A disfrutar ROJOS :El alquiler de vivienda ya es 'misión imposible' para las rentas más bajas

El alquiler marca máximos históricos y deja fuera a las rentas bajas​

Buscar piso de alquiler se ha convertido en un casting: nómina, aval, fianza y una lista de requisitos que engorda cada temporada. Y el mercado, mientras tanto, se estrecha y se encarece: el alquiler medio se situó en 11,7 €/m² en el primer semestre de 2023, por encima del máximo de la burbuja de 2007, y en septiembre escaló a 11,8 euros, nuevo récord histórico según Idealista. El informe Experiencia en alquiler en 2023 de Fotocasa lo resume sin adornos: el mercado atraviesa «uno de sus momentos más complicados». La subida acumulada desde 2014 supera el 63%.

El precio que ya supera el pico de la burbuja de 2007​

Los números no admiten matices. Si 2022 cerró con un encarecimiento interanual del 7,4%, el primer semestre de 2023 se aceleró hasta el 10,8%. El alquiler medio se colocó en 11,7 €/m², una cota que no se veía ni en plena fiebre del ladrillo. Septiembre trajo otro récord, 11,8 euros, y el acumulado desde 2014 rebasa ya el 63%.

La percepción va en la misma dirección que el recibo. El 93% de los demandantes considera que los precios son «caros» o «muy caros», y de ellos el 76% los califica de «muy caros». Entre los jóvenes de más de 25 años el porcentaje sube al 77%; en Cataluña, el 88% los sitúa en la franja más alta. Traducido: no es que el alquiler esté caro, es que se ha vuelto inalcanzable para quien cobra menos.

Cada norma para abaratar el alquiler y el recibo sube igual​

El marco normativo no ha dejado de moverse en los últimos años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha intervenido el mercado con topes a la renta y frenos a los desahucios por impago, con la pandemia de 2020 como punto de inflexión. El resultado medible hasta la fecha es un alquiler un 63% más caro que hace una década y una oferta que se estrecha. Cada medida anunciada como alivio ha coincidido con un piso más difícil de encontrar.

¿Por qué los caseros piden cada vez más garantías?​

Porque el contrato se ha llenado de desconfianza. La inseguridad jurídica y las dificultades para recuperar la vivienda en caso de impago —un procedimiento que, según se sostiene, puede alargarse un año como mínimo— han convertido al propietario en un departamento de riesgos. Para el 42% de los caseros, el principal problema es la desconfianza hacia el inquilino; en caso de impago, alegan, están vendidos.

La traducción llega al otro lado de la mesa. El 38% de los inquilinos admite que encontrar casa se ha vuelto más complicado porque las condiciones de solvencia y fianza han subido. El stock disponible está bajo mínimos y casi el 40% de los inquilinos sencillamente no encuentra piso.

¿Quién se queda fuera del mercado del alquiler?​

Las rentas más bajas, y no solo ellas. El precio está provocando dos tendencias que el informe describe sin rodeos: la expulsión de los inquilinos con menos ingresos, que en muchos casos descartan emanciparse, y un trasvase del tramo medio al mejor situado. El 49% de los demandantes tiene hoy una renta alta o medio alta, dos puntos más que un año antes, mientras el rango medio cae al 26%.

Hay más señales del estrechamiento. Uno de cada cuatro inquilinos que aún accede al mercado se ve obligado a pedir dinero prestado para pagar la entrada. La demanda de habitaciones en pisos compartidos crece 14 puntos porcentuales como solución de emergencia. Y quien no puede ni intentarlo desaparece directamente de la estadística: no busca, no cuenta.

La vivienda social que no llega​

Aquí el diagnóstico se rompe en competencias. El Gobierno central no construye viviendas, sostienen unos: eso corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos, empezando por Madrid. Otros recuerdan que hubo un tiempo en que las empresas municipales y autonómicas de vivienda —la EMVS, el IVIMA— levantaban protección oficial sin parar, y señalan solares en la capital con cuarteles y dependencias en ruina desde hace décadas.

Los balances de los últimos planes no invitan al optimismo. De la apuesta por pisos pequeños para jóvenes que impulsó el Ministerio de Vivienda en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero todavía se espera la primera promoción; de los proyectos anunciados después, tampoco hay noticia. La vivienda protegida figura en todos los programas y en casi ningún calendario.

Seguridad jurídica frente a más intervención: el pulso de fondo​

La discusión real no es el precio, es el marco. Una corriente defiende que la única palanca eficaz es ampliar la oferta: proteger al arrendador, avalar públicamente la renta en los casos vulnerables, listados de morosos y mano dura con quien destroza el inmueble. La contraria apuesta por topes de precios, promoción pública de alquiler de por vida, recargo fiscal a los pisos vacíos y límites al alquiler turístico.

Hay una tercera línea, más incómoda, que sostiene que construir no basta mientras la población con necesidad de vivienda crece cada año. La réplica es que el cuello de botella no está en la demanda sino en el suelo y la regulación. El desacuerdo atraviesa partidos, administraciones y territorios, y ninguno ha encontrado la fórmula.

El dato que descoloca​

Mientras el alquiler expulsa a quien no puede pagarlo, crece otra tendencia: el 52% de los demandantes de alquiler pretende comprar una vivienda en los próximos cinco años, la cifra más alta del último lustro. Es la paradoja perfecta. Renuncian a alquilar por caro y se refugian en una compra que, con estos precios y estas condiciones de financiación, tampoco está garantizada.