Resumen del debate: El Gobierno se enfrenta a un delito de desobediencia por no identificar a los nacionalizados con la Ley de Nietos

El Supremo aprieta al Gobierno por la lista de la Ley de Nietos​

¿Cuántas personas se han nacionalizado por la puerta de atrás y cuántas de ellas van a votar? El Tribunal Supremo lleva preguntándolo desde septiembre y la respuesta sigue sin llegar. La Sala Tercera ha dado un ultimátum: cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para entregar la relación de los 163.020 nacionalizados bajo la Ley de Nietos, con apercibimiento de multas y posible delito de desobediencia. La Sección Cuarta ya advirtió por escrito que se había «obviado por completo» la orden recibida. Traducción: ni con la administración electrónica de la que tanto presume el Ejecutivo llega la información cuando no interesa.

Qué pidió el Supremo y qué ha recibido​

El origen es una medida cautelar que mantiene la suspensión de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad pero seguían pendientes del trámite. A los ya inscritos, se les suspendía el derecho a voto. Para aplicar semejante freno, el Alto Tribunal necesita saber a quién afecta. Y ahí se atasca todo.

La instrucción de Sofía Puente en la Ley de Nietos se solicitó en septiembre. Diez días antes de este último toque de atención, la Sala Tercera acordaba mantener las cautelares y criticaba con dureza a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral por no trasladar la información. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que el incumplimiento podría encajar en un presunto delito de desobediencia, con el ministro de Asuntos Exteriores en el punto de mira por su dependencia orgánica de las oficinas consulares.

El pucherazo que se cuece a fuego lento​

La conversación no se queda en el plano procesal. Hay quien describe una estrategia de dilación deliberada: dejar pasar el calendario hasta que la vía sea la impugnación a posteriori, con el Constitucional como última red si la suma estimada permite sostener el Gobierno. Si la diferencia es demasiado grande, el plan B sería otro: fuego en la calle, huelgas y boicot administrativo a las normas del Ejecutivo entrante. Es la lectura más pesimista, y circula con insistencia.

El cálculo que más revuelo levanta tiene nombre y apellidos: el cónsul en Rosario, Pablo Platas, habría regalado 80.000 pasaportes al margen del exilio exigido por la Ley de Memoria. La cifra, difundida como denuncia, no está confirmada oficialmente y conviene tratarla como lo que es: una acusación que pide verificación. Lo que sí está sobre la mesa es el volumen global de 163.020 expedientes que el Supremo reclama.

Del censo al recuento: el 29N en el punto de mira​

La sombra del calendario electoral lo impregna todo. A menos de 40 días del 29N, la atención se desplaza a quién procesa el recuento provisional: Indra, con el Estado como primer accionista a través de la SEPI. Para una parte del análisis, ese detalle basta para desconfiar de todo el proceso. Para otra, es simple rutina administrativa que se convierte en arma política cuando conviene.

La comparación con Venezuela aparece una y otra vez. También la sospecha de que el censo se ha inflado con nacionalizaciones cuyo fin real sería el acceso a la sanidad gratuita, según el testimonio de un trabajador consular en México. Son afirmaciones que circulan sin contraste y que el propio Supremo, de momento, no ha validado: solo ha pedido papeles. Y los papeles no llegan.

La responsabilidad penal, uno a uno​

En lo jurídico, la discusión se afina: la responsabilidad penal no es colectiva, es individual. Eso no impide identificar a los responsables y exigírsela. El problema es que en España, como resume el sentir general, nadie acaba en la cárcel por esto. El precedente de la gestión pandémica pesa: si entonces no cayó nadie, por qué iba a caer alguien ahora.

El relato oficial guarda silencio. El Supremo ha puesto fecha. Y el Gobierno, de momento, silba.

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Este artículo se basa en informaciones publicadas y en el estado del procedimiento a la fecha de la discusión. Las acusaciones sobre personas concretas no constituyen hechos probados.