Aqui nadie tiene culpa de NADA

El tuit sostiene que quien exige pensiones, sanidad y universidad públicas durante décadas no puede luego culpar a «entes abstractos» cuando el sistema se deteriora. Es una crítica a la disociación entre lo que se pide al Estado y lo que se está dispuesto a asumir como coste.

La lista de exigencias que cualquiera firmaría

El texto enumera un catálogo de demandas que buena parte de la población comparte: que no toquen las pensiones, que se mantenga la prestación por desempleo, un ingreso mínimo vital, universidad pública en la provincia, ambulatorio en cada pueblo, medicinas y colegios gratuitos. Nada de eso es extravagante. Es, en buena medida, el núcleo del Estado del bienestar español tal y como se ha construido desde la Transición. El problema que plantea el mensaje no está en la lista, sino en lo que viene después.

«Nos lo han robado»: el culpable sin nombre

La segunda parte del tuit da el golpe: durante 50 años se ha votado alternando entre los dos partidos mayoritarios exigiendo esas prestaciones, y cuando el país llega a un estado que el autor califica de deterioro, la explicación es que «nos lo han robado» y la culpa es de «entes abstractos». Ahí está la trampa. Un sistema de pensiones contributivas, una sanidad universal o una universidad pública no se sostienen con voluntad política sola: se financian con cotizaciones y con impuestos. Exigir el gasto y rechazar la recaudación es una posición cómoda, pero contradictoria.

El coste que nadie pone en la papeleta

La crítica implícita es que el votante premia el gasto y castiga el impuesto, y luego busca un culpable externo cuando la aritmética no cuadra. En España, la pensión media y el gasto sanitario absorben la mayor parte del presupuesto público, y su sostenibilidad depende de la ratio entre cotizantes y pensionistas, que se estrecha con el envejecimiento demográfico. Eso no lo arregla un «ente abstracto». Lo arregla decidir qué se financia y con qué. El tuit no da cifras ni propone nada. Solo señala la incomodidad.

Un diagnóstico incómodo, no una solución

Tiene razón en el diagnóstico de la disociación entre lo que se pide y lo que se está dispuesto a pagar. Se equivoca si de ahí se deduce que el votante es el único responsable: los programas electorales, la calidad del debate público y la gestión de cada gobierno también cuentan. La culpa repartida no vende, pero es la única que se puede cuantificar. Cualquier decisión sobre pensiones o impuestos afecta al bolsillo: conviene contrastarla con datos y, si es preciso, con asesoramiento profesional.