Resumen del debate: Enchufes de INECO o TRAGSA copan ADIF. Mucha parte de la plantilla son enchufes sin rigor.

ADIF externaliza su plantilla en INECO y TRAGSA sin oposición de por medio​

ADIF gestiona la red ferroviaria española con una plantilla de 13.000 trabajadores propios. Pero una parte sustancial del personal que trabaja dentro de la empresa no es suyo: son empleados de INECO o TRAGSA, contratados sin haber pasado una oposición. El mecanismo, según el planteamiento que abre esta discusión, funciona como una ETT encubierta: se cubre el déficit de plantilla con personal externo, sin control sobre quién entra en esos procesos y con la sospecha de que los enchufes campan a sus anchas. La consecuencia, se argumenta, es que la empresa pública pierde capacidad de control sobre sus propios proyectos.

Encargos de proyectos a dedo y competencia excluida​

El segundo frente es el negocio. Los encargos de proyectos, controles y direcciones de obra van a parar a INECO sin que las ingenierías privadas puedan competir por ese trabajo. Es decir, una empresa pública del sector se queda con el pastel mientras el resto mira desde la barrera. Hay quien sostiene que esto no es un problema de mercado sino de diseño: si el Estado se encarga de que solo sus satélites administren el negocio, el resultado es el esperado. La Ley de Friedman, la del hijo, la que dice que todo lo que hace el Estado cuesta como mínimo el doble, se cita en este contexto no como dogma sino como diagnóstico.

El lavado de reputación: primero el enchufe, luego la oposición​

El recorrido descrito es circular. Se entra por INECO o TRAGSA, donde el enchufe se camufla. Después se convoca una oposición en la que el candidato interno arrastra puntos extra «porque tú lo vales». Y el aprobado final sirve de lavado de reputación. Cuando no se llega a ese extremo, una segunda entrevista resuelve el expediente: se contrata al deseado aunque otro haya hecho mejor examen. El resultado es que la meritocracia desaparece del proceso y el criterio de selección se convierte en la agenda de contactos.

El factor sindical y la endogamia de los puestos​

En el trasfondo aparece el peso de los sindicatos en la estructura de la empresa. Se describe ADIF como un espacio donde los puestos se asignan entre personas del mismo círculo, con la afiliación como mérito principal y los técnicos sustituidos por perfiles más políticos que técnicos. La endogamia no es exclusiva del sector público, se matiza: también ocurre en empresas privatizadas, donde los hijos de sindicalistas aterrizan en Metro, Telefónica o Endesa. El sindicato, en esta lectura, no solo cuesta dinero en subvenciones: coloca a los suyos.

El mantenimiento que no se hizo y los fondos europeos​

La conversación deriva hacia el dinero. Se apunta a 2021 como el año en que la degradación se hace visible, con una pregunta que queda sin respuesta: qué pasó en 2020, año de tráfico mínimo, cuando alguien pudo haberse llevado el presupuesto de mantenimiento sin ejecutar la obra. En el caso de Adamuz se describe un proyecto de renovación integral de vías que se ejecutó a trozos, y en una de esas juntas es donde saltó la soldadura. ¿Había funcionarios controlando la obra o había colegas? La gestión de los fondos europeos por parte de ADIF queda señalada como el elefante en la habitación que Bruselas quizá no ha visto.

La alternativa: privatizar o abrir los exámenes​

Las salidas que se plantean van en dos direcciones. Una es privatizar y dejar que el usuario pague solo el tren que coge, comparando la gestión de ADIF con la de AENA, que sale mal parada en el símil. La otra es más quirúrgica: exámenes de oposición públicos, con las notas a la vista de cualquiera, para que se compruebe que quien saca plaza la saca con conocimientos y no con padrino. Porque el problema de fondo, se concluye, no es que lo público sea malo por definición: es que se ha convertido en el cortijo donde colocan a los suyos.

¿Cuántas catástrofes ferroviarias hacen falta para que alguien audite la nómina real de ADIF?