APAGÓN 28A - Análisis del informe final - Ahora las sanciones ¿y resolver el problema?

Apagón 28A: un año después, 64 expedientes y ninguna solución estructural​

Un año después del apagón que dejó a oscuras a la península ibérica el 28 de abril de 2025, los informes finales de ENTSO-E y la CNMC han dibujado un paisaje de fallos múltiples, pero las sanciones que ahora se acumulan no abordan las causas de fondo. El problema no fue un único error, sino un sistema diseñado para que nadie asuma la responsabilidad.

Los informes: todo el mundo falló, nadie es culpable​

El informe de ENTSO-E, publicado el 20 de marzo de 2026, documenta que Red Eléctrica (REE) no monitorizaba la energía reactiva en tiempo real, que los generadores convencionales operaban por debajo del 75% de su consigna de reactiva y que el Plan de Defensa solo cubría un escenario. Pero el informe no asigna culpas: su mandato es técnico. La CNMC, en su informe del día anterior, ya apuntaba a incumplimientos generalizados.

La pieza clave es el P.O. 7.4, la norma española de control de tensión, que no se actualizaba desde hace 25 años. Mientras los códigos de red alemán y danés ya exigían desde 2008 que las renovables contribuyeran a la regulación de tensión, la normativa española las obligaba a operar con factor de potencia fijo, impidiéndoles aportar reactiva. Los inversores modernos tienen capacidad técnica para hacerlo, pero la regulación se lo prohibía.

Las sanciones: 64 expedientes y la sombra de la manipulación​

La CNMC ha abierto ya 64 expedientes sancionadores, de los cuales tres son por faltas muy graves: dos a REE por no programar los servicios de ajuste y no impartir instrucciones adecuadas, y uno a las nucleares de Cofrentes (Iberdrola) y Almaraz (Iberdrola/Endesa/Naturgy) por presunta manipulación de mercado. Endesa acumula 18 expedientes, Iberdrola supera la veintena y Naturgy alcanza los 11. El pasado 21 de abril, el fabricante de inversores Power Electronics reveló que la normativa española sigue sin permitir la regulación de tensión de las renovables un año después, mientras que Alemania ya se ha movido hacia las baterías.

Pero lo más grave es que la investigación ha destapado presuntas prácticas de manipulación de precios en los mercados de ajuste, un frente completamente distinto al técnico. Si se confirma, el apagón habrá servido para destapar lo que el regulador no había visto en años.

El problema de fondo: oligopolio y captura regulatoria​

El diagnóstico que emerge del hilo, respaldado por datos de los informes y las comparecencias parlamentarias, apunta a una causa estructural: el oligopolio eléctrico. Cuatro grandes actores (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol) controlan generación, distribución y comercialización, generando una asimetría de información que hace imposible una regulación eficaz. El regulador depende de los datos que le proporcionan las propias empresas. El statu quo beneficiaba a los grandes, que no tenían incentivos para invertir en control de tensión. La CNMC no movió ficha en 25 años. Y ahora, las sanciones no resuelven el problema de fondo: la necesidad de una separación efectiva de actividades y una normativa que obligue a todos los generadores a contribuir a la estabilidad de la red.

El coste de los parches temporales, como los ciclos combinados de emergencia, supera los 1.000 millones de euros cada trimestre. Mientras, la factura de la luz sigue encareciéndose.

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La pregunta que queda en el aire es si las sanciones servirán para algo más que para cubrir el expediente. Sin una reforma estructural del sector, el próximo apagón es solo cuestión de tiempo.

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