España, en el top 3 de un ranking de consumo de cocaína
España figura en el tercer puesto de un ranking de consumo de cocaína, solo por detrás de Bélgica y Países Bajos, según los datos que maneja el sector y que sitúan a los primeros dieciséis países de la lista como europeos. El dato, lejos de sorprender, ha reabierto la discusión sobre el modelo económico español: turismo masivo, hostelería,
economía sumergida y una tolerancia social que convive con el negocio mientras no salpique a la postal turística.
¿Por qué España está en el top 3 de consumo de cocaína?
El argumento más repetido apunta al turismo como distorsionador de la estadística. Un país que recibe
100 millones de turistas al año presenta un consumo absoluto muy superior al que correspondería a su población real, y los estudios que miden aguas residuales no distinguen entre residentes y visitantes. A eso se suma el efecto de las ciudades portuarias: Tarragona, Valencia o los puertos del norte aparecen en posiciones altas porque son puntos de entrada de mercancía y de contrabando, no necesariamente porque sus vecinos consuman más.
La segunda corriente de análisis pone el foco en la estructura económica.
Turismo, noche, hostelería, economía sumergida, mucho dinero en efectivo moviéndose y una cultura del «no pasa nada» mientras el negocio no moleste. Quien sostiene esta tesis recuerda que el problema no es solo de consumo: hay barrios degradados, narcopisos, ocio nocturno cada vez más reventado y una parte de la economía que funciona como si el Estado solo apareciera para cobrar impuestos al trabajador formal.
El ranking por ciudades: Tarragona y Valencia por delante de Madrid
El desglose municipal añade leña al fuego. Tarragona aparece con un consumo por habitante casi un
50% superior al de Valencia, y Valencia por delante de Madrid, lo que descoloca a quien esperaba ver a la capital liderando la tabla. La ausencia de ciudades gallegas en los primeros puestos, cuando la comunidad arrastra desde hace décadas una fama que ella misma se encarga de recordar, alimenta las dudas sobre la fiabilidad del método.
La comparación internacional tampoco cuadra. Que Bélgica y Países Bajos encabecen la lista tiene una explicación logística: la sede del Europarlamento en Bruselas, los grandes puertos de Róterdam y Amberes y una densidad de población que multiplica la concentración de consumo por kilómetro cuadrado. En el lado opuesto, hay quien considera directamente estúpida una tabla que sitúa a Bélgica consumiendo diez veces más que Estados Unidos.
El método bajo sospecha: aguas residuales y sesgo portuario
La crítica más técnica cuestiona la herramienta de medición. Analizar aguas residuales implica que las ciudades portuarias, con mucho tránsito de mercancías y mayor presión policial, tienen más probabilidades de que la droga acabe tirada por el desagüe o eliminada por esa vía. El resultado infla a los puertos y deja fuera a ciudades del interior donde el consumo existe pero no se detecta igual. La alternativa que proponen algunos analistas pasa por cruzar ingresos hospitalarios, encuestas de consumo y otro tipo de baremos antes de sacar conclusiones.
El detalle cotidiano que aportan quienes viven en primera línea es menos sofisticado y más difícil de rebatir: basta con salir a la calle y contar los
rodel de plástico verde que aparecen cada cien metros en cualquier acera. Un cálculo que circula entre los más meticulosos estima que en Tarragona se consumen
1,4 miligramos por habitante, una cifra que, llevada al absurdo, daría un pollo y medio por vecino.
La lectura política y social del dato
La conversación deriva rápido hacia el terreno político. Hay quien sostiene que la posición española responde a la corrupción y al narcotráfico, y que para que la droga se mueva con esa facilidad el Estado, la justicia y las fuerzas de seguridad tendrían que estar implicados de alguna manera. Otros ironizan con que el PSOE está perdiendo elecciones y que, cuando remonte, España recuperará el primer puesto. La broma tiene su punto: el consumo se lee como termómetro del ánimo nacional.
En el extremo más duro del espectro aparecen propuestas de mano dura, incluidas las que piden ejecuciones para los consumidores, y explicaciones que culpan a la inmigración o a comunidades autónomas concretas. Son posturas minoritarias dentro del conjunto, pero ruidosas, y conviene situarlas como lo que son: opiniones lanzadas al calor de la discusión, no diagnósticos con datos detrás.
Lo que dicen los datos y lo que no
El consenso más amplio, paradójicamente, es el más incómodo: en España se mete todo el mundo. Desde el abuelo que se enteró tarde hasta el chaval que sale el sábado, pasando por el ejecutivo que se cree por encima. Un psicólogo citado en la conversación asegura que un tercio de la población se mete con facilidad, una afirmación sin respaldo estadístico en el material disponible pero que resume la sensación ambiental.
La comparación con otros países europeos matiza el cuadro. En el norte de Europa la normalización de ciertas sustancias es mayor y el consumo se reparte entre círculos más amplios; en España, en cambio, el joven fiestero tiene mucho más fácil drogarse con alcohol que con cualquier otra cosa. La cocaína, en cambio, se asocia a un perfil concreto: quien quiere sentirse especial un rato, aunque le salga caro y le destroce la nariz.
Con estos mimbres, la pregunta no es si España consume mucho, sino cuánto de ese consumo es real y cuánto es estadística inflada por el turismo, los puertos y un método de medición que premia a quien más mercancía mueve. ¿Alguien se atreve a desglosar el ranking por residentes y visitantes?