300 euros una habitación en Usera; 900 euros alquilar una vivienda al lado de Leganés

Más de 300 euros por una habitación en Usera; el sueldazo, 900​

¿Cuánto hay que ingresar para dormir bajo un techo sin compartir con desconocidos en Madrid? La respuesta, cada vez más, es más de lo que gana la mayoría. En Usera, según un mensaje difundido en redes, piden más de 300 euros al mes por una habitación en piso compartido. Y no es una excepción llamativa: quien aspira a algo mejor se conforma con un sueldo de 900 euros que, como resume ese mismo mensaje, hoy es casi un sueldazo. La cuenta no sale por ningún lado.

Cuatro años después, la discusión ha pasado por política de suelo, vivienda social, fondos de inversión, seguridad jurídica, turismo y un repaso entero a la historia económica del siglo XX. Nadie tiene la fórmula cerrada, pero el mapa del problema está bastante bien trazado.

España dedica al alquiler social el 1% de su parque; Europa, el 18%​

Una cifra vertebra el diagnóstico. En los principales países europeos, el parque de viviendas sociales en alquiler ronda el 18%. En España se queda en el 1%. No es un matiz estadístico: es la diferencia entre contar con una alternativa pública y no tenerla. Para quien abre el debate, el dato desmonta el argumento de que todo se arregla liberalizando suelo. Y aparece Singapur, el modelo que se invoca como paraíso ultraliberal: la pregunta que se lanza acto seguido es qué política de vivienda rige en realidad allí.

Quién está comprando el alquiler español​

Los números de la inversión institucional tampoco sostienen el relato de un mercado atomizado. El residencial destinado a alquiler cerró un primer semestre con 810 millones de euros de capital entrante. De esa cifra, 600 millones corresponden a una sola operación: la compra por parte del fondo alemán Patrizia de una cartera de 1.500 viviendas a BeCorp. De ahí el argumento que se repite: cuando el parque de alquiler se concentra en pocas manos, la competencia que debería tirar los precios a la baja deja de funcionar.

El diagnóstico se repite: si el mismo casero es dueño de medio barrio, el inquilino no tiene a quién recurrir, sostienen los críticos. Las SOCIMI, a las que se reprocha su trato fiscal, están en el centro de esa crítica. Del otro lado se recuerda que no todo el parque está en manos de fondos: junto a ellos conviven miles de propietarios particulares que complementan rentas modestas, como la pensionista que saca su piso al alquiler.

¿Por qué no bajan los alquileres si se construye más?​

Aquí está el nudo. El razonamiento que sostienen varios participantes es que ningún propietario alquila por debajo de lo que el mercado paga. Si percibe riesgo de impago prolongado o de ocupación, tiene dos salidas: no sacar el piso al mercado o cargarle al precio una prima por ese riesgo. Bajar de 700 a 400 no es una opción para quien teme pasarse meses sin cobrar y con un procedimiento judicial por delante. De ahí la tesis que defienden otros: garantizar el desalojo rápido de quien no paga aumentaría la oferta y presionaría los precios hacia abajo.

Enfrente responden quienes sostienen que la vivienda no es un bien cualquiera, que quien la necesita no puede esperar a que el mercado se autorregule y que no se construye ni una casa celebrando la inseguridad del propietario. La contraoferta más citada es intervenir sobre los pisos que permanecen vacíos. El desglose completo de cuántos inmuebles quedarían deshabitados si se fuerza su salida al mercado, y con qué precio, es la parte del asunto que sigue abierta.

La oferta y la demanda en un mercado intervenido​

Toca economía básica, y aquí la discusión se encona. Para uno de los participantes, un mercado intervenido con dinero público sigue respondiendo a la oferta y la demanda: la intervención es un factor más, mueve el punto de equilibrio pero no lo anula. Si sube la demanda —turismo, población flotante, cambio de modelo de negocio— suben los precios; si sube la oferta, bajan. La réplica llega rápida de otro participante: en un mercado donde los fondos no juegan con los mismos tiempos ni los mismos objetivos que una familia, invocar la oferta y la demanda a secas es hacer trampa.

De fondo hay un cambio de negocio que varios señalan. Pisos que antes eran habitaciones de hotel se ofrecen ahora como alojamiento de corta estancia, y eso engorda la demanda sin que crezca la población residente. La comparación con islas de alta presión turística se usa como espejo y se discute si es válida. Uno de los participantes añade un dato incómodo para el relato de la escasez pura: pisos de 60.000 euros a la venta en Barcelona que no se venden. Barato no siempre significa demandado.

Salarios, riesgo y una cuenta que no cierra​

El alquiler va pegado al mercado de trabajo. Hay quien sostiene que incluso asalariados dentro del 5% con mejores sueldos se ven obligados a destinar la mitad de su nómina a renta y suministros, y que las hipotecas ya se conceden a parejas porque un sueldo solo no llega. En el medio rural, otro participante sostiene que la vivienda social europea se percibe como último recurso, y el trabajador de baja cualificación que no puede traer a su familia cerca del empleo sencillamente no la forma. A partir de ahí la conversación se va a lo ideológico: los méritos y los fallos del capitalismo, la discusión sobre las expropiaciones y las comparaciones con Venezuela o con la Alemania de los años treinta, con el uso del bien común como justificación de casi cualquier cosa.

Cuatro años más tarde, los precios que abrieron la discusión parecen baratos. Seguimos sin acercarnos al parque público europeo, pero el asunto se actualiza solo cada vez que alguien busca piso.