72.000€ por una vida: el hilo estalla con Fátima Ibáñez
El hilo se parte en dos. A primera hora de la mañana, los mensajes repetían la misma cifra:
72.000 euros por una vida. Pero a media mañana aparece el nombre de Fátima Ibáñez y la discusión cambia de eje. Ya no es solo que el Estado pague la mitad de lo que marca la ley, sino que esa mitad se aplique por igual a una administrativa y a una directiva que ganaba
240.000 euros al año.
Qué se ha sabido
Un participante enlaza una noticia de
El Economista de 2020 sobre el sueldo de Fátima Ibáñez en la CEOE:
240.000 euros anuales. Con ese dato, calcula que los 72.000 euros de indemnización equivalen a menos de cuatro meses de su sueldo. El mismo mensaje enlaza la información de
El País sobre las indemnizaciones a heridos graves: hasta
84.000 euros para casos de ceguera o tetraplejia. La cifra se repite en varios mensajes con incredulidad.
Otro participante aporta un tuit de Joaquín Prat criticando a Puente por «tasar en cifras el fallecimiento de una persona seis días después». Y un tercero recupera un tuit sobre el anuncio de Puente de crear un agente de IA para supervisar la red ferroviaria, que se comenta con sorna:
el neandertal ya tiene la solución.
Dónde está la bronca
La discusión se divide en tres frentes. El primero es el más repetido: el Estado paga menos que el mercado. Varios foreros comparan la cifra con lo que cuesta un coche —un Audi Q6— y con lo que un particular paga si mata a alguien con su vehículo: entre
160.000 y 200.000 euros, según un cálculo que circula en el hilo. «Tú matas a alguien te cuesta entre 160.000 y 200.000€. El estado te mata y te dan menos de la mitad hasta teniendo pagado tú billete de transporte», resume uno de los participantes más activos.
El segundo frente es el caso Ibáñez. Aquí chocan dos argumentos. Uno sostiene que la indemnización debería reflejar el lucro cesante: la familia de Fátima pierde mucho más que la de un administrativo. El otro defiende la responsabilidad civil objetiva: todos los viajeros son iguales ante la ley, con independencia de sus ingresos. «La responsabilidad civil objetiva trata a todos por igual. Si nos planteamos distintas indemnizaciones según el lucro cesante o los ingresos primero nos tendríamos que plantear si es lícito cobrar distinto según los ingresos del viajero por el mismo asiento ¿no crees?», plantea un forero. La respuesta no se hace esperar: «¿debería indemnizarse mas a la familia que mas pierde? es un debate curioso».
El tercer frente es el papel del Estado en el transporte. Un participante introduce el argumento de que el AVE es deficitario y se financia vía impuestos: «el que mas gana paga un billete mas caro, solo que en un % oculto vía impuestos». La réplica llega rápida: «TODO tiene alguna clase de subvención pública, incluso las empresas más privadísimas». La discusión deriva hacia si el sistema público de indemnizaciones es una estafa o una garantía.
Qué cambia respecto a antes
Hasta ahora el debate era una cifra: 72.000 euros frente a 160.000. Con la entrada del caso Ibáñez, el foco se desplaza a la equidad del baremo. Ya no se discute solo cuánto, sino a quién. El hilo pasa de la indignación por la cifra baja a la pregunta incómoda: ¿debe el Estado indemnizar según lo que cada víctima aportaba económicamente? No hay consenso. Unos piden el lucro cesante; otros defienden la igualdad legal. Y de fondo, la desconfianza en que el Estado cubra de verdad: «el estado te cierra la puerta en las narices».
El cálculo que nadie rebate
Un forero hace la cuenta del lucro cesante: «el lucro cesante de la familia de Fátima es mucho mayor que el de la familia de un administrativo PACO que fuera en el AVE». Pero él mismo introduce el matiz: «tampoco sabemos si Fátima iba a ganar eso el año que viene, ni hasta su jubilación, o que no pudiese enfermar». La incertidumbre juega contra el cálculo. Nadie discute el dato del sueldo, pero sí su proyección futura. La pregunta queda flotando: ¿cuánto vale una vida que ganaba 240.000 al año?