Resumen del debate: ÚLTIMA HORA | Junts votará en contra de los dos decretos de vivienda y pide al Gobierno que los retire antes de la votación de este viernes

Junts tumba los decretos de vivienda y calcula el rédito electoral​

El pleno del Congreso vota este viernes los dos decretos ley de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó esta semana. El resultado se conoce antes de que se cuenten los votos: Junts ha anunciado su voto en contra y ha pedido al Gobierno que retire ambos reales decretos antes de la votación. El Ejecutivo se ha negado. También se ha negado a redactar uno nuevo que cumpla las condiciones del partido catalán. Súmese el rechazo de PP, UPN y Vox y la derrota parlamentaria queda firmada.

A quien seguía la pista, la noticia no le pilla. Hay quien recuerda que el anuncio se adelantó en un programa de radio la noche anterior. Otros lo despachan directamente como «previsible». Lo que importa no es el pronóstico, sino la consecuencia: un Gobierno que pierde una votación sobre el asunto que él mismo había convertido en bandera.

Qué se vota este viernes y con qué mayoría​

Los dos decretos ley de vivienda llegan al pleno del Congreso después de su aprobación por el Consejo de Ministros. La votación está fijada para la mañana del viernes. Junts no desveló su intención de voto hasta la noche del jueves, cuando comunicó que votaría en contra y reclamó la retirada previa de los textos. El Gobierno mantuvo su posición: no retira nada.

Sin Junts, el bloque del no engorda con PP, UPN y Vox. Eso deja el resultado colgando de una aritmética muy estrecha. Si un solo diputado cambia de idea —o se equivoca al pulsar el botón— el escenario se da la vuelta. Coalición Canaria aparece en más de un análisis como el socio cuyo voto puede inclinar la balanza, y no se trata precisamente de un grupo de izquierdas.

El votante de clase media-alta que Junts no quiere perder​

La clave de la negativa está en el electorado, no en el articulado. El diario El País lo resumía sin rodeos: el partido heredero de Convergència trata de cuidar a su votante medio, identificado como clase media-alta catalana, que tradicionalmente ha visto en el mercado inmobiliario un activo donde pescar rentabilidades generosas. Votar a favor de un decreto que toca el alquiler es, para ese votante, una contrariedad.

Hay un factor añadido que recorre los análisis: la irrupción de Aliança Catalana, que le disputa votantes por el flanco. En ese contexto, un no a los decretos de vivienda cuesta menos que un sí. Y de fondo late la vieja discusión sobre el peso del pequeño propietario, del autónomo y del dueño de pyme en el electorado convergente.

El PNV vota a favor y la pregunta es la factura​

Frente al no de Junts, el PNV sostiene el sí. Y ahí aparece el otro frente, el de las consecuencias. Parte del análisis sostiene que su votante habitual es un perfil muy fiel, poco dado a castigar decisiones del partido, pero también envejecido. Otros apuntan a que el grueso de su base —clase media, propietarios, gente de orden— puede pasar factura en las próximas elecciones por respaldar un texto que no le beneficia.

Nadie sabe cuánto pesa cada cosa. Lo que sí se repite es la idea de que el coste para el PNV es mayor que el de Junts, porque el partido catalán juega en casa con su propio relato y el vasco no.

¿Por qué el problema de la vivienda no se lee en clave izquierda-derecha?​

Porque el argumento que más se repite es que se trata de un asunto de oferta y demanda, no de ideología. Gran parte de la población española es propietaria de vivienda, y un decreto que estrecha la rentabilidad del alquiler toca el bolsillo de millones de personas que no se identifican con ningún extremo.

El cálculo político del momento es el opuesto: el Gobierno puede presentar el no como una defensa de los fondos de inversión frente a los inquilinos. Unos lo llaman relato; otros, directamente, cortina de humo. La discusión sobre a quién beneficia tumbar los decretos sigue abierta. Hay quien sostiene que, si salieran adelante, parte del stock de alquiler se retiraría y los precios subirían, lo que acabaría premiando a los arrendadores que aguanten.

¿Qué pasa si los decretos no salen adelante?​

Que el Gobierno pierde una votación y gana, sobre el papel, un argumento de campaña. La tesis más repetida es que el resultado importa menos que el marco: el texto no iba a arreglar nada, pero el no permite colocar a la derecha del lado de los propietarios y al Ejecutivo del lado de los inquilinos. La movilización por la vivienda podría convertirse en el combustible de un adelanto electoral.

Nada de eso está confirmado. Lo único verificable es la votación del viernes, con los números ya contados en voz alta por cada grupo antes de que se levante la sesión.

Con la balanza en manos de Coalición Canaria y la pérdida de votos como única certeza, la pregunta ya no es si caen los decretos, sino cuántos diputados prefieren que caigan y no decirlo hasta el último segundo.