Resumen del debate: Puente declara que indemnizará a las familias de los fallecidos con 72.000€ por debajo de los 160.000€ que vale una vida humana.

Puente cifra en 72.121 euros la indemnización por cada fallecido​

¿Cuánto vale una vida para el Estado? Según lo declarado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, las ayudas por fallecimiento en el siniestro ferroviario de Adamuz se fijan en 72.121,41 euros, mientras que las lesiones corporales van de 2.404 a 84.141 euros según su gravedad. La cifra, expuesta en rueda de prensa, ha caído como un jarro de agua fría entre las familias y entre buena parte de la opinión, que compara el baremo con los 160.000 a 200.000 euros que, según un cálculo que circula en el debate, costaría una condena por homicidio imprudente.

El malestar no nace solo del número. Nace de la sensación de que el mismo organismo que investiga el siniestro es el que pone precio a las víctimas. «El Estado indemnizará con lo que corresponda por ley, no con lo que tenga a bien un ministro», resume una de las corrientes críticas. Otra apunta al lucro cesante: no vale lo mismo la vida de un alto directivo que la de un administrativo, y el derecho de seguros ya lo contempla así.

El baremo que fija el precio de una vida​

En España las indemnizaciones no se negocian caso por caso: están tabuladas. El sistema de valoración de daños personales establece cantidades orientativas que los tribunales aplican con márgenes estrechos. De ahí que la cifra de 72.121 euros no sea un capricho del ministro, sino el resultado de una tabla que lleva años sin actualizarse al ritmo de la vida real. Quien perdió a un familiar en el tren no cobrará lo que costaría un piso medio; cobrará lo que diga el baremo.

La comparación con el coste de matar a alguien es la que más duele. El cálculo que se repite en la conversación —entre 160.000 y 200.000 euros por un homicidio— deja a la indemnización administrativa en menos de la mitad. Y hay quien va más allá: «Un piso te cuesta como cuatro o cinco vidas humanas». La frialdad del dato choca con la evidencia de que el Estado, cuando actúa como asegurador, paga menos que cuando actúa como juez.

¿Debería cobrar más quien más ganaba?​

Aquí el asunto se complica. El derecho de seguros distingue entre daño emergente y lucro cesante: lo que la víctima deja de ingresar por su muerte. Bajo esa lógica, la familia de un directivo con un salario alto recibiría más que la de un trabajador con sueldo medio. Es el criterio que defiende una parte del análisis, y que en el caso de Fátima Bañez —cuyo salario anual se sitúa, según las informaciones citadas en el debate, en torno a 240.000 euros— arrojaría una indemnización muy superior a la del administrativo que iba en el mismo vagón.

En contra pesa el principio de igualdad: todas las vidas valen lo mismo, y el baremo existe precisamente para que el apellido o la nómina no decidan cuánto se paga por un muerto. La tensión entre ambos criterios no es nueva, pero el siniestro la ha puesto sobre la mesa con una crudeza incómoda. Mientras tanto, la asociación de víctimas denuncia que hay afectados sin cobrar desde hace diez meses, pagándose fisioterapia y rehabilitación de su bolsillo.

La sombra de la gestión y el relato oficial​

El foco no está solo en la cifra. También en quién la anuncia y en cómo se gestiona la culpa. La primera denuncia contra Puente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por divulgar conversaciones entre el centro de control y los maquinistas ha añadido leña al fuego. Para una parte de la opinión, aceptar el dinero equivale a legitimar que el Gobierno actuó de buena fe cuando, sostienen, se quiso culpar al controlador desde el primer minuto.

La desconfianza hacia el seguro se mezcla con la desconfianza hacia lo público. «Tenemos impuestos muy altos, servicios de mierda, y cuando las cosas van mal el Estado te cierra la puerta», resume una de las posturas más repetidas. Otra recuerda que el seguro de viaje va unido al billete y que, en teoría, debería cubrir el siniestro. En la práctica, la sensación dominante es que el ciudadano paga dos veces: como contribuyente y como pasajero.

Lo que el baremo no cubre​

Hay un detalle que se escapa de cualquier tabla: las secuelas. Quien queda con lesiones graves cobra entre 2.404 y 84.141 euros, una horquilla que puede no alcanzar ni para unos años de prótesis y rehabilitación. «Te deja vegetal y te da 84.000 euros, búscate la vida», resume el sentir de quienes ven en el baremo una forma de cerrar el expediente rápido y barato.

El resultado es una ecuación perversa: indemnizar rápido, indemnizar poco y esperar a que el tiempo y el cansancio hagan el resto. La cifra de 72.121 euros no es el final del debate, sino el principio de una pregunta más incómoda: si el Estado fuera el demandante, ¿aceptaría esa cantidad por la vida de uno de los suyos?

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