12% de subida? irene montero tiene la solución: "expropiar casas a fondos y rentistas, prohibir la compra a no residentes y regular precios"

Montero propone expropiar viviendas a fondos y rentistas​

La vivienda sube un 12,7% y la gente no puede comprar ni pagar un alquiler. Con ese dato sobre la mesa, Irene Montero ha lanzado una batería de medidas que suenan a intervención total del mercado: expropiar casas a fondos y rentistas, prohibir la compra a no residentes y regular precios. El planteamiento, difundido en redes, no ha tardado en generar un debate que mezcla economía, ideología y mucha ironía. La pregunta de fondo es incómoda: ¿funcionaría algo así o es una receta para empeorar el problema que dice resolver?

El mensaje original no se anda con matices. Montero sostiene que «son especuladores quienes suben el precio acaparando casas» y que hay que actuar «o destrozan la sociedad». La propuesta incluye tres patas: expropiación de inmuebles en manos de fondos y rentistas, veto a la compra por parte de no residentes y control de precios. Es un cóctel que en España ya tiene antecedentes parciales, como la regulación de alquileres en zonas tensionadas, y cuyo resultado está lejos de ser pacífico.

¿Qué dice la ley de la oferta y la demanda?​

El argumento más repetido en contra es que intervenir el mercado sin tocar la oferta agrava el desequilibrio. Se señala que durante años se ha construido mucho menos de lo necesario mientras la población crecía: en los últimos cuatro años, según los datos que manejan los críticos con la medida, España habría sumado tres millones de habitantes, lo que exige más de 750.000 viviendas adicionales. Si a eso se le suma legislación que, según esta corriente, destruye oferta, el resultado es previsible: menos producto disponible y precios al alza.

Hay quien va más allá y habla de un shock de oferta provocado de forma consciente. La burbuja anterior, recuerdan, fue un shock de demanda, y las soluciones no pueden ser las mismas. Expropiar a fondos y rentistas no construye ni una sola casa. Prohibir la compra a no residentes puede enfriar la demanda extranjera, pero no resuelve el déficit estructural. Regular precios, sostienen, ha funcionado regular en Cataluña: los alquileres siguen siendo más caros en Barcelona que en Madrid, lo que invita a dudar de la eficacia de la medida.

¿Es viable expropiar a fondos y rentistas?​

La primera objeción es práctica: ¿a qué precio se expropia? Si es a precio de mercado, el coste para las arcas públicas sería astronómico. Si es por debajo, entra en colisión con el derecho de propiedad y con la seguridad jurídica que exige cualquier inversión. Y ahí aparece el efecto colateral que más preocupa a los analistas: una expropiación masiva dispararía la prima de riesgo, ahuyentaría capital y podría llevar la economía a un escenario que nadie quiere.

También hay quien recuerda que los políticos son los primeros que acumulan viviendas. La coherencia del mensaje, dicen, salta por los aires cuando quien propone expropiar tiene un patrimonio inmobiliario que no parece precisamente modesto. Es el argumento ad hominem que recorre buena parte de la discusión, aunque no invalide por sí solo el análisis económico.

¿Qué pasaría con los inquilinos vulnerables?​

Uno de los puntos más delicados es qué ocurre con las personas que hoy ocupan viviendas de fondos en régimen de alquiler social. Expropiar esos inmuebles sin un plan de continuidad podría dejar en la calle a cientos de miles de inquilinos que llevan años pagando rentas muy por debajo de mercado. La medida, tal como se enuncia, no aclara si se mantendrían esas condiciones o si el nuevo propietario público aplicaría otras.

El debate también roza la ocupación. Se critica que se haya promocionado la ocupación de viviendas vacías mientras no se resuelve el problema de fondo: qué hacer con quienes dejaron de pagar la hipoteca y siguen en sus casas gracias a prórrogas sucesivas. Nadie parece tener una respuesta clara, y menos aún un plan de desahucio que sea socialmente asumible.

¿Hay consenso en algo?​

Curiosamente, la prohibición de compra a no residentes genera más acuerdo del esperado. Incluso voces habitualmente críticas con la izquierda admiten que una moratoria de diez años para extranjeros no residentes podría tener sentido en un contexto de emergencia habitacional. Es la única pata de la propuesta que no provoca rechazo inmediato en todos los frentes.

El resto del paquete, en cambio, se percibe como un plan sin fisuras para mantener el parque de viviendas actual mientras la población crece. La conclusión más repetida es que la solución no pasa por repartir lo que hay, sino por construir más y eliminar los obstáculos que lo impiden. Con los precios donde están, la presión social seguirá subiendo. Si eso se traducirá en más intervención o en más ladrillo es la incógnita que nadie despeja.