Resumen del debate: Partidos a favor o en contra de las ZBE

ZBE: quién las apoya, quién las frena y quién paga el patinete​

Un conductor con un coche viejo se topa con la misma contradicción en cada ciudad: no puede cruzar el centro, pero si abona un aparcamiento privado, el aire se limpia por arte de magia. Esa escena —la de pagar por contaminar en lugar de prohibir contaminar— resume la bronca política que rodea a las Zonas de Bajas Emisiones. La normativa europea que las exige no fija qué calles entran y cuáles quedan fuera: el ayuntamiento de turno puede incluir media ciudad o medio metro cuadrado. Ahí empieza el negocio y acaba la ideología.

Quién está a favor de las ZBE​

El PSOE defiende la implantación como parte del impulso a la movilidad sostenible y del cumplimiento de la normativa europea y la Ley de Cambio Climático. Desde sus filas se sostiene que rechazar estas zonas equivale a alinearse con el negacionismo climático y a perjudicar la salud pública. Sumar, Podemos y el resto de la izquierda apoyan el marco e incluso reclaman medidas más restrictivas, más control del tráfico y una apuesta más decidida por el transporte público. Los partidos regionalistas y nacionalistas —PNV, EH Bildu o Coalición Canaria en ciertos contextos— han respaldado ordenanzas reguladoras en municipios donde cogobiernan o apoyan medidas de sostenibilidad local, como ha ocurrido en votaciones de ayuntamientos vascos.

El PP y su doble discurso: ordenanza sí, multa no​

El Partido Popular ocupa la posición más incómoda y, a la vez, la más rentable. A nivel general defiende cumplir con las directrices de la Unión Europea y ha aprobado ordenanzas de ZBE en muchas de las capitales que gobierna, como Madrid, Málaga o Santander. En la práctica, eso sí, aboga por una aplicación flexible, por retrasar la normativa exigida o por suavizar restricciones y sanciones. En el Senado y en algunos parlamentos ha votado en contra de mociones del PSOE destinadas a blindar o fomentar estas zonas, y en municipios como Santa Cruz de Tenerife ha llegado a pedir la supresión de la obligatoriedad. Hay quien lo describe como un partido a dos aguas; otros, directamente, como un apoyo encubierto. La consecuencia es que el elector no sabe muy bien qué compra al votar.

VOX, el único que se opone sin matices​

VOX se presenta formalmente como el único partido que rechaza de manera categórica las ZBE en todas las instituciones: ayuntamientos, parlamentos regionales y Bruselas. Su discurso oficial las califica de restricción a la libertad de circulación, con afán recaudatorio mediante multas y con un castigo directo a trabajadores, familias y comerciantes que no pueden permitirse un vehículo eléctrico o con etiqueta ambiental. El partido batalla en los tribunales para tumbar estas ordenanzas —ha logrado suspensiones en capitales como Málaga e impugna en Cataluña— y exige su freno en los ayuntamientos donde forma coaliciones.

El coche viejo como casta: la queja que une a media España​

La crítica más repetida no es climática, es de clase. Se argumenta que un rico con un Tesla entra al centro sin problema y encima recibe ventajas de aparcamiento, mientras el que tiene un coche de más de una década se queda fuera. El argumento del aparcamiento privado como salvoconducto circula con retintín: pagar diez minutos de parquin permite recoger a alguien donde sin pagar te multan. La conclusión que se extrae es que la norma no mide emisiones, mide capacidad de pago. Y en ciudades medianas —Soria capital, por ejemplo— la queja se mezcla con la sensación de que se aplica igual un patrón pensado para grandes urbes.

El frente de los que no tienen coche​

Frente a ese relato hay otra corriente: quien vive en el centro y no tiene coche agradece que se limite la circulación, porque respira un aire menos viciado y la ciudad funciona. Desde esa óptica, el problema no son las ZBE sino el modelo de urbanización que obliga a cruzar media región en coche para ir a trabajar. El choque es de intereses materiales, no de siglas: el que aparca en la puerta contra el que pide acera libre. Y en medio, un detalle que descoloca: la norma europea no decide el mapa. Lo decide el concejal de turno. Ahí está el verdadero margen de negociación política, y casi nadie lo discute.