Resumen del debate: Y la banca muy callada pero son culpables.os recuerdo

Rescate bancario: 90.000 millones y la alfombra donde fue la basura​

España sostuvo su sistema financiero con dinero público y la cifra que se discute estos días es redonda y difícil de tragar: 90.000 millones rescatados a una entidad que nunca los devolvió, según sostiene uno de los participantes en el debate. El origen no fue una mala racha. Durante la burbuja se levantaron cinco millones de viviendas de las que solo se vendió la mitad; en un solo año se construía aquí más que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, según los datos que se citan en el hilo. Cuando la música paró, alguien tenía que quedarse con el sobrante. Y ahí arranca el desacuerdo.

¿Qué fue la Sareb y por qué se le atribuyen 90.000 millones?​

La sociedad pública de gestión de activos nació al calor de la ley 9/2012 para absorber el ladrillo tóxico de las entidades intervenidas. No entró todo el mundo. Los grupos de transferencia se limitaron a BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco, Banco Gallego y Banco de Valencia, por un lado, y a BMN, Liberbank, Banco Caja3 y Banco Ceiss, por otro, según los listados que se citan en el debate. Ni el Santander ni el BBVA traspasaron activos a la sociedad, según esa misma versión.

La versión más dura sostiene que el Estado compró 150.000 millones en activos y los revendió a fondos buitre por debajo de precio, con pérdidas de 5.000 millones anuales que se tapan a base de ampliaciones de capital público. La lectura opuesta es que la Sareb es un organismo con miles de nóminas y contratas —un chiringo, en el argot—, pero que eso no lo convierte en el rescate. Las dos cosas se dicen con la misma seguridad.

Las cajas no eran públicas: el origen político del agujero​

El argumento de que el pufo lo abrió la banca privada choca con una fecha incómoda que se cita en el debate: 1985. Ese año, según esta versión, la normativa metió a políticos y sindicatos en los consejos de administración de las cajas. En 1990, Caja Madrid repartía asientos entre seis representantes del PSOE, cuatro de IU, cuatro del PP y dos del CDS, según los datos que se citan en el hilo. Las cajas hacían obra social para no pagar impuestos y su régimen jurídico era privado —sus empleados nunca fueron funcionarios—, pero quien mandaba era quien repartía cargos.

De ahí sale la tesis de que el rescate sirvió, sobre todo, para tapar las vergüenzas de los partidos. El contraargumento no discute el dato: recuerda que a la banca privada la operación le vino de perlas y que el perímetro de la Sareb se diseñó para que las entidades sanas no tuvieran que arrimar el hombro. En el intercambio se pregunta, de pasada y sin desarrollo, por la trayectoria profesional del presidente del Gobierno antes de su salto a la política.

El Popular y el euro simbólico: quién pagó realmente​

El Banco Popular se resolvió por un euro. La operación se presentó como una venta entre privados y se recuerda como un rescate encubierto: el Santander se quedó la entidad con una estructura protectora de fondos públicos detrás. El coste real depende de a quién se pregunte.

El cálculo más favorable al comprador suma 12.000 millones en créditos fallidos más 7.000 millones de ampliación de capital, 19.000 millones en total, y concluye que el Estado no puso un céntimo. La otra versión subraya que sin esa red de seguridad pública la compra habría sido impensable. Ambas pueden ser ciertas a la vez, y ese es justo el problema.

Deuda privada al 270% y deuda pública al 100%: el trasvase​

En 2008 la foto era esta, según las cifras que maneja uno de los participantes: deuda privada de empresas y hogares en el 270% del PIB frente a una deuda pública del 39,9%. Después del rescate, el reparto se habría invertido. En 2020 la privada había bajado al 150% y la pública había subido al 100%. El sector público hizo de amortiguador de un desequilibrio que nació en balances privados.

El andamiaje fue largo. El Estado creó en 2008 el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, dotado con 30.000 millones ampliables a 50.000, y abrió avales a emisiones bancarias con hasta 100.000 millones autorizados, según las cifras que se citan. El BCE puso la liquidez. Todo empezó, según la lectura más repetida, con Lehman Brothers y las hipotecas basura empaquetadas en productos con triple A. La lectura alternativa apunta antes: al crédito barato y al suelo recalificado por decreto.

Lo que quedó después: 25.000 desahucios al año​

La parte social de la cuenta no la paga ningún balance. Un forero contabiliza unos 25.000 desahucios anuales, cifra que se mantendría desde los peores años de la crisis y que apenas habría variado con los cambios normativos. El pufo inmobiliario acumulado, unos 250.000 millones según la estimación que circula en el debate, se socializó mientras la vivienda seguía escapándose del alcance de quien la perdió.

El resumen que hacen las voces más críticas es simple: se rescató a las entidades y se dejó caer a los inquilinos. Quien defiende el diseño institucional responde que sin esa intervención el sistema de pagos habría quebrado y el daño habría sido mucho mayor. Ninguna de las dos versiones explica por qué el suelo urbanizable se multiplicó mientras el crédito se regalaba.

Han pasado años desde la intervención y todavía no hay una versión única. Se sabe cuánto se puso. No se sabe quién lo devolvió. ¿Alguien piensa que esta vez el final será distinto?