Resumen del debate: El País habla de un plan de deportaciones masivas en España

Sellner prepara en España su instituto para deportaciones masivas​

¿Cuántos millones de personas habría que sacar de Europa para que la «remigración» dejara de ser un eslogan y se convirtiera en política pública? Martin Sellner, austríaco de 37 años, licenciado en Filosofía y con una condena adolescente por acciones neonazis, tiene una cifra en la cabeza y un plan para llevarla a los parlamentos. Su Instituto para la Remigración, con sede en Austria y una primera filial abierta este verano en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, quiere inaugurar su próxima sede en España, según explicó el propio ideólogo en una entrevista publicada por El País el 6 de noviembre de 2026.

El concepto que vende no es nuevo, pero sí su empaquetado: expulsar de la Unión Europea a «muchos, muchos millones de migrantes», retirar la ciudadanía a nacionalizados que no demuestren asimilación y devolverlos al país de origen. En su libro Remigración, una propuesta plantea sacar de Alemania a siete millones de extranjeros en 15 años y a varios millones de alemanes con raíces internacionales en tres décadas. El canciller Friedrich Merz calificó el término en septiembre como «sinónimo de limpieza étnica». Sellner lo niega y sostiene que su plan «no tiene nada que ver con matar a personas arbitrariamente ni expulsarlas de sus tierras por su origen étnico».

Qué busca Sellner en España y con quién habla​

El interés no es abstracto. En su despacho cuelga un mapa de la península Ibérica con las etapas de la Reconquista hasta el siglo XV. Su esperanza declarada es que «un próximo gobierno de derechas en España pueda ser más avanzado en materia de remigración», y lee señales en la crisis de Ceuta y en las banderas que dice haber visto en balcones de Málaga. Está elaborando un documento con propuestas concretas para España —con colaboradores cuya identidad no revela— centrado sobre todo en personas procedentes del continente africano y también en la comunidad latinoamericana.

Reconoce contacto con Vox y cita la participación de la diputada responsable de política migratoria, Rocío de Meer, en la Cumbre de Remigración que su instituto organizó en Oporto en mayo. El partido de Santiago Abascal afirmó el 11 de octubre que «la remigración, la desregulación y la prioridad nacional serán los ejes de Vox para el 29-N». La formación no ha detallado en el material publicado el alcance operativo de esa alianza ni qué medidas concretas llevaría al Congreso.

El precedente alemán: Sajonia-Anhalt como laboratorio​

La primera filial europea del instituto aterrizó en Sajonia-Anhalt poco antes de que AfD arrasara en los comicios generales de septiembre, y Sellner admite que un gobierno del partido en ese land beneficiaría su trabajo. Desde Die Linke, SPD y Los Verdes se ha pedido la ilegalización del centro: «Existen pruebas suficientes de que las propuestas inhumanas de remigración de Sellner atentan contra los pilares mismos de nuestra democracia», afirmó el portavoz de interior de Los Verdes, Marcel Emmerich, en declaraciones a Correctiv. La copresidenta de AfD, Alice Weidel, exigió en el pleno la deportación inmediata de un millón de extranjeros solicitantes de asilo.

El patrón se repite: un think tank, un partido en auge, un land como banco de pruebas y un salto a Bruselas. La pregunta es si el trasplante español funcionará igual. La diferencia es que aquí el partido al que mira Sellner ya tiene representación institucional y discurso migratorio propio, pero ningún gobierno autonómico con competencias directas sobre expulsiones.

El argumento económico que nadie cuantifica​

El eje del discurso de Sellner y de sus interlocutores españoles es el supuesto lastre económico de la inmigración. En el material no aparece ni una cifra que lo respalde: ni coste fiscal neto, ni aportación al PIB, ni tasa de ocupación comparada. La diputada de Vox difunde ese marco en sus intervenciones, pero el documento con las cifras concretas para España sigue en elaboración y sin publicar.

Hay quien sostiene que la presión sobre sanidad, vivienda e infraestructuras justifica un giro restrictivo; en contra pesa el argumento de que esos servicios están saturados por decisiones de inversión y no por el número de usuarios. El propio instituto reconoce que su plan solo tiene sentido si se adopta a escala europea. Y ahí se topa con el muro de siempre: la Comisión Europea no ha respaldado ninguna propuesta de expulsión masiva de nacionalizados.

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Al final, el gurú austríaco aterrizará en España con un mapa de la Reconquista en la pared, un informe sin cifras y la esperanza de que alguien con escaño le haga caso. Si no, siempre le quedará Sajonia-Anhalt.