Sánchez gobierna a golpe de delito (Ramón Pérez Maura en El Debate)

La columna de El Debate firmada por Ramón Pérez-Maura sostiene que el Gobierno llevó a las Cortes dos decretos que no habían sido aprobados en el Consejo de Ministros, y pide a PP y Vox que no asistan a la votación. No hay en el texto una resolución judicial que declare delito alguno; se trata de una denuncia política y periodística.

La acusación: dos decretos sin Consejo

El Debate publicó el 1 de octubre de 2026 una columna de Ramón Pérez-Maura bajo el título «Sánchez gobierna a golpe de delito». La pieza sostiene que el Gobierno llevó a las Cortes dos decretos que no habían sido aprobados en el Consejo de Ministros. Según su relato, tras el Consejo del martes hubo dos ruedas de prensa sin precedente. La ministra de Vivienda, dice, no tenía el texto de lo aprobado porque no existía.

El texto afirma que los socios parlamentarios cuyo voto era imprescindible se fueron a dormir sin conocer el texto que debían aprobar. Al día siguiente, el BOE sólo publicó uno de los dos decretos. Eso, para el columnista, demuestra que el otro se estuvo cuadrando durante la jornada y que se sometería a las Cortes sin haber pasado por el Consejo de Ministros. Es una acusación grave, formulada como opinión y sin que la columna aporte una resolución judicial que la respalde.

La clave del asunto está en el procedimiento. En España, los decretos leyes se aprueban en Consejo de Ministros, se publican en el BOE y luego deben ser convalidados por el Congreso. Si un texto no ha pasado por el Consejo, el reproche no es menor: afecta a la formación de la voluntad del Ejecutivo. Ahora bien, la columna no muestra el acta del Consejo ni una certificación oficial que confirme que los dos decretos quedaron fuera. Su fuerza está en la ausencia del texto y en el retraso de la publicación.

El BOE, el Rey y la firma de Bolaños

La columna señala que el miércoles sólo apareció en el BOE uno de los dos decretos. El otro, sostiene, seguía en ajuste. De ahí deduce que se pondría a la firma del Rey un real decreto ley no aprobado por el Consejo de Ministros. El Rey, recuerda, tiene un derecho de examen de esos decretos que, a juicio del columnista, no se le reconocería.

El artículo apunta a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Ministros, como posible responsable de haber usurpado funciones de ese órgano al someter a la firma del Rey y refrendar un decreto no aprobado. Menciona la posibilidad de una querella contra el presidente del Gobierno y contra Bolaños. También cita la opción de impugnar el decreto ante el Tribunal Constitucional, aunque el columnista se muestra pesimista por la conducta de Cándido Conde-Pumpido. Son escenarios jurídicos que la propia columna plantea como hipótesis.

La firma del Rey en un decreto ley no es un trámite decorativo. La Constitución de 1978 establece que el Rey sanciona y promulga las leyes y que el refrendo corresponde al presidente del Gobierno o a los ministros competentes. Ese refrendo traslada la responsabilidad política al Ejecutivo. La columna sostiene que aquí se habría roto esa cadena. Falta saber si algún órgano judicial o el propio Consejo de Ministros confirman esa versión.

La votación en las Cortes y la estrategia de PP y Vox

El columnista pide a PP y Vox que no asistan a la sesión del día siguiente. Si no comparecen, los decretos saldrían adelante igualmente, admite, pero entonces serían las fuerzas que apoyan al Gobierno las que tendrían que asumir el coste de aprobar medidas contradictorias. La columna menciona en concreto las medidas más radicales que atribuye a Sumar.

Para Ramón Pérez-Maura, una Cámara medio vacía sería una muestra de la degradación democrática que atribuye a los gobiernos de Sánchez. La pieza habla de una violación constitucional y de gravedad penal. Conviene recordar que un decreto ley debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días desde su publicación, según el artículo 86 de la Constitución. No hay condena judicial.