Resumen del debate: Arde un garaje de coches eléctricos en Santander

Un eléctrico arde en un garaje y obliga a apuntalar el edificio​

Un coche eléctrico de la empresa de movilidad Guppy se incendió en un garaje comunitario. El fuego se propagó al vehículo contiguo, los vecinos pasaron la noche en un albergue y el edificio tuvo que ser apuntalado de urgencia ante posibles daños estructurales causados por las altas temperaturas. El caso, difundido por medios especializados en movilidad, ha reabierto el debate sobre los riesgos de las baterías de litio en aparcamientos cerrados y sobre quién asume el coste cuando el siniestro no es un accidente de circulación.

Qué se quema cuando arde una batería en un garaje comunitario​

El patrón se repite. Un vehículo enchufado o estacionado en un recinto cerrado, una celda que se degrada, un incendio que no se apaga con agua ni con extintor convencional. En este caso, el fuego pasó de un coche al de al lado y la temperatura comprometió la estructura. Los bomberos no entran a cualquier precio en un garaje con baterías de litio ardiendo: el riesgo de deflagración y de reignición durante horas cambia por completo el protocolo.

La consecuencia no es solo el coche calcinado. Según se relata en el caso, el edificio quedó apuntalado, los vecinos fueron desalojados a un albergue y las vigas de acero —a 600 grados se convierten en flanes, apunta un análisis— quedaron comprometidas. A eso se suma el hollín en viviendas, persianas y fachadas. La factura del siniestro se dispara muy por encima del valor del vehículo.

Quién paga el incendio de un coche eléctrico en un garaje comunitario​

Aquí empieza el laberinto. El seguro del coche puede alegar que el siniestro no deriva de la circulación. El seguro del edificio puede escudarse en que no se comunicó la instalación de un punto de recarga ni la presencia de vehículos con un riesgo distinto al previsto. El fabricante del coche culpa a la batería; el de la batería, al cargador o a un golpe no reparado. El resultado, según se advierte, pueden ser años de litigio sin indemnización efectiva.

La pregunta que sobrevuela es quién responde por las reparaciones estructurales. ¿Se hace cargo el seguro del vehículo, el de la comunidad, el fabricante o nadie? Mientras se dirime, los vecinos siguen pagando hipoteca, comunidad e IBI de un inmueble apuntalado.

Se puede prohibir cargar un coche eléctrico en un garaje comunitario​

La respuesta corta es que no es sencillo. La normativa de propiedad horizontal y el derecho a la instalación de puntos de recarga limitan la capacidad de la comunidad para vetar el cargador. Solo en edificios muy antiguos, con cuadros de contadores obsoletos y cableado incapaz de soportar la demanda adicional, cabe bloquear la instalación por riesgo de sobrecalentamiento, y aun así el propietario puede exigir la actualización del cuadro. El bloqueo, cuando se logra, es temporal.

Hay quien sostiene que la solución pasa por exigir refuerzos estructurales y protocolos de seguridad específicos en garajes con recarga, y quien recuerda que los vehículos de combustión también arden, aunque con otra cinética y otro modo de extinción. La diferencia, en este caso, es el rastro económico: un incendio de batería puede dejar un edificio apuntalado y a decenas de familias fuera de casa.

El coche eléctrico, ¿a medio inventar?​

El escepticismo no es nuevo. Hay quien recuerda que el vehículo eléctrico lleva más de un siglo en desarrollo y sigue arrastrando problemas de seguridad, autonomía y coste. Frente a esa postura, la adopción avanza por obligación regulatoria más que por convicción técnica. Y en medio, los híbridos de marcas con décadas de rodaje se presentan como el refugio prudente.

El caso no cierra el debate: lo abre. ¿Cuántos garajes comunitarios están preparados para convivir con baterías de litio? ¿Quién audita la instalación, la degradación de las celdas y la respuesta de los seguros? Mientras las respuestas llegan, los vecinos de ese edificio siguen fuera de casa.