El gasto en pensiones se cuadruplicará en 2050 y ningún partido concreta cómo pagarlo
La factura de las pensiones pasará de 112.861 millones de euros en 2024 a 422.315 millones en 2050, según las proyecciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidas por
elEconomista.es. Es decir, casi se cuadruplicará en 25 años. Y en plena precampaña del 29-N, ningún partido ha concretado todavía de dónde saldrá el dinero. El peso sobre el PIB subirá del 12,7% al 15,3%, y la AIReF maneja una horquilla aún mayor: hasta el 16,4% en 2050. La pregunta ya no es si el gasto crecerá, sino quién lo paga.
Por qué el gasto en pensiones se dispara hasta 2050
El factor principal es la jubilación de la generación del
baby boom, que representa alrededor del 31% de la población española. Su salida del mercado laboral elevará el número de pensionistas hasta 17,7 millones en las próximas décadas. A cierre de 2025 ya había 6,5 millones de jubilados, el 69% del total de perceptores; en agosto de 2026 la cifra ascendía a 6,65 millones. A eso se suma el aumento de la esperanza de vida, la mayor participación laboral de las mujeres y carreras de cotización más largas con mejores bases salariales. La revalorización anual conforme al IPC —en 2026 subieron un 2,7%, y para 2027 se prevé cerca del 3,5%— impulsa la pensión media año tras año. El gasto en jubilaciones ya pasó de 122.365 millones en 2023 a 138.816 millones en 2025, un 13,5% más. En los ocho primeros meses de 2026 la Seguridad Social había destinado 91.351 millones a estas prestaciones.
Qué proponen los partidos para financiar las pensiones
El PP sostiene que las pensiones son «innegociables y ya; se acabó», y Feijóo promete mantener la actualización conforme al IPC si llega a La Moncloa. Pero su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, admitió que el sistema «tal y como está no funciona y va a petar». Vox habla de un sistema «en peligro de extinción» y plantea estudiar un modelo mixto de capitalización, aunque evita cerrar una propuesta sin conocer antes la situación real de las cuentas públicas. La ministra Elma Saiz defiende que el sistema es «sostenible, robusto y equitativo». Ninguno ha publicado la línea concreta que seguirá.
El argumento migratorio para sostener las pensiones, en cuestión
Una parte del análisis sostiene que la inmigración no resuelve el problema y puede agravarlo. Según un cálculo que circula en el debate, un trabajador que cotice por debajo de 45.000 euros brutos anuales sería deficitario para las arcas públicas a lo largo de su ciclo vital, porque consume más recursos de los que aporta. Solo la inmigración altamente especializada, encuadrada en los grupos altos de cotización, tendría un saldo positivo, y España recibe un porcentaje muy bajo de ese perfil. En contra pesa el argumento de que ciertos sectores necesitan mano de obra y que la sanidad y los servicios públicos atienden a toda la población. El debate, en todo caso, no está cerrado con datos oficiales.
La demografía como telón de fondo
La pirámide de edad española no admite muchas lecturas alternativas. La ratio entre cotizantes y pensionistas se estrecha cada año y el sistema depende de ingresos corrientes, no de una hucha acumulada. Hay quien apunta a que la solución pasará por privatizar parcialmente las pensiones, como en Estados Unidos, donde quien no cotiza a un plan privado queda expuesto a la intemperie. Otros señalan que el endeudamiento público permite ganar tiempo, pero no resolver el problema de fondo. Y una corriente más pesimista sostiene que la única salida será recortar prestaciones o elevar la edad de jubilación, algo que ningún partido quiere poner por escrito en un programa electoral.
Con estas cifras sobre la mesa, la pregunta no es si el sistema aguantará, sino cuánto tiempo más se puede sostener el silencio de los que aspiran a gobernarlo. ¿Alguien piensa decirlo antes del 29-N?