Resumen del debate: Los sueldos de los diputados son bajísimos

Los diputados cobran unos 65.000 euros y el debate sobre si es poco o mucho se rompe​

Un diputado raso percibe una asignación de unos 3.000 euros brutos al mes en 14 pagas, a lo que se suman dietas por alojamiento y manutención que en el caso de los elegidos fuera de Madrid superan el doble de las de los madrileños y van exentas de IRPF. Con complementos por cargos en la Mesa o portavocía, la cifra final puede rondar los 75.000-85.000 euros anuales, según un cálculo que circula en el debate. La pregunta que abre el melón no es si es mucho, sino si es suficiente para que alguien con capacidad real de gestión acepte el puesto.

El planteamiento de partida es incómodo: si se quiere captar a los mejores, un sueldo de 65.000 euros no compite con lo que gana un director de departamento en una empresa grande, que puede superar los 150.000, según sostiene un participante. La comparación con el gerente de un supermercado o el encargado de una cadena de comida rápida se repite como termómetro de lo absurdo del salario público. Y hay un matiz que enrarece el cálculo: las dietas y pluses cubren gastos que cualquier asalariado paga de su bolsillo, lo que distorsiona la comparación bruta.

Cuánto cobra realmente un diputado en España​

La estructura retributiva es más opaca de lo que parece. La asignación base es pública, pero las indemnizaciones por gastos no tributan y varían según la provincia de elección. A eso se añaden complementos por ocupar cargos en las comisiones, que sí tributan como salario. El resultado es que dos diputados con el mismo escaño pueden ingresar cantidades muy distintas según su origen y su puesto orgánico.

El cálculo completo, desglosado partida a partida entre asignación, dietas y complementos, arroja una horquilla que sorprende a quien solo mira el bruto mensual. La opacidad del sistema alimenta la sospecha: si el sueldo fuera tan malo, ¿por qué hay tanta competencia por estar en las listas?

El argumento de la corrupción: pagar bien para no ser sobornado​

La tesis clásica de la economía pública sostiene que un cargo mal pagado es un cargo vulnerable. Un juez, un notario o un mando policial con sueldo bajo tarda poco en aceptar un sobre. Extrapolado a la política, quien gestiona miles de millones y cobra como un mando intermedio tiene un incentivo perverso para compensar por la puerta de atrás.

En contra pesa el argumento contrario: si alguien necesita el sueldo para no corromperse, ya está corrompido. La gente válida, se dice, es la que lo haría sin interés personal en lucrarse. El problema es que esa gente válida y desinteresada es estadísticamente escasa, y los que no necesitan el sueldo suelen ser los que ya son ricos de antemano.

La comparación con el sector privado que nadie quiere mirar​

En España los sueldos de 100.000 euros no son la norma. Un director general puede cobrar 70.000, según un participante. La mayoría de los asalariados no alcanza esas cifras ni en sueños. Comparar el sueldo de un ministro con el CEO del Santander o de Telefónica es tramposo: esos directivos ganan cifras que no aparecen en ninguna nómina pública y negocian de tú a tú con el Gobierno.

El sector público español tiene una anomalía: para retener talento jurídico o técnico se recurre a consejos de empresas públicas y entes varios que complementan el sueldo funcionarial. Es una forma de pagar más sin subir el sueldo oficial. La trampa está en que ese complemento no siempre es transparente ni equitativo.

El problema de la vivienda en Madrid que se come el sueldo​

Un diputado de provincias que se traslada a Madrid se enfrenta a precios de vivienda que hacen irrelevante la dieta. La indemnización cubre gastos, pero no convierte el puesto en atractivo para alguien con familia y arraigo fuera de la capital. La consecuencia es un sesgo geográfico: los escaños tienden a ocuparse por quienes ya viven en Madrid o no tienen cargas que les aten.

El mismo problema afecta a los empleados públicos cualificados. Plazas de 45.000-55.000 euros en Madrid quedan desiertas porque, con impuestos e inflación, no compensan el coste de vida, según un participante. La función pública pierde capacidad de atracción en los puestos técnicos mientras los políticos siguen discutiendo sobre su propio sueldo.

Quién escribe las leyes y por qué importa su nómina​

Hay un detalle que se escapa en la discusión sobre cifras: los diputados no solo votan, también escriben las leyes. Un parlamentario sin formación jurídica ni económica depende de los asesores del partido y de los cuerpos técnicos. Si el sueldo no atrae a profesionales competentes, el resultado es un legislador que aprieta el botón que le indican.

La crítica a la partitocracia se mezcla aquí con la crítica salarial. El acceso a las listas está vetado por las cúpulas, así que el ciudadano no puede votar al ingeniero excepcional que gestionaría bien un ministerio, según sostiene un participante. El sueldo bajo no filtra talento: filtra obediencia.

El punto donde el análisis se atasca​

Subir el sueldo de los diputados es impopular y no garantiza nada. Bajarlo es aún más impopular y garantiza menos. La evidencia disponible no permite afirmar que un salario más alto atraiga automáticamente a los mejores, ni que el actual atraiga a los peores. Lo que sí se sabe es que el sistema de dietas opacas y complementos por cargos genera más sospecha que cualquier cifra oficial. Y que mientras el debate se queda en el bruto mensual, la estructura real de incentivos sigue sin tocarse.