Resumen del debate: UGT y CCOO piden que el SMI suba un 7% en 2027, hasta los 18.300 euros brutos anuales

UGT y CCOO piden subir el SMI un 7% en 2027, hasta 18.300 euros​

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido este martes, durante la presentación de sus reivindicaciones para la huelga general del 11 de noviembre, que el salario mínimo interprofesional suba «por lo menos» un 7% en 2027. La cifra, que situaría el SMI en unos 18.284 euros brutos anuales —1.524 euros en 12 pagas y 1.306 en 14—, supondría el mayor incremento anual desde 2023, cuando se repercutió una inflación media del 8,4%. El anuncio llega días después de que arrancara la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo, que en unas tres semanas propondrá su propia horquilla.

La petición se produce con el calendario electoral acelerado por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La cartera de Yolanda Díaz pretende aprobar la subida con efectos desde el 1 de enero de 2027 antes de los comicios, junto a otras medidas laborales como el endurecimiento del registro de jornada. El Banco de España prevé un IPC medio del 3,9% en 2026 y del 3,7% en 2027, de modo que el alza sindical superaría con holgura la inflación estimada. En febrero de este año, el Gobierno aprobó un 3,1%, por debajo del IPC finalmente registrado.

Qué supone en la nómina y por qué se pide ahora​

Con el SMI repartido en 14 pagas, el incremento sindical se traduciría en 85 euros más al mes para los trabajadores afectados. No es la primera vez que los sindicatos intentan forzar el ritmo: hace unos meses ya plantearon un segundo incremento en 2026 por el repunte de la inflación, y Trabajo lo descartó emplazando el impacto a 2027. La crisis energética vuelve a tensar los precios, aunque con una intensidad inferior a la de 2022.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que «las empresas están acumulando más beneficios que nunca» y que los salarios deben ganar terreno en un contexto inflacionario y de crisis habitacional. Además del SMI, ha reclamado al Gobierno que apruebe antes de que acabe la legislatura el registro horario y la limitación de la compensación y absorción de pluses cada vez que sube el SMI, una vía que usan las empresas para amortiguar los incrementos eliminando complementos. Sordo ha sugerido incluso hacerlo por real decreto-ley y convalidarlo en la Diputación Permanente.

El efecto sobre el resto de convenios y salarios​

Más allá del SMI, los sindicatos piden incrementos de entre el 4% y el 7% para el periodo 2026-2028 y la recuperación de las cláusulas de revisión salarial en un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva pactado con la CEOE. El último, el IV AENC, caducó en 2025 y las negociaciones no se han reanudado. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha señalado que no ha habido contactos con la patronal tras la convocatoria de huelga: «Podrían habernos convocado para hablar del AENC y para adelantar los convenios colectivos que hay bloqueados; sin embargo, hemos visto que la posición es justamente la contraria». Antonio Garamendi, líder de la CEOE, sugirió la semana pasada que la huelga podría ser ilegal porque los motivos son ajenos al mundo laboral, mientras los sindicatos justifican su alianza con el sindicato de inquilinas en que los salarios no bastan para pagar la vivienda.

El argumento del daño a los trabajadores cualificados​

La medida no ha sentado bien en todos los sectores. Una corriente de análisis sostiene que las subidas indiscriminadas del SMI comprimen la escala salarial: si el salario mínimo se acerca al de un oficial de primera o al de un ingeniero recién titulado, la responsabilidad y la experiencia dejan de compensarse. En el sector del metal, hay quien argumenta que el SMI ha subido alrededor de un 65% desde 2018 mientras los convenios del sector lo han hecho en torno a un 30%, lo que en su opinión devalúa el trabajo cualificado y presiona a la baja las categorías intermedias.

Hay quien va más allá y avisa de un efecto sobre el empleo: menos horas, más contratos parciales y más dificultad para que un joven sin experiencia encuentre su primer trabajo. Frente a eso, otra línea de opinión recuerda que las empresas que necesitan oficiales o jefes de equipo acaban pagando más por pura necesidad de mercado, y que el SMI solo fija el suelo, no el techo. La discusión sobre si el SMI debe ser único para toda España o adaptarse por provincias —como ocurre en Suiza, donde existen mínimos locales refrendados en algunos cantones— recorre el fondo del asunto.

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Con la comisión de expertos aún trabajando y las elecciones a la vuelta de la esquina, el escenario más probable es que la subida se apruebe por decreto antes del 29-N, con efectos desde enero. Si el 7% se confirma o se queda en una horquilla inferior, y si eso se traduce en una mejora real del poder adquisitivo o solo en un nuevo escalón nominal, es algo que no se sabrá hasta que la nómina de enero llegue a casa.