Resumen del debate: España, del top 25 al puesto 53 en libertad económica

España baja al puesto 53 de 184 en libertad económica​

España ya no es un Estado que garantice el orden en la calle ni la libertad económica de quien vive en ella. La afirmación, que suena a soflama de barra de bar, tiene detrás dos hechos concretos: el país se ha despeñado al puesto 53 de 184 en el Índice de Libertad Económica de 2026, y la Delegación del Gobierno en Madrid se niega a desalojar la Puerta del Sol alegando que prima el derecho de reunión. A partir de ahí el diagnóstico se dispara. De la anarco-tiranía al Estado fallido, cada cual elige etiqueta.

¿En qué puesto queda España en el Índice de Libertad Económica de 2026?​

En el 53 de 184, según el informe de la Fundación Heritage que publica el Instituto de Estudios Económicos y que recoge Libre Mercado. España llegó a figurar entre las 25 economías más libres del planeta; hoy arrastra desventajas en salud fiscal, facilidad para invertir e integridad gubernamental. El ranking es una foto, no una película, y las fotos se discuten.

Lo que no se discute es la dirección del movimiento. Hay quien lee el dato como consecuencia directa del intervencionismo del Ejecutivo; enfrente pesa el argumento de que este tipo de índices mide percepciones regulatorias y castiga modelos fiscales que otros países sostienen sin dramas. Ninguna de las dos lecturas explica por sí sola un descenso de esa magnitud, y el escalón exacto de la caída es lo que conviene mirar antes de sacar conclusiones.

¿Por qué no se desaloja la Puerta del Sol?​

Porque la Delegación del Gobierno entiende que en la plaza concurre un derecho de reunión que prevalece sobre la petición de desalojo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. La decisión ha encendido el argumento del doble rasero: se sostiene que a los concentrados en Sol se les deja estar mientras otras concentraciones, las de Ferraz, se recibieron con porras. Y se añade que en Ceuta la misma Administración alega trabas legales para devolver a quienes entraron de forma irregular.

El contraste no es solo político, es de criterio. Dos supuestos de ocupación del espacio público, dos respuestas opuestas. Quien defiende al Gobierno responde que no hay comparación posible entre una concentración política y un flujo migratorio, y que mezclarlos es hacer trampa argumental. El problema es que la trampa, si lo es, funciona electoralmente.

¿Cuánta soberanía legislativa le queda a España?​

Menos de la que sugiere el hemiciclo. Un cálculo repetido en la discusión cifra en el 70% las normas que afectan a la vida diaria y que salen de la Comisión Europea. Es una estimación que circula, no una estadística oficial, pero sirve para situar el malestar: la queja no es solo contra Madrid, sino contra Bruselas. La comparación con Hungría aparece enseguida. Si Orbán puede tensar la cuerda, la correlación de fuerzas deja de ser excusa.

La factura de la atención a migrantes: los 700 millones​

Un cálculo difundido en la discusión cifra en casi 700 millones de euros al año el coste asociado a la acogida y la tramitación de expedientes. Otra parte del debate sostiene que esa cantidad es marginal frente al conjunto del gasto público y que el problema no es la factura sino la gestión. Sin desglose oficial a mano, la cifra funciona más como consigna que como contabilidad, y así debería leerse.

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Con estos mimbres, la etiqueta de anarco-tiranía seguirá dando titulares: combina dos agravios que movilizan votos, el desorden percibido y la falta de libertad económica. Si el índice vuelve a empeorar y la plaza sigue sin despejarse, lo raro será que el asunto no acabe en los programas electorales. Aunque conviene no apostar el sueldo: los diagnósticos apocalípticos llevan décadas anunciándose sin fecha de caducidad.