Alba, divulgadora: "Hay 2,44 millones cobrando el IMV por no hacer nada"

El IMV que iguala el salario modal reabre el debate de las ayudas​

Una familia de dos adultos y dos hijos puede ingresar hasta 16.733 euros al año solo con el Ingreso Mínimo Vital. Son unos 1.400 euros al mes. Sin nómina, sin jefe y sin horario. La cifra se ha convertido en el detonante de una polémica que recorre España después de que una divulgadora financiera lo resumiera con una frase recogida en el debate: hay «2,44 millones cobrando el IMV por no hacer nada» mientras los autónomos siguen sin ayudas. El problema no es la prestación en sí, sino el espejo donde se miran quienes trabajan: según el INE, el salario más frecuente en España —el llamado salario modal— se quedó en 15.574 euros brutos anuales en 2023, unos 1.112,48 euros al mes.

Menos que la ayuda. Y por debajo del SMI de 1.221 euros mensuales fijado para 2026.

¿Cuánta gente cobra realmente el IMV?​

El número se rompe en cuanto se mira con lupa. Los 2,44 millones de la frase no son titulares de la prestación: corresponden a las personas que conviven con el titular o están a su cargo —menores, cónyuges, ascendientes—, según la corrección que circula en el propio intercambio de opiniones. Los titulares que efectivamente cobran el IMV rondarían los 800.000, lo que dejaría la cifra real en un tercio de la citada. La diferencia cambia por completo la escala del asunto.

Y explica por qué el enfado no apunta solo al diseño de una ayuda concreta, sino a la foto general del sistema. Cuando el sueldo más habitual de un país se queda por debajo de lo que ingresa una familia sin trabajar, la discusión deja de ser sobre pobres y pasa a ser sobre salarios.

¿Cuánto paga el IMV según el tamaño de la familia?​

Las cuantías no son planas, según las cifras que se manejan en el intercambio. Una persona sola percibe unos 733 euros al mes; dos, alrededor de 950; tres, cerca de 1.100. A partir de ahí, el complemento de ayuda a la infancia engorda la nómina. En una unidad monoparental con un adulto y dos menores, el importe se acercaría a los 1.174 euros mensuales más ese extra. Es decir: prácticamente el SMI, sin desplazamientos, sin comedor y sin gastos de guardería.

El presupuesto anual del IMV rondaría los 5.800 millones, según el cálculo que maneja la conversación —otras voces lo rebajan a 5.000—, frente a los 1.400 millones que, según otra de las cifras citadas, cuesta RTVE. El objetivo declarado de la prestación es reducir la pobreza. Lo que se discute es dónde se pone el corte y qué se pide a cambio.

El 12% de la AIReF y el incentivo a no buscar empleo​

El argumento que ha dado munición al sector crítico tiene firma técnica. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye que la prestación puede reducir en un 12% la probabilidad de que sus beneficiarios busquen empleo. El dato ha sido clave para alimentar la sospecha de fondo: que cobrar sin trabajar salga más a cuenta que fichar por 40 horas.

Con esa brecha entre el IMV y el SMI, el cálculo frío empuja en una dirección incómoda. Y no es un asunto que se resuelva apretando la ayuda hacia abajo, porque el suelo ya está en el hueso: comida básica, suministros y poco más.

La propuesta intermedia: prestación a cambio de servicio social​

Entre el «quitarlo todo» y el «no tocar nada» ha aparecido una tercera vía. Consiste en mantener la ayuda pero con contrapartida: colaboraciones con Protección Civil, limpieza de montes u otras tareas comunitarias, cotizando por ello. Y ensanchar el hueco entre lo que paga el IMV y lo que paga el SMI, para que volver a trabajar compense de verdad.

Quienes defienden esta opción avisan además de la aritmética. Con dos millones de beneficiarios el sistema aguanta; con tres, el presupuesto no llega. La pregunta es cuánto tarda en llegar ese tercer millón.

Del beneficiario al conjunto del gasto público​

Hay quien sostiene que el foco está mal puesto y que el problema no es la familia que cobra 1.400 euros, sino a dónde va el resto de la recaudación. Bajo ese prisma, la mirada se desplaza hacia el gasto de las administraciones, las subvenciones al exterior —más de 600 millones según una de las cifras que se citan— y partidas opacas de gestión pública.

En paralelo asoma el debate migratorio. Una parte de los intervinientes vincula la presión sobre los servicios públicos a la llegada de población extranjera y compara el acceso a la nacionalidad con el de otros países, donde, se afirma, el tiempo medio para regularizarse ronda los catorce años. Son opiniones, no datos contrastados, y el terreno donde más fácil se cruza la línea.

El salario que no da para vivir​

Ahí llega el punto que ninguna de las dos trincheras quiere mirar de frente. Cerca del 25% de los trabajadores españoles cobra al mes menos de lo que algunos hogares reciben por el IMV. No es un problema del que cobra la ayuda: es un problema del que trabaja por debajo de ella. El autónomo que factura al límite y cotiza lo mínimo ocupa el otro extremo del mismo embudo.

Con esos números sobre la mesa, la pregunta ya no es si el IMV funciona. Es si el salario que paga este país da para algo más que para no necesitarlo.