el PP. Ramón Espinar publicó una opinión sobre Irene Montero que apuntaba al corazón de la estrategia de Podemos. Según Espinar, lo peor de Montero no son los 12 años que lleva en política ni que quiera sumar otros doce. Lo peor es que posa de radical y finge que el decreto es infumable cuando, si fuera ministra, lo defendería como histórico y diría que se han dejado la piel. La frase, atribuida a Espinar, resume una crítica interna: a Montero le daría igual todo menos ella.

Podemos, mientras tanto, quiere refundir en uno los decretos del Gobierno. Es decir, la disputa por la vivienda no es solo entre Gobierno y oposición. También es una pelea dentro del espacio a la izquierda del PSOE, donde cada cual mide qué parte del decreto conviene defender y qué parte conviene denunciar. La política de vivienda se ha convertido en un terreno minado para todos.

Ariana Harwicz, Alfonso Guerra y el reloj de la Puerta del Sol

El Mundo publicó una carta del columnista Pedro Simón a la escritora Ariana Harwicz, judía y cancelada en Granada. La carta la comparaba con Netanyahu. La comparación, por decirlo suave, es forzada: Harwicz no dirige un Ejército ni un Gobierno. El propio comentario original la situaba más bien entre los pasajeros que reducen a un secuestrador, no entre quienes pilotan el avión. La polémica muestra hasta qué punto el lenguaje político se ha vuelto elástico.

En The Objective, Alfonso Guerra elogió el papel de Juan Carlos I en la Transición: «Todo empezó porque el Rey recibió todo el poder de un dictador y decidió que no lo quería». Añadió que nadie quiere decirlo porque el Rey cazó un elefante, pero que él lo dice. La cita contradice la línea que atribuye menos peso a Juan Carlos I en la Transición. No es una discusión menor: toca la legitimidad de la Transición y el lugar de la monarquía en el relato de la izquierda.

También en The Objective, Antonio Caño jaleó la llamada al orden de Pedro Rollán, presidente del Senado, a Bolaños el 29 de septiembre de 2026: «le repito que se ciña a la cuestión; para eso tienen ustedes las ruedas de Prensa del Consejo. Aquí se somete usted a control». Caño lo resumió así: el Gobierno va a las cámaras a responder preguntas, no a soltar mítines. En paralelo, la Cadena SER contactó con la relojería Losada, encargada del mantenimiento del reloj del edificio de Correos de la Puerta del Sol. La relojería señaló que el artefacto suena cada 15 minutos de manera habitual y que no se habían alterado los tiempos. La protesta de los acampados porque las campanadas no les dejaban dormir se topó con esa explicación.

Queda el retrato de Isabel Rodríguez. Según la anécdota que circulaba, no iba a continuar como ministra porque a Pedro Sánchez no le había convencido su trabajo en Política Territorial y como portavoz. Cambió de opinión porque Rodríguez era la política más conocida de Castilla-La Mancha, ideal para sustituir a Emiliano García-Page, pero necesitaba visibilidad. Le dio un ministerio de poca importancia, el de Vivienda. No estaba preparada para él, pero eso no era relevante. La misma lógica que llevó a nombrar ministro de Sanidad a un filósofo, Salvador Illa, para hacerlo visible en la carrera por la Generalitat. Luego llegó la COVID: 130.000 muertos. La política española tiene estas cosas. Cualquier valoración jurídica de los casos mencionados exige consultar las resoluciones judiciales completas.