Administración pública: ¿Para qué pagamos impuestos si esto es así?

De 30 días para empadronarse a 50 para cambiar unas baldosas​

¿Cuánto hay que esperar en España para empadronarse por cambio de domicilio? Treinta días solo para que te atiendan, según relata un participante. ¿Y para que un ayuntamiento conceda la licencia de obras con la que cambiar unas baldosas? Cincuenta, en otro caso del hilo. La administración pública ha dejado de ser una ventanilla y se ha convertido en una lista de espera donde el ciudadano pone el tiempo, el papeleo y, cada vez más, el trabajo. El relato que arrastra este asunto es un rosario de gestiones encadenadas: con el registro en huelga y sin poder entregar una reclamación en mano, toca pagar 6 euros de correo certificado. Y cuando lo que falla es la justicia gratuita, la respuesta es que llevas doce meses trabajados y ya puedes contratar abogado.

Pagar impuestos altos y terminar haciendo el trabajo de la oficina desde el salón de casa. Ese es el resumen que más se repite.

¿Cuánto se tarda en un trámite administrativo?​

Los plazos que se manejan en las gestiones cotidianas son el corazón del asunto. Una cita para el empadronamiento por cambio de domicilio se va a 30 días. Una licencia de obras para cambiar baldosas se fue a 50 días, y mientras el expediente maduraba, la obra se ejecutó igualmente. Una modificación catastral presentada con documentación de perito acumula año y medio: al reclamar por teléfono, la respuesta es que «los asuntos se despachan en orden de entrada». Un juicio, siete años de espera.

La comparación entre plazos dibuja lo que algunos describen como una forma de poder: cuanto más lento el despacho, más depende el ciudadano de quien tiene la carpeta. La lentitud, sostiene un participante, no siempre es incompetencia. A veces es la única palanca que le queda a quien no puede ser despedido.

La cita previa que generalizó la pandemia​

La cita previa obligatoria para casi todo se consolidó tras la crisis sanitaria y ya no se ha ido. Es el punto que más coincidencias genera. En una oficina municipal se describen diez mesas vacías a las doce de la mañana y salas divididas con cristales difuminados que impiden ver qué hay dentro, con una sola persona llamando a los turnos. En un servicio de empleo autonómico, la sala aparece vacía mientras la atención telefónica responde que están desbordados.

De ahí salen las escenas que más irritan: personal visible haciendo otras cosas a media mañana, o un quiosco electrónico instalado para autogestionar trámites que, sin embargo, solo funciona en horario de oficina, de 8.30 a 14 horas, y colocado justo en la puerta para redirigir a quien se acerca al mostrador. La percepción de agravio no es solo por la espera: es por la sospecha de que el personal no mengua mientras el trabajo del ciudadano crece.

El certificado digital no arregla la burocracia​

La salida que se recomienda en casi todas las conversaciones es digitalizarse. Sacarse el certificado digital permite hacer buena parte de los trámites desde casa y, en una de las vías descritas, cuesta 3 euros más IVA sin pisar una oficina. Hay quien recuerda que existen demasiadas credenciales distintas para lo mismo —clave, clave PIN, clave permanente, certificado, firma electrónica—, y que las webs siguen fallando: rellenas un formulario quince minutos y al enviarlo salta el error de tiempo agotado.

Aun así, el certificado no lo resuelve todo. Una parte de los documentos sigue necesitando confirmación humana, lo que devuelve al ciudadano a la cita presencial. Otra parte incorpora un código seguro de verificación que basta para acreditar el documento, salvo cuando la administración extranjera exige sello o compulsa. El detalle completo de qué se puede hacer y qué no da para un desglose que no cabe aquí.

¿Y el DNI digital?​

Aquí aparece una de las paradojas más citadas: el DNI físico dura diez años, pero su versión digital caduca a los dos, sin aviso previo y con renovación presencial obligatoria. A eso se suma la odisea de fondo del empadronamiento: sin volante no se renueva el DNI ni el pasaporte, y sin pasaporte no hay viaje al extranjero. Todo el circuito descansa sobre una cita que puede tardar un mes.

Turno de oficio: doce meses cotizados y a pagar abogado​

El otro frente es el acceso a la justicia gratuita. La solicitud de defensa gratuita para reclamar cantidades adeudadas por una empresa fue rechazada porque el solicitante había trabajado doce meses y había ingresado dinero, lo que, según la respuesta recibida, le obliga a contratar un abogado particular. La pregunta que queda flotando es la de siempre: si he trabajado y he cotizado, ¿para qué pago impuestos?

Hay quien responde a eso desde el otro lado: el sistema se sostiene para garantizar defensa a quien no puede pagarla, y la mayoría de contribuyentes usan abogado una vez cada muchos años. El contraste entre ambas posiciones no se cierra en ningún momento.

Recortar el 70% de la plantilla: una propuesta del hilo​

Entre las salidas que se barajan, una de las planteadas es la poda: despedir al 70% de los funcionarios y quedarse con el 30% restante, sobre la base de que el servicio sería igual y el ahorro en sueldos, considerable. Otra intervención apunta al teletrabajo como causa del deterioro: más tráfico a media mañana y más gente haciendo deporte en horario laboral.

Enfrente está la lectura política: si nada de esto se corrige es porque hay una parte del electorado a la que el sistema actual le va bien. Y la comparación con otros países, que reaparece siempre: en el Reino Unido se verifica la identidad con una foto del carné de conducir y todo se resuelve desde el portal estatal, mientras aquí conviven media docena de sistemas que nadie sabe para qué sirven.

Con este panorama, la cita previa de treinta días no parece un fallo del sistema. Parece un incentivo bien diseñado: cuanto peor el servicio, antes aprende el ciudadano a resolverlo solo. Y eso, además, sale barato.