Resumen del debate: Interior retira los escoltas a Pablo Iglesias, Irene Montero, Belarra y Garzón. Irene monta el pollo: "es violencia política contra las feministas"

Interior retira la escolta a cuatro ex altos cargos de Unidas Podemos​

Cuatro exministros del Gobierno de coalición se han quedado sin protección policial asignada por su responsabilidad institucional. El Ministerio del Interior ha retirado la escolta a Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, todos ellos procedentes del espacio de Unidas Podemos y titulares de carteras entre 2020 y 2023. La decisión convierte una cuestión administrativa de seguridad en un conflicto político de primer orden.

El segundo criterio que ordena el caso es la respuesta pública de cada uno, muy desigual. Iglesias habla de persecución política. Montero exige explicaciones y recuerda las amenazas que recibe. Belarra califica la medida de violencia política. Garzón mantiene un perfil bajo y reserva sus críticas al ámbito privado. En común, un malestar que rara vez se dice en voz alta: la convicción de que la seguridad deja de garantizarse igual según la trayectoria política de quien la recibe.

Quién paga la seguridad de un ex cargo​

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, puso cifras al malestar interno: criticó que se destinen agentes a cargos políticos mientras un solo policía atiende a más de cien víctimas de violencia de género con orden de protección en vigor. El argumento del sindicato no cuestiona la ley, cuestiona la asignación de recursos escasos.

En el otro platillo de la balanza pesa un dato que el propio departamento no discute: como eurodiputada, Montero dispone de una partida propia para costear su seguridad. Es decir, la retirada de la escolta ministerial no la deja necesariamente sin protección, sino que traslada la factura a otra administración. Ese matiz, que desactiva en parte el relato del desamparo, apenas ha circulado.

El blindaje de Marlaska y la ley de secretos oficiales​

La exigencia de explicaciones a Interior llega en plena tensión por el criterio con el que el departamento decide qué ex altos cargos conservan escolta y cuáles la pierden. El ministro Marlaska ha blindado ese criterio invocando la ley de secretos oficiales, lo que en la práctica cierra la puerta a conocer los parámetros aplicados. Un asunto de seguridad se gestiona, así, como un asunto opaco.

Hay quien sostiene que la retirada responde a un criterio técnico de evaluación de riesgos. En contra pesa el argumento de la arbitrariedad: si el criterio es objetivo, no se entiende por qué se invoca el secreto para no detallarlo. La comparación con otros ex presidentes, que mantienen dispositivos permanentes, alimenta la sospecha de doble rasero.

La respuesta de Montero: violencia política contra las feministas​

Montero ha enmarcado su caso en lo que describe como una violencia política sostenida contra las mujeres feministas en la vida pública, y ha advertido de que no piensa replegarse del espacio público pese a las amenazas. Es la lectura más política de las cuatro, y la que ha fijado el tono del enfrentamiento.

La discusión de fondo es otra: si la protección estatal debe vincularse al cargo que se ocupó o al riesgo real que se corre. Un exministro con amenazas documentadas y un exministro sin ellas no deberían recibir el mismo trato, ni en un sentido ni en el otro. El problema es que el criterio para medir ese riesgo sigue sin publicarse.

¿Qué protege exactamente el Estado cuando asigna una escolta, el cargo pasado o la amenaza presente? Con el criterio bajo secreto oficial, la pregunta se queda sin respuesta pública.