Resumen del debate: El liberalismo permite acumular vivienda sin límite: caso Simeone

Simeone ya gestiona 180 pisos: el ladrillo como refugio del ahorro​

Ciento ochenta apartamentos. Siete edificios. Y una sociedad, Carpersim SL, que roza los 40 millones de euros en activos. La cartera inmobiliaria que Diego Pablo Simeone y Carla Pereyra han levantado en Madrid —destapada por un reportaje publicado en abril de 2026— no es una excentricidad de millonario: es la foto fija de lo que llevan años premiando unos tipos de interés aún bajos en perspectiva histórica y un marco fiscal que trata la vivienda como el mejor plan de pensiones disponible. El entrenador del Atlético compra pisos bien situados, los reforma y los alquila a estudiantes, ejecutivos y turistas de perfil medio-alto. Nada de lo que hace es ilegal. Y ahí arranca justo la discusión.

Qué dicen las cuentas de Carpersim SL​

Los números salen de los balances depositados en el Registro Mercantil. La compañía roza los 40 millones de euros en activos, con cerca de 13,8 millones contabilizados como inversiones inmobiliarias y más de 19 millones en inmovilizado material. El patrimonio neto, cercano a los 20 millones, lo ha aportado íntegramente la familia. La explotación está profesionalizada: buena parte de los apartamentos se comercializan a través de MyLocation, plataforma propia de alquiler, lo que permite controlar el producto de principio a fin. En 2024 la cifra de negocios —prácticamente toda rentas de alquiler— se triplicó respecto al ejercicio anterior y superó los 330.000 euros.

El proyecto sigue creciendo. En Tres Cantos ya se levantan dos edificios con 140 apartamentos, financiados con aportaciones familiares y crédito bancario. El plan, relatado por la propia Pereyra, era construir desde cero: pasar de gestionar unos pocos pisos para estudiantes a pilotar una estructura con 180 apartamentos y siete edificios. Un plan de jubilación de manual, solo que a una escala que ya compite con grupos especializados.

Por qué el dinero acaba en pisos y no en naves industriales​

El reproche no va contra el ladrillo en abstracto, sino contra el activo elegido. Simeone podía haber invertido en locales, en naves industriales, en terrenos agrícolas, en bolsa o financiando empresas emergentes. Eligió el único mercado donde su rentabilidad choca de frente con la necesidad básica de una familia media: el techo. Hay quien sostiene que no es un capricho, sino un cálculo: es donde el dinero rinde con menos sobresaltos y mejor tratamiento fiscal.

Sobre ese punto, la crítica más repetida no apunta al entrenador, sino al marco. Mientras acumular vivienda residencial siga teniendo ventajas fiscales y jurídicas, el capital hará lo que sabe hacer. El escenario más agrio que se maneja es de escala: si no se restringe nada, la concentración podría alcanzar la mitad del parque en cinco o seis décadas. Hoy los grandes tenedores —más de diez viviendas en propiedad— se estiman en torno al 10% del mercado del alquiler. El porcentaje es bajo porque el fenómeno es joven: hace cuatro décadas el concepto ni existía.

¿Bastaría con construir más vivienda para abaratar el alquiler?​

Aquí se rompe cualquier consenso. Para una parte del análisis el problema es de oferta: sobran trabas para edificar y faltan promociones. El argumento contrario sostiene que esa oferta nunca llega al comprador final. Si mañana se triplicase el número de edificios de obra nueva en Madrid, habría capital inversor suficiente para absorberlos, mantener los precios altos y dejar fuera a quien aspira a una sola vivienda. Construir mucho, en ese escenario, no abarata: engorda la cartera de quien ya tiene.

A eso se suma la seguridad jurídica. Con la vía de desalojo complicada cuando el inquilino deja de pagar, una parte del parque deja directamente de ofrecerse. Y luego está la letra pequeña de licencias, plazos y costes de obra, que nadie discute y todos citan como freno.

Cuánto renta de verdad un piso en alquiler​

El dato que ordena la discusión es la rentabilidad. Un piso de 600.000 euros alquilado por 600 euros al mes da un 1% bruto: ahí no entra nadie. El rendimiento habitual del alquiler residencial se mueve entre el 6% y el 7% bruto, según los cálculos que se manejan en el sector. Con esas cifras el negocio no es un pelotazo, sino una máquina de hacer caja despacio y con muchos dolores de cabeza de gestión.

Pero existen excepciones que lo cambian todo: comprar en zonas que todavía no se han revalorizado. El caso concreto que se pone sobre la mesa —75.000 euros de compra, 850 de alquiler mensual, venta hoy por 110.000— arroja un 10% neto y un 30% anual contando plusvalía. La aritmética completa, desglosada partida a partida entre impuestos, comunidad y seguros, es lo que explica por qué el dinero institucional sigue entrando en vivienda.

El elefante: demanda, vivienda vacía y grandes tenedores​

Madrid recibe del orden de 100.000 personas nuevas al año desde 2012-2013, según las cifras que se citan. Ese caudal tensiona un parque que no crece al mismo ritmo. Sobre las 300.000 viviendas vacías que se contabilizaban en la capital hace quince años hay dos lecturas enfrentadas: que eran ruinas sin rehabilitar cuyo arreglo cuesta cientos de miles de euros, o que existía un ejército de propietarios dispuestos a dejarlas pudrir antes que alquilarlas. Ninguna de las dos se ha demostrado con la contundencia que reclaman sus defensores.

Lo que sí está sobre la mesa son las propuestas: límites al número de propiedades según la titularidad —nacionales, extranjeros o sociedades—, revisión de desgravaciones y subvenciones, e impuestos que reduzcan la rentabilidad del alquiler. A eso se añaden, en el mismo paquete, más construcción y vivienda protegida con precio regulado indefinidamente. Nadie promete que baste.

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¿Cuánto de todo esto es un entrenador con olfato para el ladrillo y cuánto un sistema que convierte la vivienda en el activo más rentable y menos castigado? Lo primero se arregla, si acaso, en el césped. Lo segundo se arregla legislando, y de momento nadie ha presentado la fórmula que contente a la vez al casero, al inquilino y a la caja del Estado.