Puente suma otra denuncia y el hilo se ceba en el seguro de viajeros
El hilo pega un volantazo. Si la entrega anterior se partía entre el lucro cesante y la responsabilidad civil objetiva, ahora la conversación se llena de tuits, denuncias y una pregunta que nadie termina de responder: ¿los
72.000 euros son todo o solo el aperitivo? La mañana del 3 de noviembre arranca con el nombre de Puente otra vez en boca de todos, pero por un motivo distinto: la primera denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Qué se ha sabido
Un participante enlaza un tuit de
El Mundo que avanza la noticia:
«Primera denuncia contra Óscar Puente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por divulgar las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas». El mismo forero añade otro tuit que interpreta la denuncia como la razón por la que el ministro no dimite:
«Por eso no dimite, tiene que estar aforado, la primera de muchas denuncias.»
La cifra que reaparece con más insistencia no es la de las víctimas, sino la del presidente de Adif:
195.000 euros al año, según un mensaje. Alguien lo compara con los
72.000 y sentencia que «la vida de los que la perdieron en el accidente vale 72000€». El cálculo se repite en varios mensajes con la misma amargura.
Aparece también el caso de Adamuz. Un participante cuenta que el presidente de la asociación de víctimas ha dicho que hay afectados
sin cobrar desde hace 10 meses, pagándose fisios y rehabilitación de su bolsillo. La denuncia no es nueva, pero en este tramo se usa como prueba de que la ayuda anunciada no siempre llega.
Y un enlace que ya circulaba desde la entrega anterior vuelve a pegarse:
El Economista: Garamendi ocultó a la cúpula de la CEOE los 240.000 euros que cobrará Báñez. El dato sirve para volver a calcular:
72.000 euros equivalen a menos de cuatro meses de ese sueldo.
Dónde está la bronca
El eje del debate se mueve. Ya no es solo si el Estado paga poco, sino si lo que paga es una ayuda, un adelanto o una limosna. Aquí entra el seguro obligatorio de viajeros (SOV).
Un forero lanza la pregunta: «El Estado va a dar una ayuda, pero luego el seguro tendrá que indemnizar a parte ¿no?». Él mismo se responde tras consultar a una IA: «a parte de la ayuda de los miles que dice el tuit tienen que cobrar el SOV seguro obligatorio de viajeros. La ayuda es libre de impuestos». Y remata: «¿como estará la cosa para que estén dando dinero además de lo del seguro?».
La réplica llega de otro participante, que sostiene que el seguro de viaje ya va incluido en el billete: «pagará el seguro de viaje, que para eso están y va unido a la compra del billete. El mono no paga nada. Y el Estado tampoco». La discusión se enreda: unos creen que los
72.000 son un adelanto; otros, que es todo lo que hay.
El frente político se reactiva con la denuncia. Un forero sentencia: «Cada comparecencia que habla, la caga más. Y el tío sigue. No sé si es más sociópata que imbécil o viceversa». La frase condensa el tono de la mañana: la indignación ya no es solo economicista, es también política.
Y aparece la vía penal como salida. Un participante plantea: «si los afectados demandan por negligencia grave pueden tener indemnizaciones muy superiores a las del seguro de viaje obligatorio por daños morales, lucro cesante, daños psicológicos...». Añade la letra pequeña: «Lo suyo sería meterlo por la vía penal por negligencia y luego negociar indemnizaciones mucho más altas....claro que esto lo pagaría el Estado...vamos, nosotros».
Qué cambia respecto a antes
El caso Ibáñez pierde peso. La conversación ya no gira en torno a si la familia de una directiva cobra más o menos que la de un administrativo, sino a si el anuncio de Puente es una ayuda o una indemnización encubierta. El SOV entra con fuerza y se convierte en el nuevo campo de batalla. La denuncia ante la Fiscalía del Supremo desplaza el eje del lucro cesante al aforamiento. Y el dato de Adamuz —afectados sin cobrar desde hace 10 meses— introduce una duda nueva: no solo es cuánto, sino cuándo.
El cálculo que circula
En medio del ruido, un forero hace la cuenta que otros repiten: «se muere tu padre que ganaba 7.000 euros al mes y te dan 70.000 para toda la vida, lo que ganaba en 10 meses». Otro lleva la cifra al terreno macabro: «A 70 Kg de peso promedio por persona sale a 1000€/Kg». No es un dato oficial, es un cálculo que circula en el hilo. Pero sirve para resumir la sensación dominante:
el Estado ha puesto precio a la carne.
La tarde del 4 de noviembre el hilo sigue partido entre los que creen que el SOV complementará la cifra y los que sostienen que los
72.000 son el techo. Nadie ha traído el texto exacto de la ley. Nadie ha confirmado cuánto cobrará realmente una familia. Y la denuncia contra Puente sigue su curso.