¿Alguien entiende por qué pareciera que el estado ni apaga ni deja apagar los incendios?

Incendios: el Estado que ni apaga ni deja apagar​

El fuego avanza y la respuesta institucional no aparece. En plena oleada de incendios forestales, la pregunta que recorre España no es solo por qué arden los montes, sino por qué el Estado parece mirar hacia otro lado mientras los vecinos cogen las mangueras. La discusión, lejos de cerrarse, apunta a un patrón: competencias autonómicas que no funcionan, medios menguados durante años y una ciudadanía que ya no espera nada de la administración.

El sistema autonómico, en el punto de mira

La primera grieta es competencial. Los servicios forestales dependen de las comunidades autónomas; el Estado solo aporta la UME y los hidroaviones. Ese reparto, sobre el papel, funciona. En la práctica, según los análisis que circulan, deja un vacío que se llena con empresas privadas y contratos públicos. Hay quien sostiene que las empresas privadas que gestionan los incendios están para ganar dinero, y que si se rompe una manguera, se apañan con una menos. El resultado, según estas críticas, es un dispositivo que responde tarde y mal.

La crítica no distingue siglas. Hay quien apunta a un acuerdo tácito entre partidos para no invertir en prevención, porque un bosque solo da gastos y un erial da ingresos. La Agenda 2030 y el cambio climático aparecen, según estas interpretaciones, como coartada perfecta para justificar la inacción. Mientras, los datos de hectáreas quemadas se acumulan sin que nadie dimita.

¿Por qué los vecinos apagan los incendios?

Porque, según los relatos que circulan, nadie más lo hace. En varios de los episodios relatados, los camiones cisterna prometieron controlar el fuego y desaparecieron. Los vecinos se quedaron solos frente a las llamas. En un caso, un responsable habría llegado a decir a un vecino que le pegara un tiro por cada oveja que se quemara. La escena, más que una anécdota, es un síntoma: la administración se ausenta y luego criminaliza a quien se queda.

La desconfianza se extiende a los propios afectados. Hay quien sospecha que algunos vecinos exageran o manipulan los hechos. Pero los pueblos arrasados, las aldeas de las que solo quedan cenizas, no parecen una exageración. La comparación con la DANA de Valencia se repite: mismos patrones, misma sensación de abandono.

Negocio, intereses y fuego

Hay quien sostiene que el fuego siempre ha sido un negocio. Un monte que arde deja terreno libre para placas solares, embotelladoras o cotos de caza. En Extremadura, según un mensaje difundido en redes, la Junta habría reconocido que los cazadores estaban detrás de los incendios de Aliseda, que arrasaron 4.000 hectáreas. La parcela, la hora y los dos focos quedaron identificados. No es una teoría: es una investigación en curso.

El patrón se repite, según estas sospechas, en otras zonas. El único pueblo que se quemó entero coincide con el lugar donde una embotelladora quiere instalarse. Las empresas privadas de extinción, mientras tanto, facturan. La conclusión que se impone, para quienes defienden esta lectura, es incómoda: el sistema no falla por accidente, falla por diseño.

La indefensión aprendida

El mensaje oficial, según se interpreta, busca que la población asuma que no se puede hacer nada. El cambio climático lo explica todo. Cualquier intento de organización vecinal se topa con la burocracia o con la sospecha. La pregunta que sobrevuela es si esto es incompetencia extrema o una estrategia deliberada para vaciar el medio rural.

Hay quien va más allá y habla de un plan para destruir los pueblos y trasladar a sus habitantes a las ciudades. La evidencia no sostiene una conspiración, pero el resultado, según estas voces, es el mismo: montes sin gestionar, vecinos sin protección y una sensación de que el Estado ni apaga ni deja apagar.

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Con estos mimbres, lo previsible es que la próxima temporada de incendios repita el guion. La diferencia, quizá, es que cada vez menos gente esté dispuesta a creer que alguien vendrá a salvarles.