A un paso del crimental: bromea con unos amigos en mensaje privado de que pondrá una bomba, y ahora le piden 100.000 euros de multa

La broma sobre una bomba que movilizó un caza y acabó en juicio​

Un mensaje privado en el que alguien bromeaba con poner una bomba bastó, según el relato que circula, para que se desplegara un caza y para que se le reclamara una multa. El asunto terminó en absolución.

La escena que mejor lo ilustra no es la del avión. Es otra, emitida en televisión años antes de que se hablara de inteligencia artificial a todas horas: tres personas conversando ante un teléfono conectado y diciendo de vez en cuando la palabra «pañales». A la tercera mención, el teléfono ya devolvía un anuncio de pañales. Un experimento casero de manual de sociología: si el sistema escucha, el sistema escucha.

Qué pasó: de un chat privado a una multa y una absolución​

La reconstrucción que circula sitúa el origen en un grupo privado de una aplicación de mensajería. Allí, en tono de broma, se mencionó la posibilidad de colocar un explosivo. La alarma se activó, se movilizó un caza y al autor del mensaje le acabaron reclamando una multa. El caso llegó a los tribunales y se cerró con absolución, según la información judicial citada.

Lo relevante no es la multa. Es que quien detectó el mensaje no fue, al parecer, la policía española. Según las versiones que circulan sobre el episodio, fue un servicio extranjero el que captó la conversación y trasladó el aviso a España, aunque los participantes del hilo no coinciden sobre cuál. De ahí a la alarma y al caza desplegado, un paso.

Cómo puede un mensaje privado acabar en manos de la policía​

La aplicación en cuestión cifra las comunicaciones, pero, como se ha señalado al analizar el caso, no lo hace del todo. Esa es la primera grieta.

La pregunta que sobrevuela el episodio es incómoda: ¿cómo llega una conversación supuestamente privada al otro lado en tiempo casi real? Las explicaciones probables no requieren magia. Requieren infraestructura: captación masiva, acuerdos entre servicios y sistemas que guardan lo que se dice por si algún día hace falta.

¿Está cifrado Snapchat? El caso de Tails y sus financiadores​

El nombre de Snapchat aparece en el centro de la conversación, con la advertencia de que su cifrado es parcial. De ahí surge la recomendación de volver a herramientas más antiguas y más cerradas: listas de correo y sistemas de anonimato como Tails, que enruta el tráfico por una red distribuida diseñada para dificultar el rastreo.

El problema es quién paga esas herramientas. Según un participante que dice haber revisado la lista de donantes de uno de esos proyectos, entre los mayores financiadores aparecen el Open Technology Fund —vinculado a la Open Society— y el Departamento de Estado estadounidense. Ese detalle, por sí solo, no demuestra nada. Pero es exactamente el tipo de dato que invita a la suspicacia: recomendar una herramienta que financia un Estado es, cuando menos, una recomendación con matices.

El cálculo que cabe en un pendrive de tres euros​

Aquí desaparece la discusión tecnológica y entran los números, en el cálculo que plantea uno de los participantes. Cuántas horas habla una persona al año: cien, pongamos, más de cuatro días de conversación sin tregua. ¿Qué ocupa eso comprimido? 32 gigas, un pendrive que hace años costaba tres euros.

Si el coste de almacenarlo todo es asumible, el argumento de que no se hace por razones técnicas se debilita. En el hilo se habla de la existencia en España de un sistema de escuchas —mencionado como SITEL— que grabaría y conservaría conversaciones durante cinco años. Quienes defienden esa tesis sostienen que tirar de ese archivo es la razón por la que en algunos casos aparecen llamadas antiguas de personas que aún no estaban bajo investigación.

¿Se puede romper el cifrado de una aplicación de mensajería?​

Dos posiciones chocan aquí. Una sostiene que los algoritmos de cifrado son públicos y que nada impide generar masivamente pares de claves públicas y privadas hasta dar con el par correcto. La otra responde con la aritmética.

Para almacenar todas las claves privadas posibles haría falta, en el cálculo que se esgrime, más de 100 órdenes de magnitud la capacidad de almacenamiento mundial: un uno seguido de cien ceros. Quítenle ceros, quédense solo con las más probables. Sigue sin haber discos duros en el planeta para eso. El cifrado no se rompe por fuerza bruta; se rodea.

Quién paga el caza​

Otra línea del asunto tiene menos que ver con la tecnología y más con la factura. Si la alerta fue innecesaria y vino de fuera, el coste del despliegue —el caza, el combustible, el dispositivo— no debería recaer, según una de las posturas defendidas en el debate, ni sobre el bromista ni sobre el contribuyente español, sino sobre quien dio el aviso. La referencia inevitable es 1984 y ese mundo donde la sospecha sustituye a la prueba.

Y el dato que descoloca, al final, no es la multa ni el avión: es que cien horas de conversación al año, comprimidas, caben en un pendrive de tres euros. Lo demás es decidir qué se hace con él.