¿A quién pondríais a custodiar las fronteras, ahora que sabemos que la Guardia Civil es incapaz de hacerlo?

Mercenarios y multas: la frontera se queda sin Guardia Civil​

La premisa es incómoda: si asumimos que la Guardia Civil no da abasto en las fronteras, la pregunta siguiente es quién debería ocuparse. Las respuestas oscilan entre lo radical y lo burocrático: contratar compañías militares privadas, convertir la entrada irregular en delito o penalizar con un euro al agente por cada inmigrante que cruce sin ser detectado.

La privatización tiene precedentes, pero pagar por expulsiones en caliente choca con el estado de derecho. La vía del incentivo económico suena más técnica, pero también más perversa: la misma lógica que premia al guardia civil le coloca en el papel de recaudador de sanciones. En medio, queda la sospecha de que el problema no es el personal, sino las órdenes que recibe.

La conversación evidencia una desconfianza creciente hacia los mecanismos institucionales de control migratorio. Si la solución pasa por privatizar la violencia legítima o por instrumentos de disuasión económica, España aún no tiene respuesta. La duda es si alguien la buscará con la mirada limpia.