Resumen del debate: ÚLTIMA HORA | El Defensor del Pueblo llevará al Tribunal Constitucional la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la 'ley de nietos'

El Defensor del Pueblo lleva al Constitucional el censo del voto de la ley de nietos​

El Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la llamada ley de nietos, después de que el Tribunal Supremo frenara su inclusión en el censo electoral. El movimiento, adelantado por ABC, llega después de que el recurso de amparo de la Abogacía del Estado fuera descartado por falta de legitimación. Solo el Defensor puede defender derechos de terceros cuando los afectados no lo hacen de forma individual. La institución pide medidas cautelarísimas contra la decisión del Supremo.

Qué es la ley de nietos y por qué está en los tribunales​

La norma permite nacionalizar a descendientes de emigrantes españoles, muchos de ellos residentes en Argentina y otros países iberoamericanos. El Supremo suspendió la inclusión de miles de esos nuevos nacionalizados en el censo electoral, y el Gobierno buscó primero un amparo que la Abogacía del Estado no pudo sostener. Ahora es el Defensor del Pueblo quien asume la vía. El artículo 162.1.b de la Constitución y el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981 facultan a la institución para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

El detalle jurídico que se discute es si esa legitimación permite pedir cautelarísimas sin haber agotado antes la investigación y la resolución del caso. Hay quien sostiene que el Defensor debe primero instar a las partes y esperar la resolución judicial, y que saltarse ese paso podría constituir un supuesto de prevaricación. La discusión no está cerrada.

Cuántos votos están en juego y dónde importan​

El número de afectados que se maneja ronda los 170.000 votantes potenciales, según los cálculos que circulan en el análisis del caso. La cifra, en bruto, no mueve elecciones generales. El problema es la distribución: en provincias donde el último escaño se decide por unos cientos o pocos miles de votos, cualquier bolsa concentrada de votantes nuevos puede inclinar el reparto. Ese es el argumento que más se repite entre quienes ven en la operación algo más que una cuestión de derechos.

El voto CERA, el de los residentes en el exterior, es el mecanismo por el que esos votantes entran en el censo. Y ahí es donde entran las sospechas sobre el recuento, el voto por correo y la trazabilidad del proceso. La desconfianza no es nueva, pero el volumen añadido la amplifica.

El calendario aprieta y el Constitucional tiene la última palabra​

El margen temporal es mínimo. El Defensor del Pueblo termina mandato el mes siguiente, según se apunta en el análisis, y el asunto sigue vivo en el Supremo. Quienes defienden la vía del Constitucional sostienen que las cautelarísimas pueden aplicarse antes de oír a las partes, y que una vez dictadas las elecciones se celebrarían con esos votos dentro. Quienes la critican recuerdan que el TC ya es restrictivo admitiendo amparos y que serlo menos aquí sería un precedente sin parangón en la historia jurídica democrática.

El cierre lo da el propio calendario: si las cautelarísimas salen adelante, no hay tiempo material para revertirlas antes de la cita electoral. Y si no salen, el Supremo habrá marcado el terreno. En cualquiera de los dos escenarios, el censo electoral habrá dejado de ser una foto fija.